Así se descontrola una Diputación: la larga lista de irregularidades denunciadas por el Consello de Contas en Ourense

El informe que acaba de hacer público el Consello de Contas de Galicia sobre la cuenta de 2018 de la Diputación de Ourense es un muestrario del descontrol que campa a sus anchas por una institución que maneja anualmente más de 80 millones de euros. El documento, que se hizo público este martes, corre el riesgo de acabar olvidado en un cajón, ya que el órgano fiscalizador carece de competencias para iniciar un proceso en el que derivar responsabilidades contables. El Partido Socialista ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra lo que denomina “una trama espúrea de intereses basada en los contratos a dedo de Baltar”.

El Consello de Contas ha enviado el texto al Parlamento de Galicia y al Tribunal de Cuentas. Será este último organismo el que decida si, en caso de percibir indicios de irregularidad, inicia diligencias de investigación. La auditoría sobre las finanzas de 2018 en los dominios de José Manuel Baltar (PP) revela una manera de hacer las cosas al margen de la ley de manera sistemática: millones en créditos no presupuestados, facturas fuera de plazo, subvenciones sin control y contratos a dedo, en su mayoría para cinco empresas privilegiadas.

Lo que sigue son las ocho principales advertencias que realiza el órgano fiscalizador en un documento de más de cien páginas y que podría acabar convertido en papel mojado.

No hay contabilidad que sirva

Los números presentados por la Diputación al Consello de Contas presentan defectos de tal calibre que “impiden considerarla como rendida” hasta que se sean subsanados. Dicho en otras palabras, lo que la institución ha enviado al órgano fiscalizador con apariencia de contabilidad no puede ser considerada como tal. Además, las cuentas se presentaron fuera de plazo por lo que el equipo de Baltar estaría desatendiendo los preceptos a los que obliga el artículo 223.2 de la Ley de Haciendas Locales.

A la hora de contratar personal, la Diputación de Ourense se ha olvidado de contratar funcionarios para ejercer las labores de autocontrol sobre el dinero público que maneja el organismo. Según reza en el informe del Consello de Contas, “la Diputación no cuenta con la suficiente estructura de personal para dar cobertura a las exigencias en materia de control financiero que regula el Real Decreto 424/2017”.

30 millones fuera de presupuesto

El dinero aparece en la Diputación de Ourense por medio de créditos que se improvisan durante cada ejercicio y sin que estos sean incorporados a la planificación presupuestaria de cada anualidad. En 2018 esos incrementos crediticios rozaron los 30 millones de euros, una tercera parte de toda la deuda prevista inicialmente.

A respecto de lo anterior, el Consello de Contas asegura: “Se produjeron modificaciones presupuestarias por valor de 29.546.687 euros, circunstancia que también se produjo en los cuatro ejercicios anteriores”. Se trata de dinero que no siempre se gasta en aquello para lo que se solicita “se detectó la existencia de aplicaciones presupuestarias con importantes incrementos de crédito en las que la ejecución no alcanzó el 25%”.

Sin red ante la ley

Otra de los defectos señalados por el fiscalizador es la ausencia total de previsiones ante la posibilidad de reclamaciones judiciales. “No se dota ninguna provisión para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de la resolución de procedimientos judiciales”, reza el informe. O bien el equipo de Baltar da por sentado que siempre ganarán en los tribunales o alguien de su equipo se olvidó de incluir una provisión de fondos ante la posibilidad de que alguna vez un juez no les de la razón.

Facturas fuera de plazo

Durante el año analizado (2018), la Diputación reconoció en un acuerdo extrajudicial deudas por 282.824 euros correspondientes a 132 facturas del año anterior (2017). Para solucionar el agujero, el equipo que dirige José Manuel Baltar registró y conformó las facturas pendientes un año después de haberse realizado los trabajos con los que estas se correspondían. Todo ello, señala el Consello de Contas, “sin tramitar el correspondiente expediente de omisión de fiscalización previa”.

No saben lo que tienen

Otro capítulo destacado del examen financiero al que ha sido sometido el organismo tiene que ver con los bienes de los que la Diputación es propietaria. Según el Consello de Contas no se puede saber a ciencia cierta qué inmuebles son propiedad de la Diputación ni si están anotados en el Registro de la Propiedad. El informe lo relata del siguiente modo: “La entidad tiene un inventario provisional en el que no consta su fecha de aprobación y en el que tampoco se indica el valor de los bienes y si los inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad”.

Subvenciones a dedo sin control

La manera más frecuente de otorgar subvenciones en la Diputación de Ourense es a dedo. El Consello de Contas ha calculado los porcentajes para concluir que el 84% de estas ayudas se han otorgado por ese método. Esta práctica choca con la Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.

Además se prescinde de cumplir con las obligaciones de transparencia y publicidad para este tipo de ayudas pagadas con fondos públicos. Según relata el documento, “no se cumple con la obligación de publicidad en las subvenciones nominativas”

La tarta de los contratos, en manos de cinco empresas

Ocho de cada diez contratos se conforman bajo el paraguas de “contrato menor”, mucho menos exigente en criterios de transparencia que otros modelos de mayor importe. Sin embargo, solo cinco empresas se llevan el 70% de esos contratos menores y al menos dos de ellas recibieron en un solo año más de un millón de euros sumando cada una de las pequeñas adjudicaciones recibidas.

Además, en 15 de los contratos analizados “se superó el límite cuantitativo establecido en la Ley de Contratos Públicos”.

El Consello de Contas pone en duda también la independencia de las personas que configuran las mesas de contratación del órgano provincial y señala que “no se ha firmado una declaración de ausencia de conflicto de intereses por las personas implicadas en los procesos de contratación”.

Mayoría absoluta de eventuales

Sobre el personal que dirige Baltar al frente de la Diputación, Contas denuncia la escasez de funcionarios cuyas labores realiza personal eventual. El informe asegura: “El personal funcionario representa solo el 29% del total del personal de la Diputación”, lo que dibuja un mapa laboral en donde dos de cada tres trabajadores dependen directamente de la familia Baltar, al menos desde 1987.

Además, del informe de fiscalización se deduce que en la Diputación de Ourense puede trabajar cualquiera, sin límites que colisionen con otras funciones y recibiendo pagas extra a voluntad de la dirección. El texto, que viaja ya camino del Parlamento de Galicia, asegura: “La entidad no dispone de regulación propia sobre los incentivos al rendimiento ni sobre régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”.