El Tribunal Constitucional ha decidido avalar la ley gallega del litoral aprobada en julio del año pasado. Según informa el tribunal en un comunicado, el pleno ha decidido de forma unánime rechazar el recurso que el Gobierno central había presentado contra varios artículos de la norma, aprobada en el parlamento gallego con la abstención de BNG y PSOE.
El ejecutivo central entendía que varias decenas de artículos de la ley gallega reducían la protección del litoral, “alteran y quebrantan el dominio público marítimo terrestre” del Estado y atribuyen a la Xunta competencias que considera “no previstas en su propio Estatuto de Autonomía”. El Constitucional rechaza, por ejemplo, que Galicia deba modificar su Estatuto de Autonomía para “otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del demanio”.
El pleno declara inconstitucionales dos puntos de la norma: el que permite que el tratamiento de aguas residuales pueda ocupar el dominio público marítimo-terrestre así como el trato privilegiado que otorga a las embarcaciones gallegas frente al resto.
La decisión del Constitucional supone la primera gran victoria de Alfonso Rueda frente a Moncloa en un conflicto de competencias. El presidente de la Xunta lleva meses clamando contra la falta de diálogo que atribuye el Ministerio para la Transición Ecológica y no ha tardado en calificar la decisión como un éxito de su ejecutivo que permitirá a Galicia “ordenar su costa y su riqueza”.
El conflicto entre la Xunta y el Gobierno central en el Tribunal Constitucional provocó la suspensión cautelar de la norma gallega, que ahora volverá a tener vigencia en 70 de los 72 preceptos impugnados. La tensión generada en torno a este recurso llevó al Gobierno gallego, tras las elecciones del 18 de febrero, a poner en marcha una Dirección General de Asuntos Constitucionales, con la tarea de liderar las peleas competenciales con el Gobierno central en materia de competencias. La primera batalla tiene un ganador: el Partido Popular de Galicia y Alfonso Rueda.