“Patadas en los huevos sabemos dar todos, pero no es eso lo que necesitamos aquí. No se trata de lastimar a los residentes, sino de protegerlos, a ellos y a los demás. Si alguien se está dando de cabezazos en la pared, o mordiendo al personal o a los compañeros, lo que tenemos que conseguir es inmovilizarlo y tranquilizarlo”. Quien habla así es una veterana cuidadora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña. Allí, la respuesta que han recibido por parte de la Xunta ante la demanda de un protocolo de seguridad, más personal y más medios ha sido “algún curso de defensa personal”. El Movemento Galego pola Saúde Mental va un paso más allá y pide la desaparición de estas técnicas de contención, progresivamente eliminadas de los psiquiátricos pero que aún se utilizan con las personas con diversidad intelectual.
En el CAPD hay 85 residentes, considerados “gravemente afectados”, de los 16 a casi los 80 años. A ellos hay que sumar 15 usuarios más del centro de día. Entre este centenar, hay personas “con graves trastornos de comportamiento que los hace ser muy violentos: con ellos mismos, con los compañeros y con nosotras”. Para atenderlos, un equipo de educadores y cuidadoras que los sindicatos consideran “completamente insuficiente”. “Estamos tan justos que, cuando una educadora libra, no llega el personal”. La solución que le dan, entonces, es unir a los residentes de dos unidades. Así, de dos profesionales por cada 10 usuarios –8 internos y dos externos–, se pasa a tres por cada 20.
Quedémonos con ese número –sólo dos o tres profesionales trabajando juntas– porque en el curso que impartió la policía nacional en primavera, les enseñaron a desarrollar técnicas de inmovilización “entre cinco personas”: hay una que se encarga de cada extremidad y otra que sujeta la cabeza. Esto, según dicen, necesita mucha más práctica que las escasas horas de las que dispusieron. Lo peor es que poco de lo que aprendieron ahí les sirve para su día a día. “Lo normal es que te encuentres sola o con otra compañera” y, debido a la configuración del centro, “no te oye nadie aunque grites pidiendo socorro”, señalan. Es fácil imaginar qué sucede si entran en crisis dos usuarios a la vez.
Los profesionales cuentan lo que sucedió en ese curso. “Los policías venían a explicar técnicas de autodefensa y, cuando les contamos que no podíamos hacer daño a los usuarios, cambiaron el chip”. Además de las inmovilizaciones, les enseñaron cómo zafarse de los agarres. Los agentes pusieron de su parte, pero lo que ofrecían estaba lejos de lo que se necesitaba. “Esto está manga por hombro y, en lugar de dotar de medios, hacen paripés”.
Sin protocolos de actuación
Montse Casal, del sindicato CSIF, asegura que la Xunta se dedica “a programar cursos formación sin control, con el único fin de que si surge algún problema poder decir 'los cursos ya los hemos dado'”. Señala que esta tendencia llegó con la creación de la Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria, “que debería ser el enlace con el Servizo Galego de Saúde”, el Sergas. “Las cosas hay que empezarlas por su lógica. Si quieres poner estos cursos, en primer lugar tendrás que elaborar un protocolo de actuación ante agresiones. De nada sirve que me adiestren si después yo no puedo llevarlo a la práctica porque estoy totalmente desamparada”.
Para las profesionales, es clave aumentar personal para dar a los usuarios atención individualizada. “Necesitan un ataque psiquiátrico, psicológico e intervención social por educadores. Se consigue poniendo más gente, no dando cursos, porque esto no consiste en andar inmovilizando ni machacando a los chavales”. El CAPD cuenta con una única psicóloga que, según las cuidadoras, “es maravillosa, pero ¿cuánta intervención individualizada puede hacer ella sola a 100 personas? Están convirtiendo este centro en un almacén”.
Las consecuencias saltan a la vista. “Aquí, todas hemos sido todas mordidas, escupidas, abofeteadas...”. “Tenemos una tasa de absentismo laboral tremenda. Hay cuidadoras que vinieron un día y al siguiente, renunciaron al contrato, aunque eso te penalice un año en las listas”. Es por eso que los profesionales se escapan: “se van a trabajar para la Consellería de Educación o para la de Sanidade, donde hay planes, unidades específicas y personal para asistencia de calidad” mientras que en Política Social el trabajo se hace “a costa de la salud de los profesionales”. En el Sergas, por ejemplo, sí existe un protocolo para actuar en caso de agresiones; en centros donde son el pan de cada día, no. Según Casal, el director xeral se comprometió este mismo verano a redactarlo, pero siguen esperando.
