La casa de la que es propietaria Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, en el municipio pontevedrés de Moaña tiene, dentro del cierre levantado a su alrededor, unos terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre, que dan acceso directo a la playa, y que ahora el Estado quiere recuperar para uso público. El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra ha abierto un expediente con este fin tras constatar “la imposibilidad física de acceder a una porción de aproximadamente 201 metros cuadrados” en el arenal de O Con, según adelantó el diario Praza.gal.
En torno a los terrenos que rodean la casa está levantado un muro que incluye esos terrenos de dominio público marítimo terrestre, de modo que no se puede acceder a ellos. El inmueble es usado con frecuencia por el líder del PP español cuando visita Galicia, pero pertenece a su pareja, que adquirió la propiedad cuando ese cierre estaba hecho. Recientemente, añade el mismo periódico, sí intervino en la zona con una renovación de la puerta que da acceso directo a la playa, que ahora tiene los mismos acabados que el resto de elementos de la vivienda.
La información, en la que se cita que se pidió una valoración a una portavoz de Feijóo, pero no ha habido respuesta. El anuncio sobre el expediente se publicó el martes 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. El texto indica que que los terrenos de dominio público marítimo terrestre son inaccesibles porque un muro transversal de bloques de hormigón de unos cinco metros y medio de largo en el nordeste y un muro de contención en el sur lo impiden. Añade que ahí hay “una puerta de acceso cerrada”.
El área es una franja de unos 25 metros de largo por unos ocho de ancho que sube desde la playa de O Con al terreno privado que rodea la casa adquirida por Cárdenas en 2019. Costas ha iniciado trámites similares en otros puntos del litoral gallego en los que construcciones antiguas invaden terrenos públicos. En el caso de la vivienda comprada por la pareja de Feijóo, Praza.gal cita a fuentes conocedoras de la situación que indican que el cierre que impide el acceso al terreno público y la puerta se levantaron mucho antes de que se aprobase el deslinde marítimo terrestre, en 2007. Cita también fuentes de Costas para explicar que en el terreno pudo haber derechos transitorios tras el deslinde, pero se renunció después a ellos y por eso se ha tomado la decisión de recuperar la posesión. Ahora se abre un plazo de ocho días para que cualquier persona interesada alegue.