El caso de Laura Fernández Abalde, la viguesa que ha solicitado a la Xunta que acelere los plazos para su eutanasia ante el riesgo de que su cáncer terminal se la lleve antes, ha desatado un encendido debate. Después de que el PSOE gallego anunciase una batería de iniciativas parlamentarias para evitar “que nadie más muera” esperando la eutanasia, la Consellería de Sanidade respondió que no existía un “procedimiento abreviado” para casos como éste e insistió en que el plazo “mínimo necesario para el cumplimiento de la ley” es de “unos 40 días”. Sin embargo, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), donde Laura milita desde hace casi 20 años, no ha tardado en responder al Gobierno autonómico. DMD no sólo asegura que ese procedimiento sí existe, sino que tira de datos oficiales para confirmar que en 2022 se aplicó al 15% de los casos en España. La asociación mantiene que, con la ley en la mano, es posible administrar la eutanasia en menos de dos semanas desde su primera solicitud. Incluso, dicen, puede hacerse en ocho días.
Poco después de que este jueves los socialistas adelantasen su intención de proponer en la Cámara medidas para “poner fin a la burocracia asfixiante y al sufrimiento innecesario al que se enfrentan personas en situaciones límite”, Sanidade enviaba un comunicado de respuesta, con los mismos argumentos que ya expuso a elDiario.es cuando esta redacción preguntó por la situación de Laura, ingresada desde hace 20 días en el área de paliativos del Hospital Meixoeiro de Vigo, con un melanoma uretral que ya ha hecho metástasis.
La Consellería que dirige Antonio Gómez Caamaño asegura estar cumpliendo “un procedimiento complejo, estrictamente regulado en los pasos y trámites”. Como ejemplo destaca que “está establecido en la ley que, entre la primera y la segunda solicitud del paciente debe transcurrir un período mínimo de 15 días”.
“Con carácter general”, añade el comunicado de la Consellería, “no exise ningún procedimiento abreviado” para la ayuda a morir, sino “un único procedimiento para aplicar cuando el paciente conserva la capacidad de la toma de decisión, siendo el mínimo necesario para el cumplimiento de la ley de unos 40 días”. “Por lo tanto”, concluye, “es la ley estatal la que establece los requisitos” de la solicitud, “el procedimiento que se debe seguir” y “los plazos previstos”.
Unas explicaciones que están lejos de convencer a DMD, para quienes lo que argumenta la Consellería “no es exacto”. “Por supuesto que existe la posibilidad de un procedimiento abreviado en casos como el de nuestra compañera Laura”, replicaron en un rápido comunicado. La asociación se remite al Informe de Evaluación de 2022 sobre la Prestación de Ayuda para Morir del propio Ministerio de Sanidad, de donde transcriben: “Entre la primera y la segunda solicitud, el médico responsable puede considerar que la persona solicitante presenta un alto riesgo de pérdida de su capacidad de hecho de manera inminente. Sólo en este caso se podrá aceptar cualquier periodo menor a 15 días naturales entre las dos solicitudes”. DMD señala que, según las estadísticas del propio Ministerio, “aquel año se adelantó la segunda solicitud en 82 casos, el 15% del total en España”.
A pesar de esa posibilidad, la entidad recuerda que “casi un tercio de las personas que solicitan la eutanasia mueren mientras se tramita su solicitud”. La media estatal para administrarla, otra vez según los datos de Sanidad, es de 27 días. En Galicia, con ese “mínimo” de 40 días establecido por la Xunta, el porcentaje se elevó en 2023 al 36%. 14 de los 38 pacientes que pidieron ayuda para morir fallecieron esperándola. Si se tiene en cuenta que 10 desistieron a lo largo del proceso, los que no pudieron culminarlo son la mitad de los que lo hubiesen deseado. Debido a esta burocracia, concluyen, la ley “no es una garantía, sino un obstáculo para aquellas personas con un pronóstico de vida muy limitado”.
Eutanasia en ocho días
Según DMD, “si la persona solicitante de la eutanasia puede empeorar en unas pocas semanas (40 días) y entrar en la fase de últimos días (agonía), perdiendo así su capacidad para firmar el consentimiento informado, el médico responsable de la solicitud debe agilizar los plazos”. Y, afirman, “se pueden agilizar tanto como para resolver todo el proceso en apenas ocho días”. La asociación lo detalla así:
Día 1: Primera solicitud, deliberación e información por escrito. El médico responsable contacta con el consultor y con el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación o la unidad administrativa de eutanasia para comunicarles esta situación de terminalidad.
Día 2: Segunda solicitud.
Día 3: La persona solicitante confirma que desea continuar y firma el consentimiento informado.
Día 4: Interviene el médico consultor.
Día 5: Comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación.
Día 6: Verificación por la dupla, que comunica su dictamen al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación.
Día 7: Comunicación al médico responsable y a la solicitante. Solicitud de medicación a la farmacia del hospital.
Día 8: Eutanasia.