El quién y el cuánto del dolor de Angrois

Entre las víctimas del accidente de Angrois, con 79 muertos y 150 heridos, hay de todo. Lesionados leves que solo buscan justicia, familias rotas por la pérdida de quien era su principal fuente de ingresos necesitadas de una indemnización para salir adelante, o personas que solo quieren olvidar. Cada vida es un mundo y cada prioridad comprensible, insisten tanto los abogados como las propias víctimas, por eso no hay grandes reproches públicos entre las dos asociaciones de afectados creadas tras el siniestro, que aunque empleen para ello estrategias distintas, comparten los mismos objetivos: que el caso no se cierre culpando solo al despiste que sufrió el maquinista del tren y obtener los mejores cuidados y la mayor indemnización posible, aunque el dolor no tenga precio.

La Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago (Apafas) fue la primera en crearse y es la que más ha negociado con Fomento para mejorar la asistencia a las víctimas. Poco después nació la Plataforma Víctimas Alvia 04155, volcada en aclarar las responsabilidades penales y políticas del siniestro. El juicio penal con el que acabará la actual instrucción judicial en marcha será el que resuelva algunas de las aspiraciones de ambas. Por un lado, establecerá quién es el culpable de los homicidios y las lesiones, y por otro ese o esos responsables serán los que deban hacer frente a la indemnización final por el siniestro, cuantías que se establecerán en la misma sentencia. 

Actualmente el único imputado es el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, que admitió que circulaba despistado tras recibir una llamada del interventor del tren y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois. No había ningún sistema de seguridad, ni en la curva ni a bordo, que evitase o paliase su despiste, por lo que el primer juez instructor de la causa imputó a 27 cargos y técnicos de Adif, alguno de ellos por dos veces, pero la Audiencia Provincial los exculpó por falta de pruebas. Ahora será el segundo juez instructor el que, a la vista de los peritajes realizados, decida el futuro de la investigación. Si finalmente el maquinista resulta ser el único culpable de los homicidios y lesiones, será él, y en su defecto el seguro de su empresa, Renfe, a cargo de la multinacional de origen australiano QBE, el que deba hacer frente a las indemnizaciones. Pero si la culpabilidad recae también en cargos de Adif, el seguro de esta, Allianz Corporate, debería contribuir al pago de las indemnizaciones, una corresponsabilidad que, a la hora de negociar cuantías, también podría beneficiar a las victimas, según coinciden varios abogados.

A la espera de esas indemnizaciones definitivas, las víctimas ya han ido cobrando parte o todo del seguro obligatorio de accidentes de Renfe, a cargo de Allianz Seguros y cuyas cuantías habían sido aumentadas previamente al siniestro por la propia operadora entre un 25% y un 66% con respecto al mínimo que establecía la ley, ahora también mejorada. En el caso de Angrois, ese seguro obligatorio mejorado paga 60.000 euros por una muerte, mientras que las lesiones oscilan entre los 70.000 euros de las más graves y los 1.500 euros de las más leves. Las indemnizaciones definitivas por el siniestro serán muy superiores, aunque víctimas y aseguradoras discrepan de los baremos a emplear. Las compañías suelen usar como base el existente para los accidentes de automóvil, pero hay abogados de víctimas que ya han anunciado su intención de pedir mucho más, porque a un tren se le presupone más seguridad que a un automóvil y porque esperan que se reconozcan las circunstancias familiares de cada afectado, incluido el lucro cesante provocado por el siniestro en cada caso concreto.

Para saber las cuantías totales de las indemnizaciones también habrá que esperar a que las víctimas estabilicen sus lesiones, ya que algunas aún están recuperándose. Las cifras, de momento, bailan. El juzgado contabiliza 79 muertos, a la espera de determinar oficialmente si el fallecimiento de varios heridos en los meses siguientes se debe o no al accidente. Pero en agosto del año pasado, QBE tenía en cuenta ya un total de 82 fallecidos y 150 heridos e informaba al juzgado de que ya había consignado en cuentas judiciales o entregado como anticipo a las víctimas que las habían aceptado indemnizaciones por un total de ocho millones de euros. La aseguradora indicaba entonces que “la cantidad ofrecida se corresponde aproximadamente con el 50% de la valoración de la posible indemnización que les pudiera corresponder, en atención a las circunstancias personales e individuales de los perjudicados, la naturaleza y el alcance –en su caso– de sus lesiones, los distintos gastos generados por el accidente y, como no podía ser de otra manera, de conformidad con los criterios de valoración del daño de común aplicación por nuestra Jurisprudencia en casos similares”. Por su parte, Allianz indicaba en junio del pasado año que, a punto de cumplirse un año del siniestro, había prestado más de mil servicios de asistencia a heridos y más de 300 a familiares, y estimaba entonces que los costes totales a los que tendría que hacer frente finalmente por el seguro obligatorio de viajeros “se podrían situar en torno a nueve millones de euros”. Esto es, entre QBE y Allianz calculaban hace un año que, con la situación que entonces presentaban las víctimas, deberían hacer frente a un desembolso total final de unos 25 millones de euros, cuantía que los abogados de los perjudicados intentarán incrementar.

Pero además de las responsabilidades penales y económicas, hay víctimas que también esperan que se depuren responsabilidades políticas. Los miembros de la Plataforma de víctimas son los que más activos se vienen mostrando en la reclamación de que, además de la investigación judicial, que consideran que está siendo entorpecida desde Adif y Renfe, se cree también una comisión de investigación política del accidente. PSOE y PP, durante cuyos gobiernos se construyó y puso en servicio la línea de AVE en la que sucedió el accidente, se han negado en varias ocasiones, tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso, con el argumento de que está en marcha la instrucción judicial.

Para insistir en sus reclamaciones, sanitarias, penales o políticas, las víctimas han convocado una concentración este viernes en la Praza do Obradoiro. Luego caminarán hasta Angrois, donde como el año pasado, a la misma hora en que descarriló el tren, la reivindicación dejará paso al recuerdo íntimo.