Hijo predilecto de la provincia de A Coruña, presidente de honor de la Diputación y medalla de excombatiente gallego. Todos esos títulos otorgados en su momento por la Diputación de A Coruña a Francisco Franco, nacido en Ferrol, dejarán de estar en vigor a partir del próximo pleno del organismo provincial, que se celebrará el día 29. Así lo han acordado este miércoles los portavoces de todos los grupos políticos.
El pleno en el que se le retirarán los honores al dictador se realizará un día después de la celebración, el día 28, de un homenaje a “los miembros de la Diputación de A Coruña y de las corporaciones municipales que fueron víctimas de la represión franquista”. Los alcaldes de Ferrol, José López Bouza, y Santiago, Ánxel Casal, eran, en el momento del alzamiento de Francisco Franco, presidente y vicepresidente respectivamente de la Diputación de A Coruña. Ambos fueron asesinados por las tropas nacionales días después del 18 de julio.
En el homenaje también se honrará la memoria de otros alcaldes de localidades de la provincia asesinados tras el golpe del 36, como Xaime Quintanilla (Ferrol), Juan Manuel Vidal (Arzúa), Tomás López Datorre (Betanzos), Manuel Fernández (Cedeira), Ramón Souto (Fene) o Antonio Fernández (Sada).
Otras administraciones
La Diputación de A Coruña no es la única que ha dado estos pasos en Galicia. La Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, el Ayuntamiento de Pontevedra, el Ayuntamiento de A Coruña... Son sólo algunas de las instituciones gallegas que, en los últimos años, retiraron honras que durante el franquismo le habían sido concedidas al dictador y a otros cargos de su régimen en forma de calles, alcaldías perpetuas, filiaciones predilectas y otras figuras semejantes. Este 18 de julio, coincidiendo con el octogésimo aniversario del golpe de estado que derivó en la Guerra Civil, fueron varios los gestos de condena y retirada de honras al dictador y a quienes formaron parte de su rebelión.
Así, el gobierno local coruñés continuó este lunes aplicando las recomendaciones de la comisión municipal para la aplicación de la memoria histórica y retiró de los pasillos del Pazo de María Pita, sede del consistorio, los retratos de los alcaldes militares impuestos tras el golpe de estado de 1936, José Fuciños Gayoso y Hernán Martín de Barbadillo. Casi a la misma hora la Junta de Portavoces del Parlamento de Galicia, lejos de las discordancias de otras ocasiones, aprobaba una declaración institucional -figura que sólo puede ser empleada si hay unanimidad de los grupos- de condena de la dictadura, instando además a “proseguir” con las acciones de recuperación de la memoria de las víctimas.
Otras instituciones gallegas también mostraron, durante la jornada, su posición de condena del franquismo. Fue el caso de la Diputación de Lugo, que aprobó una declaración institucional al respecto además de colgar de su sede, en el Pazo de San Marcos, una pancarta con el lema Jamás un 18 de julio, la misma que fue colocada también en el Ayuntamiento de Lugo. Otra Diputación, la de Pontevedra, anunciaba a través de su diputado de Cultura, el nacionalista Xosé Leal, la presentación de una iniciativa para, en el próximo pleno, retirarle a Franco la distinción honorífica de presidente perpetuo de la institución, así como para revocar las distinciones que aún mantienen en el ente provincial otros cargos de Falange y del régimen dictatorial.
Por otra parte, la candidata y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció en A Coruña que el programa de la formación nacionalista a las elecciones gallegas incluirá la elaboración de una ley gallega de la memoria histórica que “permita homenajear las 4.000 víctimas” que, según investigaciones oficiales, fueron “reprimidas y asesinadas” en el país. En un acto celebrado ante el Teatro Rosalía lamentó que Feijóo promoviera una “losa de silencio” al retirar las ayudas que durante el gobienro bipartito de PSdeG y BNG (2005-09) habían promovido la recuperación de la memoria histórica.