El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de la Xunta de Galicia contra la ley estatal de cambio climático. La norma, aprobada en mayo del pasado año, limita a 75 años las concesiones en dominio público marítimo terrestre. Es el caso de la polémica pastera que Ence mantiene en la ría de Pontevedra. El Gobierno gallego, todavía con Núñez Feijóo a la cabeza, hizo de esta legislación motivo de batalla contra el Ejecutivo central. Según su versión, no solo obliga a cerrar la discutida factoría, sino también conserveras o depuradoras de marisco, además de afectar a viviendas. En febrero, anunció el recurso ante el Constitucional que ahora ha sido desestimado.
La acción judicial de la Xunta se dirigía en concreto contra el artículo 20 de la mencionada ley. Este persigue “incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática” e “integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española”. Para ello, remite a la gestión de los títulos de ocupación de dominio público marítimo terrestre y sus prórrogas ya establecidos en las leyes 22/1988 de Costas y 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Es en al artículo 93 de esta última en el que figura el tope de 75 años, prórrogas incluidas, para concesiones sobre bienes de dominio público.
El artículo 20 de la norma recurrida por la Xunta implica así para el caso de ENCE, empresa cuyos intereses también defiende con ahínco el Gobierno del sustituto de Feijóo, Alfonso Rueda, que su actual ubicación no podrá extenderse más allá de 2033. El primer permiso de ocupación data de 1958, en plena dictadura. En 2021, la Audiencia Nacional tumbó una prórroga hasta 2073 concedida por el gabinete de Mariano Rajoy en 2016, cuando se encontraba en funciones. ENCE ha recurrido esa sentencia ante el Supremo, pero todavía no hay respuesta.
Para argumentar en su día el recurso ante el Constitucional ahora desestimado, Feijóo habló de “gran confusión normativa” y “grandes dudas”, y de “empresas amenazadas en su viabilidad”. El BNG también reclamó que la ley excluyese las compañías dedicadas a acuicultura y otras actividades sostenibles.
Nota aclaratoria: cuatro días después de la publicación de esta información, Ence ha enviado un comunicado en el que asegura que la Ley de Cambio Climático “no afecta a la prórroga extraordinaria de la concesión” de la factoría ya que, añade, “la duración de dicha prórroga está regulada, de forma excepcional y diferenciadora, por el artículo 2 de la Ley 2/2013 y, además, fue otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley”. Según la compañía, la Ley de Cambio Climático “es clara en cuanto a la no reatroactividad de sus efectos a aquellas concesiones y prórrogas autorizadas con anterioridad a su entrada en vigo”.