Galicia está amenazada por la megaminería contaminante. Eso es de lo que advierten varios expertos -algunos de ellos invitados al I Encuentro gallego sobre el impacto de la minería que se celebrará este sábado en Teo- ante las continuas noticias de nuevos proyectos empresariales, apoyados por la Xunta, y que se disponen a “destruir nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico, atacar el medio ambiente y poner en peligro a salud de las personas”. Y lo hacen, censuran, amparándose en las promesas de empleo y aprovechando la crisis y la falta de expectativas laborales de la sociedad. Aunque las consecuencias sean mucho más graves que los hipotéticos beneficios.
Así lo advierte Serafín González, presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN) e investigador del CSIC. Este experto en recuperación de suelos será uno de los ponentes en Teo, donde alertará de la amenaza que se le viene encima al país con proyectos mineros como el de Corcoesto, la Serra do Galiñeiro, el entorno de las Fragas do Eume, la Terra Cha, Xinzo de Limia, Castrelo de Miño, Arnoia... O con la “apuesta decidida” de la Xunta por el fracking.
Galicia es una mina, asegura uno de los lemas de la Dirección General de Minas de la Xunta de Galicia, y quizás la evidencia más clara de las intenciones del Gobierno gallego, tal y como recuerda González, que es de la misma opinión que Xoán Doldán, profesor de Economía aplicada en la USC, experto en Economía Ecológica y otro de los ponentes del encuentro del sábado. ¿En que se basan para asegurar que el Ejecutivo tiene una “apuesta decidida” por la polémica megaminería?
“Me baso en las declaraciones y en la actitud que tiene el Gobierno a la hora de tramitar los diferentes proyectos; priorizando aspectos que se sobrevaloran, como el empleo o la inversión, en detrimento de otros como la desestructuración social o los costes medioambientales de cara al futuro”, asegura Doldán, que recuerda que la apuesta de la Xunta “es refrendada con declaraciones formales y no informales”, pero también con unos proyectos “integrados en su política económica”.
“La apuesta es decidida y la Xunta está dándoles facilidades a las empresas”, insiste Serafín González, que recuerda que la Administración autonómica sacó a concurso “una buena cantidad de concesiones que ya estaban cadudacas para que se presentaran nuevos solicitantes”. Tanto él como Doldán censuran la “celeridad” con la que el Ejecutivo está tramitando“ los proyectos mineros, donde, según denuncian, ”son las empresas las que acaban dictaminando todo porque siempre se acepta plenamente su versión“. Como ejemplo, la mina de Corcoesto y la polémica Declaración de Impacto Ambiental hecha por la Xunta.
¿Pero por qué ahora esta fiebre minera? Los críticos con todos estos proyectos lo tienen claro. Xunta y empresas aprovechan la crisis para llevar a cabo los proyectos con más facilidad. “No es tanto ahora por la necesidad interna de la economía gallega, sino por la situación de crisis, que permite que los proyectos sean menos cuestionados”, dice Doldán, que asegura “que la gente se deja arrastrar más por anuncios desmesurados sobre las consecuencias positivas de la mina, mientras la Administración se corta menos porque sabe que la sociedad está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que ofrezcan puestos de trabajo”.
“Tienen más facilidades porque el impacto ambiental, económico y paisajístico que puedan tener las minas son más fáciles de aceptar en tiempos de crisis”, añade Serafín González. “Es la situación idónea y eso lo saben las empresas y el Gobierno gallego”, insiste Doldán, que reconoce también “la escasez de metales a nivel mundial” o el momento “excepcionalmente bueno en cuanto a los precios que se pagan” como, por ejemplo, en el caso del oro. “Cualquier proyecto especulativo está ahora dispuesto a apostar por lo que antes sería inviable y más si cuentan con el favor público”, dice.
Y la megaminería suele contar con ese favor público, e incluso con parte de apoyo social, a pesar de que, según advierten los expertos, “los resultados económicos que se pretenden obtener nunca se acaban de corresponder con lo que se dice”. “Se sobredimensiona el empleo o la inversión, mientras se infravaloran las consecuencias negativas o los costes que tendría que asumir la Administración por los problemas medioambientales o por la destrucción del territorio”, añade Doldán, que destaca que estos proyectos mineros “tienen una vida muy corta” pero un impacto a muy largo plazo.
“Suponen, en muchos casos, una ruptura de relaciones sociales y económicas ya deterioradas y la imposibilidad de reconstrucción de las mismas”, destaca. Se acaba con el modo de sustento económico de muchas familias y con sectores productivos fundamentales, casi siempre en zonas rurales donde la situación ya es mala “y donde precisamente se deberían fomentar las alternativas asociadas al territorio en estos tiempos de crisis”.
Serafín González pone como ejemplo la polémica mina de Corcoesto, que durará unos diez años. “Un año para ponerla en marcha, ocho para explotarla y otro año para desmontarla; va a generar puestos de trabajo, pero quedarán 8.500 toneladas de harina de arsénico en una balsa del tamaño de Aznalcóllar”, explica, además de advertir de los perjuicios para las explotaciones agroganaderas, el turismo rural, la pesca o la industria forestal, más allá del terrible impacto medioambiental y paisajístico.
Facilidades en tiempos de crisis
“Las empresas aprovechan las facilidades que les dan para sacar beneficios, llevárselos y dejar aquí, en el mejor de los casos, puestos de trabajo temporales y, en el peor, un enorme problema”, insiste. Un problema con el que suele cargar la sociedad. Por eso, los colectivos y expertos contrarios a estos proyectos piden “que se evalúen los efectos negativos, incluido el riesgo de accidentes”.
“Si nosotros estamos tan equivocados y la empresa tan segura de que no hay peligro alguno, supongo que habrán conseguido convencer a una compañía de seguros para hacer un cláusula de responsabilidad civil”, dice irónicamente González. Para Doldán, la “reconstrucción social y del territorio” es siempre “imposible” porque los lugares donde se asientan estas minas “nunca acaban por volver a la situación inicial”. Y ponen un ejemplo, tan básico como ejemplificador. “En Corcoesto mucha gente emplea la madera de los montes donde se va a situar la mina como combustible para su casa; ¿cuántas familias tendrán que ir ahora a comprar madera fuera o apostar por un derivado del petróleo? Cuando se marche la mina, ¿tendremos posibilidad de reconstruir la masa forestal? Imposible”.
Por el camino, se pierde mucho, pero la falta de trabajo y de expectativas de futuro le están poniendo una alfombra roja a empresas multinacionales que ven en Galicia un paraíso para sus proyectos. La única esperanza, tal y como dice Serafín González, es que “la presión ciudadana obligue a recapacitar a la Xunta y a exigir unos estudios de impacto ambiental como dios manda”. Por lo visto hasta ahora, hará falta mucha más presión. De momento, el propio experto lidera una recogida de firmas para pedir al Gobierno autonómico que impida “que arrasen Galicia”.