La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los juzgados de Santiago de Compostela por las restricciones impuestas por la Administración gallega a los fármacos recetados a enfermos de hepatitis C. Lo ha adelantado El País y se lo ha confirmado a este diario la Plataforma Galega de Persoas Afectadas pola Hepatite C, que por “eficacia procesal” se había unido ya a la demanda presentada por el colectivo médico Batas Blancas aportando varios casos de muertes de enfermos que atribuyen a la restrictiva política de la Xunta con el tratamiento.
Durante varios meses, el ministerio público ha investigado la querella presentada por Batas Blancas y en la que se asegura que fueron varios los enfermos que murieron en Galicia mientras esperaban la autorización de la Xunta de los medicamentos que ya les habían sido prescritos por el especialista. El juzgado de instrucción número 3 recogió durante semanas varios testimonios y realizó diferentes pruebas periciales de documentación clínica, según fuentes allegadas al proceso, hasta que la Fiscalía ha decidido actuar.
“Es una noticia positiva porque confirma que lo que nosotros llevamos tiempo denunciando era cierto, era verdad que se estaba dejando morir gente y no era una simple cuestión de manía o de querer crear revuelo como aseguraba la conselleira”, dice ahora Quique Costas, portavoz de la plataforma de afectados. Su colectivo aportó como mínimo dos casos de muertes de enfermas a la denuncia que Batas Blancas presentó ante la Fiscalía del TSXG en marzo de 2015, en el mismo mes en el que otra importante manifestación reclamaba en Compostela tratamiento para la hepatitis C.
Pocos días antes, en un polémico pleno en el Parlamento, Feijóo garantizaba los fármacos porque Galicia “no es Venezuela” y acusaba a la oposición de “jugar con los enfermos” tras asegurar todos los tratamientos siguiendo “criterios” médicos y después de que el PP hubiese rechazado una propuesta idéntica semanas antes. En la misma Cámara gallega, los enfermos habían protagonizado recordadas protestas.
En su defensa de la austeridad, la Xunta elaboró un método para dar el visto bueno a la dispensación de los medicamentos necesarios que se convirtió en un lío burocrático. Primero era la comisión de farmacia la que tenía que aceptar el tratamiento, pero luego también una comisión a nivel autonómico formada por tres farmacéuticos y siete médicos que eran nombrados por el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas. Desde la Plataforma, y también desde Batas Blancas, se ha defendido siempre que no era función de este órgano anular o confirmar el tratamiento en el caso de no ser compasivo. “La Xunta se escudó en una subcomisión que protegió a través del secreto”, recuerda Costas. Hace ahora diez meses, los enfermos habían hecho públicos los nombres de los integrantes de dicha comisión y se preguntaban si estaban de acuerdo con los criterios marcados.
La denuncia se centra en las acusaciones que durante mucho tiempo hicieron los afectados: denegación de tratamientos a enfermos que cumplían con los requisitos que establecía el Ministerio de Sanidad, retrasos en las resoluciones de cada caso, silencio administrativo y fallecimientos de enfermos que estuvieron meses esperando por el dictamen de la comisión creada por la Xunta.