El pleno municipal de A Coruña aprobó este lunes el proyecto de Renta Social Municipal propuesto por el Gobierno local, una prestación dirigida a las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a la renta autonómica de inserción (RISGA) y que va acompañada de itinerarios de inclusión social a cargo de los servicios sociales municipales. Este jueves, una iniciativa similar será votada (y, previsiblemente, aprobada) en Santiago de Compostela.
Ambas prestaciones son pioneras en el Estado y se anticipan a propuestas parecidas que preparan otras ciudades, como Barcelona. La particularidad de estas ayudas, a partir de los 532 euros mensuales (ampliables en función de los integrantes del núcleo familiar), es que se dirigen a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que (por tener algún ingreso) no pueden cobrar las rentas de inserción. Nuevas situaciones de pobreza que afectan también a personas con empleos precarios, intermitentes o a tiempo parcial.
En A Coruña, la ordenanza que regula esta propuesta fue aprobada con los votos a favor de Marea Atlántica y PSOE, mientras que PP y BNG se abstuvieron, aunque también este grupo saludó la aprobación de la renta y centró sus críticas en algunos aspectos técnicos. Por el grupo municipal socialista, Silvia Longueira también señaló algunos puntos que le gustaría mejorar, pero ofreció “un voto de confianza a un proyecto necesario” pues “muchas personas esperan esta herramienta”.
El alcalde Xulio Ferreiro destacó que la norma es “una de esas políticas que retratan a un gobierno municipal”, una “política para un tiempo histórico”. “La renta social municipal combate una de las grandes pandemias de nuestra época: la desigualdad creciente, que también afecta, y mucho, a nuestra ciudad”, añadió. El regidor destacó asimismo el carácter dialogado de la ordenanza, en la que han participado todos los grupos políticos presentes en la corporación y las entidades sociales de la ciudad: “Es, posiblemente, el proyecto más querido de este Gobierno municipal, pero hoy ya no es sólo un proyecto de este Gobierno”. Ferreiro señaló que la renta significará “una oportunidad” para las mil familias coruñesas a las que llegará este año, “una oportunidad para ganar autonomía y construir una vida propia, que es lo que todas y todos merecemos y lo que todas y todos queremos para nosotros y nuestra gente”.
La Renta Social Municipal era uno de los puntos del programa electoral de 99 propuestas presentado por Marea Atlántica y, sin duda, uno de los más importantes. Casualmente, la prestación se ha aprobado justo en el día que se celebraba el primer aniversario de la toma de posesión de Ferreiro como alcalde de la ciudad. Aunque ya había sido debatida y presentada hace meses, su aplicación estaba pendiente de la entrada en vigor de un decreto de la Xunta que define la cartera de servicios sociales y prestaciones de inclusión. Esta herramienta, que asegura la coordinación de la RISGA con la renta municipal, permite también que esta ayuda se pueda ofrecer como prestación, y no simplemente como el pago de unos determinados gastos (alquiler, luz, alimentación) que la persona beneficiaria estaría obligada a justificar factura a factura.
La cuantía máxima de la ayuda será el 100% del IPREM (532,51 euros) para unidades de convivencia de un único miembro e irá aumentando en 20 puntos porcentuales por cada persona adicional, hasta un máximo del 200% del IPREM. Todo por un periodo de 6 meses prorrogable hasta 18. Podrán acceder a ella aquellas personas cuyos ingresos no alcancen esa cantidad mínima de 532 euros. En el caso de que sí cuenten con algún ingreso, la renta municipal lo complementará hasta llegar a ese límite. El Ayuntamiento, que ha reservado 2.1 millones de euros en los presupuestos para esta partida (que incrementará a 3 millones en 2017), prevé contratar a once nuevos trabajadores y trabajadoras sociales, que complementarán con su aportación profesional el esfuerzo económico realizado con esta acción, que se prevé que dará cobertura a cerca de 1.000 familias en la ciudad este año.
El jueves, Santiago
El jueves será el turno de Santiago, que también llevará al pleno su propuesta. Su Renta Municipal de Garantía Básica tiene una cuantía parecida (va desde los 532,51 euros mensuales hasta los 798,58, en función del número de personas al cargo de la solicitante) y se concede por un periodo de 12 meses prorrogables a 24 según informe de servicios sociales.
Sin embargo, la ordenanza va más allá e incorpora una serie de cinco prestaciones de rescate social “de carácter extraordinario y puntual”. Estas ayudas para situaciones de urgencia servirán para cubrir necesidades básicas (alimentación, vestido, alojamiento...) o para paliar la pobreza energética y colaborar con la equipación básica de vivienda. Hay también prestaciones complementarias a las dependencias o discapacidades. Además, se incorpora una nueva ayuda para el fomento del derecho a la educación para estudios post-obligatorios y una prestación para salud bucodental. El Gobierno local de Santago espera que la ordenanza “pueda servir de referencia para otros ayuntamientos del país y del conjunto del Estado”.
Las rentas municipales, herramienta contra los nuevos tipos de pobreza
Ambas prestaciones quieren ser un complemento a la renta autonómica de inserción que actualmente funciona en Galicia (RISGA), con el objetivo de dar respuesta a todas las modalidades de pobreza. Xosé Cuns, de la Red Gallega de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Galicia), destaca en este sentido que “los recientes datos del INE demuestran que hay un aumento de la pobreza relativa y todavía un número muy elevado de personas con carencia material severa y en situaciones de exclusión”, dice. Y explica que “las actuales ayudas autonómica y estatal no cubren los nuevos perfiles de personas que están entrando en estas situaciones: personas que tienen alguna renta, pero que no llegan al mínimo necesario para una vida digna, y que no pueden acceder a la RISGA, porque esta ayuda sólo se dirige a las personas que carecen totalmente de ingresos”.
Para Cuns, “los ayuntamientos tienen que actuar ante esta situación de emergencia”. “Eso sí, la administración central y autonómica también deben poner en marcha medidas, porque de otro modo habrá en Galicia 312 ayuntamientos en los que la población se quedará desprotegida”, añade. Hace hincapié, en todo caso, en la necesidad de que exista “una coordinación con la RISGA y con sus procedimientos de inclusión, como parece que sí va a suceder, para evitar que vaya cada uno por su lado”. “La coordinación debe notarse en que reducimos los plazos de resolución y en que evitamos el peregrinaje de miseria que en la actualidad obligamos a hacer a 600 mil personas en Galicia, de mostrador en mostrador”, dice. Estas personas deben dedicarse a intentar conseguir su inclusión social y no a preocuparse de conseguir el siguiente certificado“, añade.
De igual manera, Marta Capeáns, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia (COTSG), destaca que “la pobreza ya no se da solamente ni en la exclusión social ni en el paro. Ahora hay familias que aún trabajando tienen contratos precarios y salarios reducidos con los que no consiguen hacer frente a sus gastos”. “Lo más importante de la iniciativa de los ayuntamientos es poder dar cobertura a estos nuevos pobres que antes no existían, que antes eran clase media”, añade. “Tiene mucho mérito que desde los ayuntamientos, que están mucho más limitados presupuestariamente, apuesten por una renta de este tipo, con cuantías además muy importantes”, dice.
Capeáns subraya en todo caso que “esta renta tiene que tener una segunda parte, que debe estar bien definida: tiene que llevar aparejado un gran trabajo profesional”. “Los meses de duración de las ayudas tienen que servir para poner a funcionar otros mecanismos y personal que esté capacitado para ayudar a esas familias a salir de esa situación”, destaca.