El documento clave para que el Estado pueda recuperar el Pazo de Meirás ha estado décadas en el centro de A Coruña
El Gobierno central ha presentado finalmente en los juzgados de A Coruña una demanda contra la familia Franco para exigirle la devolución del Pazo de Meirás. La acción, reclamada desde hace tiempo por investigadores, administraciones y asociaciones por la memoria histórica, se basa en una escritura de 1938 de la que se sabía su existencia pero que no se había encontrado hasta ahora. En ella, según la Abogacía del Estado, se confirma que la venta de las Torres al dictador fue “fraudulenta”. Un escrito “clave” hallado hace tan sólo unas semanas y que llevaba años a muy pocos kilómetros de la parroquia sadense donde se localiza el inmueble, en pleno centro de A Coruña.
La demanda, adelantada por El País, fue presentada este miércoles y se centra en la tesis ya desarrollada en anteriores investigaciones y en el informe histórico-jurídico encargado por la Diputación de A Coruña. En este se advertía de que la transmisión del Pazo a la familia Franco se había hecho a través de un contrato simulado en 1941 para evitar que pasara a ser parte del patrimonio estatal y cuando ya llevaba tres años siendo utilizado por el dictador, a quien le había sido donado. Por tanto, las torres fueron vendidas dos veces y la última de ellas a través de un acuerdo “fraudulento”, cuando el inmueble ya era residencia del Jefe del Estado tras un acuerdo anterior.
Los datos históricos y la hemeroteca aclaraban que la cesión del Pazo de Meirás al dictador -a través de coacciones y en un clima de represión en plena guerra civil- se concretó en el año 1938 con un documento privado de donación, que había sido aceptada por el propio Franco y anunciada en la prensa. La Junta Pro-Pazo, formada por figuras afines al régimen fascista, reunió más de 400.000 pesetas para pagarles a los herederos de Emilia Pardo Bazán. Lo hizo a través de amenazas, deducciones de las nóminas de funcionarios y de los presupuestos de ayuntamientos de la zona o recogidas con patrullas de falangistas por las casas, además de incautarse forzosamente de terrenos que ampliaron los dominios del inmueble.
Se sabía de la existencia del documento por las múltiples referencias históricas y en las hemerotecas, incluso a través de actas de sesiones plenarias municipales, pero nunca se había dado con él. Sí con otra escritura, de tres años más tarde, con fecha de 24 de mayo de 1941, que celebra un nuevo contrato de compraventa entre Franco, representado por el dueño del Banco Pastor, Pedro Barrié de la Maza, y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Pardo Bazán. Este documento sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, dicen según El País los letrados, que califican de “irrisoria” la cantidad.
Las torres ya habían sido compradas antes, un dato que ahora queda demostrado al haberse encontrada el acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador civil de la época, que indica que el inmueble fue adquirido un 3 de agosto de 1938 por la Junta Pro-Pazo y cedido al dictador. Desde entonces y hasta que se hizo ese otro contrato simulado en 1941, el Pazo ya era usado como residencia de jefe de Estado por parte de la familia Franco y sometido a obras de ampliación y reforma pagadas con dinero público.
A 15 kilómetros del Pazo
¿Dónde se encontraba ese protocolo notarial clave en la demanda presentada por el Estado? A solo 15 kilómetros del Pazo de Meirás, en A Coruña, en la parte trasera de la sede Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). El documento fue encontrado por los abogados del Estado en el Archivo Histórico de Protocolos del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, a un paso de la céntrica plaza de Galicia, donde llevaba décadas almacenado.
La implicación del Estado en la demanda contra los Franco y por la recuperación del Pazo de Meirás ha sido clave para dar con la escritura en un proceso que poco tiene que ver con el habitual en el resto de archivos históricos. En este caso, la Administración ha conseguido legitimarse ante los notarios y ha logrado aportar los precisos datos exigidos para poder acceder a un documento ahora esencial, tal y como explican a Praza.gal fuentes de la investigación impulsada por los letrados. Fue a dar allí en el momento en el que la notaría implicada cesó su actividad.
Fue a partir del mes de marzo cuando la Administración central compuso un equipo de abogados del Estado en A Coruña para profundizar en las pesquisas que ya habían iniciado a través de investigaciones como las impulsadas por la Diputación de A Coruña y la Xunta o por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo en su investigación Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio. Investigadores y letrados han colaborado en la aportación de documentación, certificación de datos sobre tierras e inmuebles o en la búsqueda de documentos que apoyaran una completa demanda de unos cien folios.
La clave, para los abogados del Estado, ha estado en los últimos meses en la búsqueda de esa escritura que demostraría que el Pazo había sido adquirido antes y que ratificaría la argumentación del informe encargado por la Diputación: que la venta se concretó en el año 1938, para aprobarse después en 1940 la ley del Patrimonio Nacional y en el 41, formalizarse “una compraventa ficticia” de las instalaciones. Era la manera de evitar que fuera incorporado como bien público, en virtud de esa ley, por lo que sería destinado para el uso de la jefatura de Estado y no para la familia del dictador Franco, tal y como ha sucedio tras su muerte y después de la recuperación de la democracia.
El documento es “clave” porque “demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre”. Según los abogados del Estado, esta simulación de la compraventa se usa para encubrir la donación anterior y permitir así una inscripción a título particular que había sido antes transmitida a la Jefatura del Estado. Son acciones que, ya entonces, estaban castigadas en el Código Penal como delitos de falsedad en documento público.
Lo que evitó el dictador fue que las torres pasaran a ser un bien de dominio público --como reivindica el Estado ahora-- y, por tanto, “imprescriptible”, lo cual convertiría en nulas las operaciones de partición llevadas a cabo despúes por los herederos. Además, como destaca el Gobierno central, la “compraventa ficticia” le permitió a Franco inscribir el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.
“Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido vendido ya años antes” y “entregado al jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno en la demanda. El proceso, impulsado en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco y la inmobiliaria Pristina, propiedad de Francisco Franco Martínez-Bordiú, quien había anunciado a la Xunta su intención de vender a esta sociedad la parte que le correspondió en herencia del Pazo de Meirás.
Ahora, el proceso en primera instancia debería finalizar en un plazo máximo de dos años, según fuentes judiciales, aunque habría posibilidad de recursos con posterioridad. Desde el pasado verano, el Pazo fue puesto a la venta en un portal inmobiliario por 8 millones de euros. Los abogados del Estado piden al juzgado una medida cautelar: que se anote la demanda en los registros correspondientes para evitar que un posible cambio dificulte la recuperación.
