El grifo del crédito sigue atascado en Galicia mientras se venden los restos de las cajas de ahorro
En el último debate de política general, en marzo de 2012, Alberto Núñez Feijóo mostraba su alegría por poder acompasar su gestión a la del nuevo Gobierno central del PP, un Ejecutivo que, exaltaba, acababa de realizar una “reforma financera” que establecía “un marco estable para poder devolver el crédito a los canales de la economía”. Desde la tribuna parlamentaria, el presidente afirmaba que, en el caso gallego, “seguimos en pie en la segunda reestructuración financiera, aunque les pese a muchos”. Por eso hacía votos para “volver a resistir” y “mantener una entidad financiera con centros de decisión en Galicia”. Si Novagalicia Banco se “capitalizaba” y cumplía el “objetivo fundamental, que es facilitarles a los emprendedores y a las familias gallegas el crédito, la Xunta estará con ellos”. Un año y medio después, el célebre grifo del crédito está aún más atascado que entonces.
Más allá de lemas o anuncios oficiales, los datos oficiales del Banco de España muestran que, en el momento en que Feijóo pronunciaba estas palabras, a finales del primer trimestre de 2012, la ciudadanía gallega manejaba un total de 63.403 millones de euros en créditos procedentes de las diferentes entidades financieras. Cuando el líder de la derecha vuelva a acceder a la tribuna el próximo martes, estos mismos datos muestran que el crédito en Galicia ha caído desde entonces un 16,21%, situándose al cierre del segundo trimestre de 2013 –último dato disponible– en 53.123 millones. Esto ocurre, además, en una coyuntura en la que Galicia ya tiene depositado más dinero en los bancos del que recibe prestado, convirtiéndose en suministradora neta de crédito para el resto del Estado.
¿Y lo que quedaba de las antiguas cajas? Pocos meses después de la celebración de dicho debate parlamentario, comenzaba a clarificarse lo que era un secreto a voces: Novagalicia Banco, entidad heredera de las difuntas Caixa Galicia y Caixanova, sería vendida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El ente estatal pasó a controlar la totalidad del banco tras valorarlo en -3.091 millones de euros, mientras que los inversores particulares que la Xunta había contribuido a captar perdieron los 70 millones de euros que habían invertido y Novacaixagalicia perdía también su participación. Mientras tanto, las personas afectadas por las preferentes contribuían al saneamiento de la empresa con casi la mitad de sus ahorros y Novagalicia soltaba lastre transfiriéndole más de 5.000 millones de euros de ladrillo tóxico al banco malo (SAREB).
Venta e investigación
A pesar de todas estas operaciones, Novagalicia Banco cerró 2012 con casi 8.000 millones de euros en pérdidas y 2.000 empleados y empleadas menos que tras la fusión de las cajas. En este contexto fue en el que afrontó su último año como entidad independiente, esto es, no controlada por otro banco o por un fondo de inversión extranjera. Sea quien sea la empresa compradora, lo que ya es sabido es que se hará con los restos de lo que fueron las grandes entidades financieras gallegas por aproximadamente la mitad de su valor real, según ha reconocido el FROB. El propio FROB ha ratificado, además, la irrelevancia del criterio de la Xunta en la operación de venta y el nulo peso del criterio territorial para decidir quiénes serán los adjudicatarios: “La Xunta puede tener su opinión, pero quien decide es el FROB”, resume el director general del organismo, Antonio Carrascosa, quien además abunda en el hecho de que la vinculación con Galicia dependerá únicamente de la decisión de quien compre.
Mientras todo esto acontecía, en el Parlamento se desarrolló la descafeinada comisión de investigación de las cajas, unas sesiones que –con un aire forense– sirvieron para ratificar los excesos incontrolados en la gestión por parte de los antiguos dirigentes. Aunque todo apunta que de esta investigación no se derivará ninguna consecuencia, y a pesar del secreto impuesto por el partido que sustenta al Gobierno, a lo largo de la comisión trascendieron datos como que la publicitadísima auditoría de KPMG para avalar la fusión ni era una auditoría ni avalaba una fusión que el Banco de España vio “inviable” cuatro meses después de haberla aprobado. Estos datos no impidieron que la Xunta se exculpara de lo ocurrido durante el proceso, tampoco después de conocerse que el despiece y la venta de la entidad son consecuencia, en última instancia, de una decisión del Gobierno de España: no considerar sistémica a la entidad que fue el meollo del ahora prácticamente desaparecido sistema financiero gallego.
