Dudas en el plan estrella de Feijóo para los Next Generation: cifras de empleo “exageradas” y preocupación ambiental

La información fluye a cuentagotas en el último proyecto estrella que Alberto Núñez Feijóo lega al nuevo -aunque sin apenas cambios- equipo de la Xunta: una gran fábrica de fibra textil -en concreto, lyocell- a partir de la celulosa de los eucaliptos que pueblan los montes gallegos que aspira a financiarse con los fondos Next Generation. Los datos que se conocen tienen poco detalle, pero han despertado recelos entre expertos y colectivos ecologistas, que plantean dudas sobre una cifra de empleos prometida que consideran “exagerada” y sobre el impacto en el medio ambiente de una actividad que tiene un gran consumo de agua y que temen que lleve a otra eucaliptización de Galicia.

El plan empezó a esbozarse hace más de año y medio, de la mano de Inditex. En las fases posteriores el nombre del emporio fundado por Amancio Ortega dejó de aparecer y se reveló que la empresa interesada en llevar adelante el proyecto es la portuguesa Altri, la segunda mayor productora de pasta de papel en ese país y competidora de Ence. A finales de 2021 firmó un acuerdo con la sociedad creada por la Xunta para promover proyectos candidatos a los Next Generation y en la que el Gobierno gallego ha dado entrada a compañías privadas como Abanca y Reganosa.

El fruto dado hasta ahora por esa asociación es un posible emplazamiento -una finca privada en el municipio lucense de Palas de Rei contigua a un territorio incluido en la Red Natura- y varias promesas lanzadas por Feijóo y el consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, en una comparecencia conjunta: una inversión que oscila entre los 700 y los 800 millones de euros para empezar a fabricar hacia 2025, una producción de 200.000 toneladas anuales de fibras textiles y 2.500 puestos de trabajo, sumados directos -1.500- e indirectos, en una cuenta de la que no se ha dado más detalle. Los responsables de la iniciativa desconocen por el momento si obtendrá fondos de recuperación de la UE. Lo que sí es seguro es que la decisión de levantar las instalaciones no es aún definitiva y la empresa la pospone a finales de este año. Así lo trasladó el propio Soares de Pina en una intervención ante los inversores en el mes de marzo.

El empleo

María do Carme García-Negro, profesora de Ciencias Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), califica de “tomadura de pelo” la cifra de empleo. La compara con el número de trabajadores de Altri en las tres plantas que tiene en Portugal, que es de 774 para una producción de pasta de papel que supera el millón de toneladas al año. El volumen anual previsto en Galicia es una quinta parte. Aunque los procesos de producción son distintos para el lyocell, García-Negro cuestiona que los puestos de trabajo dentro de la planta de Palas puedan ser, a su vez, más que una quinta parte de los que genera al sur del Miño. Es decir, en torno a 150.

Añade que, además, los avances tecnológicos con los que se presume que se construirían las nuevas instalaciones conllevarían una mayor automatización de las tareas y, en consecuencia, menos necesidad de mano de obra. Coincide en este punto el catedrático Manuel Marey, del departamento de Proxectos de Enxeñería de la USC, que cree que la cifra es “un poco exagerada” y que solo se alcanzaría incluyendo trabajos como los de tala y transporte de eucaliptos. Por el parecido de las dimensiones y el volumen, el profesor pone como ejemplo la fábrica que Ence tiene en Navia (Asturias). Ahí, según la información oficial de la empresa, en la planta propiamente dicha trabajan 400 personas.

A las diferencias entre el proceso para producir pasta de papel y fibra textil y a la distinción entre directos e indirectos se agarró Feijóo cuando se le preguntó si esa cifra de 2.500 empleos es realista. A eso y a que esos son los datos, dijo, que da Altri. “Yo no tengo por qué sospechar lo contrario”, añadió. La breve nota que la empresa lusa tiene publicada en su página web sobre el proyecto gallego no hace ninguna alusión al número de puestos de trabajo y rebaja a 750 millones de euros la inversión. El Gobierno gallego la cifra en sus notas de prensa en 800 millones.

Del total del desembolso, el consejero delegado de Altri manifestó que confía en que una cuarta parte la cubran los fondos Next Generation. Este punto es todavía una incógnita. Por el momento, el Gobierno central no ha aprobado ningún PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) para el sector forestal. El vicepresidente y conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, deslizó que el plan podría encuadrarse en el de economía circular, que ya existe. García-Negro, sin embargo, ve en este punto otra “debilidad” porque cree que el planteamiento no encaja bien en la economía circular: el Ejecutivo estatal requiere que se reutilicen materiales y eso es algo que la fábrica de Palas prevé solo para una fase más avanzada. Apunta otra sombra desde el punto de vista económico: la empresa portuguesa no tiene la tecnología para hacer la fibra textil, de modo que tiene o bien que buscar un socio en este ámbito o bien comprar una patente.

