Lo más probable es que el primer mandato de Alfonso Rueda no llegue a cumplir dos años. Fue en mayo de 2022 cuando sucedió a Feijóo, embarcado en la cruzada de Ayuso para defenestrar a Casado, al frente de la Xunta de Galicia y la oposición cuenta con que convocará elecciones para finales de febrero o inicios de marzo. Rueda, del PP, opta a la reelección. Su breve período presidencial que ahora se acerca a su fin ha tenido marcado acento ideológico: bajadas de impuestos a los grandes patrimonios e iniciativas de tipo variado, del derecho al aborto a la planificación de las energías renovables, delegadas en el sector privado. El neoliberalismo y su retórica parecen guiar la acción del Ejecutivo gallego.
La instalación de parques eólicos en la geografía gallega se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de la comunidad. Los líos judiciales en los que Alberto Núñez Feijóo, presidente entre 2009 y 2022, metió a la Administración al anular el concurso eólico del bipartito paralizaron el despliegue ordenado de las renovables. Su reactivación acelerada en los últimos tiempos ha colapsado los servicios de la Xunta y le ha valido sonoros varapalos en los juzgados por infravalorar, sobre todo, las normativas medioambientales. En marzo de 2023, Alfonso Rueda anunció que constituiría una empresa mixta dedicada al control y expansión de la materia, no solo eólica sino también hidráulica o de minería. Entonces dijo que no iba a ser 100% pública pero no aclaró más.
Dos meses más tarde admitió que las compañías privadas serían mayoritarias. Y solo después de otros seis meses explicó la composición final de lo que denominó empresa público-privada, más bien privado-pública: la participación de la Xunta será del 30%. El 70% restante estará en manos de 33 firmas, entre ellas Gadisa, Ence o Abanca. El presidente de esta última entidad, Juan Carlos Escotet, intervino en la presentación de la sociedad mixta para afirmar que “busca resolver problemas sobre el uso adecuado y estratégico de los recursos naturales”. Rueda tiró de retórica verde y aseguró que pretende equilibrar intereses económicos y naturaleza. Abanca y Ence, propietaria de la polémica fábrica de papel ubicada en la ría de Pontevedra, son dos de las compañías con las que el PP gallego muestra mayor cercanía. El propio Rueda participó en una reunión con el consejo de administración de la pastera y le garantizó “todas las facilidades”.
Derecho al aborto al margen del Sergas
La delegación de responsabilidades públicas en el sector privado afecta también a la sanidad. Los conciertos millonarios que derivan pacientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a clínicas con ánimo de lucro son habituales desde la etapa de Fraga Iribarne al frente de la Xunta. Feijóo los reforzó y permite que, por ejemplo, personas enfermas que se niegan a ser tratados en la privada desaparezcan de las listas de espera. El pasado agosto, el periódico digital Praza informaba del nuevo paso adelante de la Consellería de Sanidade: el departamento que dirige Julio García Comesaña no es capaz de asumir 800 abortos previos a la semana 14 del embarazo y abrió un concurso para que la sanidad privada se hiciese cargo. Ofrecía medio millón de euros anual, pero quedó desierto. La Xunta se ha limitado a declarar que garantiza la prestación.
Tampoco la filantropía de la Fundación Amancio Ortega esquiva esta querencia política del gabinete Rueda por facilitar negocio al sector privado. Durante la larga etapa de Feijóo, máquinas punteras donadas por el fundador de Inditex a la sanidad pública gallega acabaron instaladas en el Centro Oncolóxico de Galicia, privado y que atiende no solo a pacientes derivados de hospitales públicos sino también procedentes de seguros privados. Alfonso Rueda repitió estratagema con las siete residencias para ancianos prometidas a la Xunta por la misma institución. La conselleira de Política Social, Fabiola García, hizo público el mes pasado que serán entidades privadas las que gestionen las dos ya finalizadas, en Lugo y Santiago de Compostela. Aseguró, no obstante, que se tratará de “firmas sociales sin ánimo de lucro”.
Un reciente informe del Laboratorio Envejecimiento en Red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ofrecía el dibujo preciso del estado de las residencias de mayores en Galicia: de las 22.865 plazas que hay en la comunidad, el 77,4%, 17.700, son privadas. El resto, unas 5.200, públicas. Ni siquiera así la ratio por habitante se acerca a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ello Galicia -una de las comunidades más envejecidas del Estado- debería habilitar 14.000 nuevas plazas.
La última medida de cierto calado anunciada por Feijóo antes de su salto a la política madrileña fue la gratuidad de las escuelas infantiles para el alumnado de 0 a 3 años. A su sucesor le correspondió ponerla en marcha el pasado curso, 2022-2023. Y lo hizo de acuerdo a esa línea política de inspiración neoliberal según la cual la Administración, en vez de ampliar sus propias prestaciones, deriva el dinero público a empresas privadas: la Xunta paga directamente a las guarderías privadas hasta 260 euros por niño al mes.