La defensa de Baltar cambia de estrategia, niega que fuese a 215 kilómetros por hora y cuestiona la efectividad de los radares

El letrado Juan Ramón Montero, quien se ocupa de la defensa del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ante el juicio por supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a 215 kilómetros por hora, sostiene que “no cabe procedimiento penal”. En un primer momento, Baltar pagó la multa que se le impuso cuando lo pararon por ir a esa velocidad, que conllevó la pérdida de seis puntos del carné también, sin discutirla. También pidió disculpas por lo que calificó de “despiste”. Ahora, su estrategia es otra y pasa por asegurar que no iba tan rápido, por cuestionar la precisión de los radares y por hablar de “irregularidades” en el proceso, en el que la Guardia Civil, tras revisar el margen de error, acabó atribuyéndole un delito.

El juicio al que estaba citado Baltar este miércoles ha sido suspendido por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia y está pendiente de que se fije una nueva fecha. El también presidente del PP de Ourense no había llegado a desplazarse a Zamora -también podía comparecer por vía telemática-, pero sí fueron al Juzgado de lo Penal de la ciudad su abogado y los agentes que hicieron el atestado, informa Europa Press.

Montero ha sostenido que Baltar “no iba ni si quiera a 200 km por hora”. El informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico indica que iba a 215 cuando fue interceptado el domingo 23 de abril al volante de un coche oficial y sin agenda pública. El abogado ha insistido en que su defendido asumió la multa de inmediato y ha hablado de “alteración” de informes por parte de la Guardia Civil. El punto central es el margen de error del radar que detectó al coche de la Diputación.

En principio, a Baltar se le notificó una infracción administrativa por exceso de velocidad, por lo que asumió la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros, que se vio reducida a 300 por pronto pago. Sin embargo, posteriormente, al tratarse de un cinemómetro ubicado de forma temporal en un punto fijo, el margen de error se habría reducido hasta el 5% y, en consecuencia, el dirigente ourensano habría cometido un supuesto delito contra la seguridad vial.

“Es imprescindible, para que la justicia sea justa, que previamente se compruebe por qué se han ido realizando esas actuaciones que no son ordenadas por el juzgado, que no son ni siquiera conocidas por él. Realizadas por quienes son, en principio, los actuantes, sobre un expediente que había quedado en principio cerrado, y que luego ha ido incorporando modificaciones a la carta”, ha manifestado el letrado de Baltar.