El Constitucional da permiso a Feijóo para limitar derechos fundamentales apoyado en su legislación autonómica

Solo unos días después de declarar ilegal el confinamiento acordado por Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional acaba de dar permiso para que Alberto Núñez Feijóo pueda limitar derechos fundamentales apoyado en una ley autonómica. La Lei galega de Saúde fue aprobada en solitario por el Partido Popular, sirviéndose de su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia a finales del pasado mes de febrero. El Gobierno de Pedro Sánchez la recurrió al Constitucional, provocando la suspensión temporal de la norma, pero ahora los magistrados han revisado aquella suspensión y devuelven a Feijóo casi todos los permisos que el Gobierno le había arrebatado. Solo se mantiene la suspensión del precepto que abría la mano a la vacunación obligatoria de la población. Recuperan vigencia y plena legalidad los artículos que habilitan al Gobierno gallego para limitar la movilidad o las reuniones de los gallegos o cualquier otro ciudadano español que resida en Galicia.

La revisión se produce para evitar que caduque la primera suspensión, algo que sucede a los cinco meses de haber sido dictada. En abril el Gobierno frenó en seco las intenciones legislativas de Feijóo y en aquel momento el Constitucional no tenía más remedio que atender todos los requerimientos de Moncloa. La ley, sin embargo, permite a los magistrados del órgano de garantías meter baza cuando lo que se plantea es la renovación de una suspensión. Así lo han hecho para darle al presidente gallego poderes por encima de su ámbito competencial.

La decisión del Constitucional ha sido adoptada por unanimidad, tal y como recoge el auto que el organismo ha publicado en su página web. Sin embargo, el acuerdo se ha producido en un momento de máxima tensión entre los magistrados, más pendientes de sus peleas internas que de un asunto que han acabado resolviendo por vía telemática, tras el plante de seis magistrados conservadores que decidieron no acudir al pleno en el que se debatía el asunto.

Se trata de una decisión que no resuelve el fondo, a la espera de sentencia definitiva, pero que sí devuelve a Feijóo plenos poderes para limitar derechos como el de reunión o establecer confinamientos motivados por razones sanitarias. El ponente del auto ha sido el magistrado conservador Andrés Ollero, que ha considerado que los argumentos de la Abogacía del Estado carecían del peso suficiente para que la prórroga a la suspensión de la ley antipandemia del PP gallego se acordase en los mismos términos que en el pasado mes de abril.

La defensa de una ley para controlar la pandemia ha sido el eje del discurso político con el que los populares han ejercido el desgaste al Gobierno durante la crisis del coronavirus. Ahora, Feijóo vuelve a conseguir tener su ley prácticamente intacta tras fracasar las negociaciones emprendidas entre la Xunta y el Gobierno central para encontrar un punto de acuerdo sobre los artículos más restrictivos de la norma. Que el Constitucional siga negando el derecho de la Xunta a convertir la vacunación en obligatoria es algo que apenas preocupa al barón gallego del PP, que lleva meses diciendo que esa parte de su norma o estaba mal redactada o se había entendido mal. En cuanto al resto, la Abogacía del Estado considera que no se puede permitir a un presidente autonómico tener la llave de los derechos constitucionales sin estar obligado a consultar a un juez. El ponente del auto discrepa y aclara que nada impide al Gobierno gallego seguir buscando el refrendo judicial cada vez que acuerden una medida que limite derechos constitucionales.

Sea como fuere, el Constitucional abre la mano ahora para que un Gobierno autonómico pueda limitar los derechos civiles de sus ciudadanos tras calificar como ilegal que el Gobierno central hiciera lo propio sobre el apoyo de un estado de alarma respaldado por la mayoría del Congreso. Donde el Constitucional dijo que Pedro Sánchez no, ahora dice que Feijóo sí.