Manuel (nombre figurado) llevaba algo más de un año en paro cuando, a comienzos de 2012, recibió una llamada del Servicio Público de Empleo, dependiente de la Consellería de Trabajo, para presentarse a una acción formativa concedida por la Xunta a Azetanet, la empresa de Gerardo Crespo que, según la Policía, era el centro de la presunta trama corrupta de “caza de dinero público” apoyada en falsos cursos de formación. Él, “que ya había hecho un curso” a través de un sindicato, fue con la esperanza de que esta nueva oportunidad formativa podría servir para abrirle nuevos caminos laborales, pero realmente se trataba de “firmar por no hacer nada”. Además de indignarse, lo denunció, aunque incluso el supuesto líder de la trama intentó frenarlo.
En conversación con este diario, este trabajador explica que Azetanet reunió a todas las personas convocadas desde la oficina de empleo. En esa primera reunión “parecía que todo estaba muy bien”. “Lo vendían muy bien”, resalta: se trataba, les explicaban, de que Azenanet realizaría “una especie de prospección” del mercado laboral para cada alumno, un “seguimiento personal” que implicaba la “oferta de cursos de formación” y el contacto con diferentes empresas, todo esto adaptado a cada uno de sus perfiles profesionales. Tras la primera toma de contato, Miguel no supo nada de Azetanet “durante dos o tres meses”.
Pasado este tiempo, la empresa, que ya estaba siendo investigada por el presunto fraude, volvió a llamar a su alumnado. Donde antes había un amplio abanico de posibilidades formativas solo quedaba ahora “una hoja” que le fue entregada a cada persona. Se trataba de que firmaran, “bajo juramento”, que “nos habían ofertado una serie de cursos” como “inglés básico” o “manejo de Office básico”. Eran cursos que “para nada estaban orientados a lo que nos habían vendido en la primera reunión”, la “inserción laboral” y que, sobre todo, no habían existido. “Yo les dije que no estaba de acuerdo, que no estaba yendo a nada de esto y que no iba a firmar”, recuerda. Además, agregó, “la declaración jurada ya no existe y no tiene peso oficial ninguno”.
Además de expresar su rechazo verbalmente, este trabajador quiso que constara oficialmente. “Pedí una hoja de reclamaciones, inicialmente me dijeron que no me la daban y les dije que iba a llamar a la Policía”, porque “sabía que estaban cobrando por cada uno de nosotros y lo que estaban haciendo no me parecía bien”. Esta advertencia causó “cierto nerviosismo” en los responsables de la empresa y, en este punto, irrumpió en escena el propio Gerardo Crespo. “Yo no lo conocía de nada”, destaca, lo que no impidió que lo abordara para preguntarme “qué me había pasado” y atribuir lo acontecido a “un malentendido”. “A ver, ¿qué curso quieres hacer?”, recuerda que le preguntó. “Yo vi que aquello tampoco era normal”, evidencia.
En estas circunstancias, y mientras los responsables de Azetanet evitaban aclarar si rechazar la firma de su documento podía tener consecuencias negativas como la pérdida de la prestación por desempleo -“no lo aclaraban, dejaban siempre la duda”-, Manuel se dirigió con su reclamación al Instituto Gallego de Consumo y a la Consellería de Trabajo. Fue en Trabajo donde lo informaron de que “tenían más denuncias” respecto a las entidades de Crespo y, poco después, le detallaron también que “ya les habían quitado unas subvenciones”. Además, le preguntaron si “tendría algún problema en declarar” lo que le había sucedido, algo que también le preguntaron a más participantes en los cursos, algunos de los cuales declinaron la oferta porque “no querían líos” que implicaran, por ejemplo, la pérdida de un subsidio. “Yo no tenía prestación ni nada que perder” y además, “estaba quemado”. Llegado a ese punto “quería estar en el paro”, porque “llevaba casi un año sin hacer nada” y, al estar inscrito en el inexistente curso, “no constaba que no estaba trabajando”.
La Xunta le revoca otra ayuda a Crespo
Estas y otras revelaciones ya habían comenzado a surgir el pasado 10 de octubre, poco más de dos semanas desde que, en la mañana del 22 de septiembre, Gerardo Crespo fuera detenido como autor de presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, falsificación documental, tráfico de influencias y soborno. En esa jornada, la directora general de Formación de la Consellería de Trabajo, Ana María Díaz, firmaba el documento que culminaba el proceso, iniciado en el mes de julio, para retirarle una subvención a una de las entidades de Crespo.
Después de que, según la Policía, el empresario coruñés pudiera defraudar sin problemas al erario gracias al “nulo control” ejercido por la Administración, Trabajo considera que la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia no justificó como debería las actividades subvencionadas con 11.920 euros al amparo de una orden de ayudas para el desarrollo de programas integrados de empleo. De este modo, AED Galicia tiene ahora la oportunidad de presentar los documentos que considere oportunos para intentar evitar la devolución de la subvención, tal como publica el Diario Oficial de Galicia de este lunes.
Este anuncio de la Xunta se produce apenas una semana después de que la Consellería del Mar anunciara una resolución, también dictada el 10 de octubre, con la que dejaba sin efecto un convenio firmado con la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA), entidad que según la investigación también está implicada en la trama de los cursos falsos. Este convenio, dotado con más de 84.000 euros, estaba orientado a promover el consumo de productos pesqueros y de la acuicultura. Dice el departamento dirigido por Rosa Quintana que CEHOSGA incumplió sus “deberes” respecto a este convenio y así, dos semanas después del estallido público de la operación Zeta, determina resolverlo.
Sobre la decisión de la Consellería de Mar, el grupo parlamentario de AGE reclamó en días pasados explicaciones de Quintana respecto a la relación que su departamento ha venido manteniendo con CEHOSGA, entidad cuyo presidente, Héctor Cañete, está imputado en la trama y es un “reconocido militante del PP”. “Ante las informaciones conocidas en relación a la vergonzosa trama corrupta”, AGE reclama saber si CEHOSGA cumplió con lo comprometido durante el pasado ejercicio y, a través del diputado Antón Sánchez, exige aclarar si esta rescisión no es “una maniobra más del Gobierno de la Xunta para marcar distancias con la trama una vez que se ha hecho pública”.