Desde que la Xunta empezó a dar, el otoño del año pasado, píldoras de información sobre sus planes para lograr dinero de los fondos de recuperación europeos, los Next Generation, uno de los proyectos destacados como “tractores” por el equipo de Alberto Núñez Feijóo es el de transformar la madera del monte gallego en fibra textil para confeccionar ropa. Con el objetivo declarado de impulsar las propuestas, el gobierno gallego puso en marcha en abril una sociedad público-privada, denominada Impulsa Galicia, que acaba de anunciar su primera decisión: el socio empresarial para la iniciativa es una compañía de fuera de la comunidad: la portuguesa Altri, dedicada a la celulosa y competidora de Ence.
Impulsa Galicia ha comunicado que tiene un acuerdo con la empresa lusa para que sea la inversora y tecnóloga en la producción de 200.000 toneladas anuales de fibras textiles de origen vegetal usando árboles gallegos. La pastera se compromete a costear el diseño y desarrollo de la iniciativa con el fin de pilotar las siguientes fases del proyecto y “explorará alianzas” con toda la cadena de valor del sector gallego.
El proyecto, que aspira a fondos europeos, supone una inversión de unos 800 millones de euros, según los datos de la Xunta. Lo que no se conoce es dónde estarán ubicadas las instalaciones necesarias para sacar adelante estos planes. Sí hay promesas en cuanto al empleo: 1.500 empleos directos y 6.500 indirectos, de acuerdo con Impulsa Galicia, sociedad en la que están representadas Abanca y Reganosa.
“Desarrollamos una idea innovadora, la convertimos en un proyecto tractor y le encontramos tecnólogo e inversor para que prospere fuera de nuestro paraguas”, ha defendido la directora general de Impulsa, Enyd López.
El anuncio llega en un momento en el que el Gobierno gallego acaba de aprobar la primera revisión de su Plan Forestal, que mantiene una visión empresarial del monte gallego y prevé que las talas se incrementen un 33% para 2040. Todo ello con el telón de fondo de una fábrica de celulosa, la de Ence en la ría de Pontevedra, cuya continuidad está en cuestión. La Audiencia Nacional anuló en julio la prórroga de la concesión que le dio el gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Su futuro se diluye con el rechazo de la empresa a trasladarse a otro emplazamiento, que ha provocado variaciones en la postura de la Xunra: el PP gallego llevaba en su programa electoral el traslado de la fábrica dentro de Galicia, una idea posteriormente olvidada y retomada el pasado mes de abril por Feijóo. Desde que se conoció la decisión de la Justicia, sin embargo, el Gobierno autonómico ha hecho una defensa cerrada de la ubicación actual sobre la ría.