La situación extrema del CAPD corre el riesgo de extenderse al resto de centros sociosanitarios donde, según las asociaciones y profesionales, 3 de cada 10 nuevos ingresos presentan “necesidades psiquiátricas”. “Ya no son residencias de la tercera edad. Al modificarse la ley, ahora tenemos allí gente joven, con patologías mentales crónicas agravadas que pueden cursar potenciales agresiones”. “Ahora, los ancianos conviven con personas desintoxicadas pero no deshabituadas, ex convictos, personas con dispositivos de localización...”, enumera Casal, “un perfil de usuario que no debería de ser atendido con los profesionales que están ahí”. Cuestiona el propio modelo del sistema, porque no sólo “el centro no está preparado para su atención”, sino que, “si el objetivo es la inserción, y no el aislamiento”, se están haciendo las cosas justo al revés. “Carecemos de unidades específicas: no tenemos psiquiatras ni especialistas en salud mental”.
Y ahí llegan los problemas a la hora de actuar. Los cuidadores –para algunos de estos trabajos, sólo se pide la ESO– “se asustan y corren riesgos”. Carmen Hermo, vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, señala que estos usuarios “no son agresivos, es que están en crisis”. A diferencia de un ataque de ansiedad o de pánico, en el que “queremos ayudar,”, cuando la crisis es psicótica “produce miedo, tendemos a pensar que es un enfado”. Para ella es clave enseñar a familias y educadores a identificar los signos de riesgo y ayudar con el control de estímulos y el ambiente.
“La desescalada verbal, la reducción de estímulos, ayudar a entrar en calma es un proceso más lento que la contención física”, pero también preferible. Si no queda más remedio que recurrir a ella, propone ayudarse de colchonetas y protecciones, pero los profesionales carecen de ellas. “No tenemos ni guantes antimordidas, nos plantamos ante los usuarios con un simple traje de enfermera”.
El bucle infinito
Con los métodos tradicionales, se produce un bucle habitual que tanto la psicóloga como las trabajadoras describen paso por paso de forma idéntica: “Quien tiene que practicar la contención, al ver la reacción del usuario, se asusta y acaba pidiendo una baja por estrés. Quien la sustituya, será desconocido para el interno, lo que hará que éste esté más nervioso, un estado que muchas veces no es capaz de comunicar. Y el novato, que llega sabiendo que esa persona acaba de 'enviar al hospital' a su predecesor, acabará padeciendo el mismo estrés. Y así una y otra vez”. Por eso, el absentismo laboral es tan elevado en el sector. Y las fugas a otros ámbitos, constantes. Los psicólogos piden, además, cambiar el protocolo de atención en esas crisis y “como sucedería en un caso de diabetes”, avisar a un especialista.
La situación del CAPD llegó al Parlamento de Galicia a través de una pregunta de la socialista Marina Ortega en la que alertaban del “desgaste físico, emocional y psicológico” de las trabajadoras“ y criticaban la apuesta por los cursos frente a la creación de ”centros especializados para tratar casos tan graves y dejar de poner en riesgo a las trabajadoras y a los usuarios“. En la réplica, además de afirmar que la instalación contaba con una dotación ”más que suficiente“, la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, negó que se esté ingresando allí a personas con problemas psiquiátricos.
“No hay uno solo de los usuarios que no cumpla los requisitos -personas con discapacidad gravemente afectadas- para estar en el centro”. Negó así que las “alteraciones en el comportamiento” de los residentes “se puedan establecer como alteraciones de salud mental propiamente dichas” y las asoció a “síndromes o trastornos” del desarrollo neurológico, asociados a la discapacidad. Sin embargo, Hermo subraya que unos y otros reaccionan de forma muy parecida, ya que son personas “que sufren crisis, pero que no quieren agredir, no quieren hacer daño”. Por eso, la respuesta que recomienda es la misma en ambos casos.
elDiario.es preguntó por las acciones de formación a la Consellería de Política Social, y tras pasar por la de Emprego e Igualdade, fue finalmente la Vicepresidencia Primera la que contestó, ya que es ella la encargada de los cursos. El departamento que dirige Diego Calvo confirmó que “desde 2010 se viene trabajando especialmente respecto al riesgo de agresiones en los CAPD”. La formación en riesgos laborales “evolucionó” de la “protección de espalda por los sobreesfuerzos” a unos cursos en los que “se atiende más a la tipología de los usuarios, su discapacidad y la comorbilidad”.
En concreto, se refiere a un curso de ocho horas impartido por Cualtis en el CAPD coruñés a través de un convenio con la Escola Galega de Administración Pública. Su objetivo, enseñar a “intervenir ante conductas problemáticas, crisis de agitación y conductas agresivas”, una formación, aunque reducida en el tiempo, muy bien valorada por las profesionales. En la respuesta escrita de la Xunta no hay referencias a la formación en defensa personal impartida por la policía nacional ni a las demandas de mejora de la atención trasladadas por sindicatos y trabajadoras.