El emplazamiento

La que Altri considera “localización ideal” está en Palas de Rei, cerca ya del límite con el municipio vecino de Melide. Conocida como Finca Río Seco o Finca Quintas -en manos de los herederos de Leandro Quintas, quien primero la dedicó a la ganadería vacuna y luego la convirtió en coto privado de caza-, proporciona las en torno a 200 hectáreas que la empresa calcula que necesita para las instalaciones. La compañía afirma en su escueto comunicado que tiene “garantizado el acceso” a los terrenos, aunque no explicita por qué vía ni en qué condiciones. El alcalde del municipio, Pablo Taboada, también lo ha dado por seguro y, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado su disposición a hacer modificaciones del planeamiento urbanístico si son necesarias. Explicó que el solar es de gran extensión y “de una pieza”, con acceso a la autovía -todavía en construcción- que va a unir Santiago con Lugo, que la cruza por una esquina.

Revelado el emplazamiento, surgieron las primeras críticas al proyecto. Fueron las de los alcaldes de la comarca de A Mariña, en el norte de Lugo, que esperaban que el proyecto se instalase allí y compensase la pérdida de empleos por el declive industrial de la zona. Recordaron que en febrero los grupos del Parlamento de Galicia aprobaron por unanimidad una iniciativa en la que pedían que la fábrica de Altri se instalase en A Mariña. Pero el texto apostillaba que “preferentemente”.

La eucaliptización

La otra fuente de críticas son varios colectivos ecologistas que emitieron un comunicado conjunto sobre los “graves impactos ambientales” que creen que tendrá la planta de Altri. Seis entidades, lideradas por la Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza (Adega) y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), firman un documento en el que avisan de que la actividad va a provocar “un mayor extensión” del eucalipto en Galicia y “nuevas plantaciones ilegales” como las que aseguran que están detectando con la actual moratoria que prohíbe nuevos cultivos.

En su comunicado consideran “llamativo” que Altri busque instalarse en Galicia y lo atribuyen a la “contestación social y política y el freno al cultivo de esta especie” en el país vecino tras el incendio de Pedrógão Grande en 2017. El consejero delegado de la empresa enunció su motivos en el medio portugués Expresso, en el que José Soares de Pina dijo que la decisión se tomó porque en Portugal “no hay materia prima”, pero en Galicia no van a tener “necesidad de importar nada”.

El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manu Santos, considera que la información disponible hasta el momento no les permite posicionarse ni a favor ni en contra del proyecto, pero avisa de que, si va a suponer más plantaciones de eucaliptos, su respuesta es “radicalmente no”. De hecho, agrega, “habría que reducir mucho las que hay”. Recuerda que la experiencia hasta ahora con la celulosa en Galicia, con la instalación de Ence en la ría de Pontevedra, “no fue buena”. “Eucaliptizó el país sin necesidad y fue un drama para la biodiversidad”, expone.

Más confiado se muestra Manuel Marey. El catedrático no cita directamente a Ence, pero señala que, si la Justicia finalmente la obliga al cierre en la ría de Pontevedra, la demanda de Altri puede “reemplazar” a la de la polémica pastera española. Sobre los efectos de una mayor demanda habló Feijóo, que auguró un aumento del precio del eucalipto, pero no analizó cómo se conjuga el previsible aumento del interés por la especie con una moratoria de la Xunta que impide nuevas plantaciones hasta 2025. La limitación se aprobó cuando el árbol ya ocupaba casi el doble de la superficie prevista para 2032 por el gobierno de Manuel Fraga.

Valor ambiental de la zona

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es la cercanía de la finca a la Red Natura -está próxima a la Serra do Careón- y el “alto valor ambiental” que le conceden a los terrenos que abarca. Son, dicen, candidatos a formar parte de una ampliación de las superficies protegidas. En la parcela se encuentran varias especies amenazadas, entre ellas algunas flores raras que se dan únicamente en esta zona en todo el mundo, que se encuentran en peligro de extinción y que ya obligaron a hacer cambios en la autovía que unirá Santiago y Lugo.

Una de las consideraciones básicas en la búsqueda de terrenos es el acceso a recursos hídricos. La producción de estas fibras textiles, al igual que ocurre con la pasta de papel, hace un uso intensivo del agua y necesita un caudal estable. Las dudas en este sentido fueron las que hicieron descartar la comarca de A Mariña, según Altri. En Palas el recurso está en la cuenca del río Ulla. En su comunicado, las asociaciones ecologistas cuestionan que se pueda cubrir la demanda. Manuel Marey considera que “la clave está en la capacidad de reutilización del agua dentro del proceso” y también en que se devuelva al entorno “en condiciones de vertido”. Esto quiere decir que ha de cumplir unos parámetros de composición química y biológica y de temperatura. En este punto señala a la Xunta, a la que avisa de que debe estar “vigilante” con el impacto ambiental.

Tanto el profesor como el coordinador de Greenpeace hacen un análisis del proyecto desde una perspectiva global. Manu Santos enfatiza que, aunque la huella hídrica es elevada, como en toda la industria de la moda, la producción de lyocell requiere seis o siete veces menos agua que la de otros tejidos de uso común, como el algodón. También se emplean menos químicos y es, en conjunto, “más sostenible” desde el punto de vista ambiental. “Lo que pasa es que, como no lo fabricamos en Galicia, nadie se entera”, añade. Marey insiste en que “desde el punto de vista económico es más barato producir algodón en países como Kazajistán, pero desde el ambiental y social seguramente esto sea mucho más presentable”.