En el municipio coruñés de Lousame, sobre la ría de Muros y Noia, se acumulan cerca de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados de una mina, la de San Finx, de la que se extrajeron durante años wolframio y estaño. El yacimiento está sin actividad desde 2017, pero un cambio de manos en 2022 puso sobre la mesa su reactivación. Para acceder a las galerías que quiere explotar el nuevo propietario, la empresa australiana Pivotal Metals (hasta hace unos meses, Rafaella Resources), hace falta vaciar el agua que las anega, cargada con zinc, cadmio y cobre. La Xunta ha dado su autorización para que se vierta al río Pesqueiras (también llamado rego das Rabaceiras), a siete kilómetros de los bancos marisqueros de los que se extrae la mayor parte del berberecho que se produce en Galicia. Organizaciones ecologistas añaden que los terrenos afectados incluyen zonas protegidas de agua potable y áreas de la Red Natura 2000. Asociaciones ambientalistas, cofradías y algunas de las corporaciones municipales de la zona se han unido contra el permiso dado por el Gobierno gallego.
El órgano responsable de dar esa autorización es Augas de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestruturas. La hizo pública el pasado 1 de febrero justificándola en que las aguas residuales deben pasar un proceso de depuración y la empresa tiene que cumplir “18 requisitos y la atención estricta de las normas de calidad ambiental”. De acuerdo con el documento, Tungsten San Finx S.L. (filial de Pivotal Metals) podrá vaciar 889.885 metros cúbicos de agua acumulada en un periodo de 494 días (algo más de un año y cuatro meses). En la fase de explotación de la mina, la cantidad podrá llegar a 631.836 metros cúbicos anuales, parte de ellos procedentes de las galerías y parte, de la zona industrial.
La resolución provocó una tormenta en la comarca de Noia. Desde entonces diferentes cargos de la Xunta han salido a defender la decisión con el argumento de que cumple “escrupulosamente” la normativa. El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, insistió en que esta autorización no es todavía la que le permite a la empresa retomar la actividad minera. Para eso, añadió, tiene que tramitar una actualización de proyectos para la que hay un análisis ambiental. Sin embargo, Tungsten San Finx sí podrá empezar a verter el agua contaminada para liberar las plantas anegadas. Y esto preocupa a ecologistas y mariscadores.
“Esto pone en riesgo a toda la comarca”, protesta Santiago Cruz, patrón mayor de la cofradía de Noia, que, junto a la Portosín, convocaron la protesta de este sábado contra la decisión de la Xunta. La movilización recibió apoyo de asociaciones ecologistas como Greenpeace, Verdegaia y Ecoloxistas en Acción. Cruz asegura que llevarán el caso a los tribunales, pero, con los tiempos de la justicia, teme que la empresa empiece a verter residuos antes de que haya un fallo. “Después nos tiraremos de los pelos”, dice y asegura que son 5.000 las familias que dependen de la ría de forma directa. Considera que “hay intereses” no declarados porque ve “sospechoso” que se dé luz verde a una medida que puede afectar a tantos trabajadores por permitir la actividad en una planta que daría empleo a “50 ó 70” personas.
Joám Evans, de Verdegaia, concuerda. Recuerda que el proceso para autorizar los vertidos llevaba siete años en trámite. Hace un año se produjo la operación empresarial por la que la mina dejçó de estar en manos de una filial de Sacyr (Valoriza Minería). El traspaso estaba condicionado a que se pudiese reanudar efectivamente la producción y se vendiesen al menos 1.000 toneladas de material. Hasta entonces no habrá ningún pago. Evans cree que todo el proceso es “un gran favor político a Sacyr”, que tendría que asumir el coste de reparar y clausurar el yacimiento si no prosperase el proyecto de Pivotal Metals. La actividad está parada desde 2017 en una mina investigada por la Justicia y que llevó a un alto cargo de la Xunta a tener que responder ante el juez en una causa por presunta prevaricación ambiental.
Recursos de alzada y denuncias
El representante de Verdegaia indica que se ha presentado denuncia por la vía penal contra los tres funcionarios que tramitaron la resolución y la directora de Augas de Galicia. Por la vía administrativa también se han registrado recursos de alzada. Uno de ellos corresponde, según publicó el diario La Voz de Galicia, al Ayuntamiento de Noia, con un alcalde, Santiago Freire, que es del PP. La autorización de vertido es para Evans “como empezar la casa por el tejado” porque permite comenzar a evacuar residuos para un proyecto que no tiene todavía la autorización para funcionar.
También Greenpeace critica la decisión de la Xunta. Los vertidos “podrían dañar irreparablemente” el área donde desemboca el río Tambre en la ría, que es una zona de especial conservación de la Red Natura, y perjudicaría al marisqueo “sostenible” que se desarrolla allí. Para el portavoz de la organización en Galicia, Manoel Santos, el Gobierno gallego parece “decidido a reabrir la mina de San Finx y ponerse a jugar con metales pesados en la ría”. “El resultado podría ser catastrófico”, añade y recuerda que la contaminación por metales pesados “es uno de los mayores problemas ambientales por su persistencia y toxicidad”. También recalca que Pivotal Metals no tiene minas operativas en otros lugares del mundo y que a la otra que controla en Galicia, la de Varilongo (Santa Comba, A Coruña), Augas de Galicia le denegó a finales de 2022 una autorización de vertidos similar a la de San Finx.
Niveles de metales “muy por encima de los permitidos”
La resolución de Augas de Galicia insiste en que las aguas se tienen que depurar antes de que lleguen al cauce fluvial y da un plazo de cuatro meses para que estén finalizadas las obras en los sistemas de tratamiento y evacuación. Establece que la empresa debe hacer un control semanal en la fase de vaciamiento y uno mensual en la de explotación y remitir los resultados de los análisis a la administración gallega.
Tres semanas después del anuncio de la Xunta, la cofradía de Noia entregó al Gobierno gallego un informe técnico que cuestiona las medidas preventivas de la Xunta. El documento concluye que la prueba piloto en la que se basa la planta de tratamiento de aguas de mina aprobada fue “un fracaso” y “no consiguió controlar los niveles de cinc y resultó en concentraciones de cadmio y cobre disparados”. Del estudio se encargó el geofísico Steven H. Emerman, experto en residuos mineros, y en el mismo señala que las concentraciones de estos metales pesados están “muy por encima de los valores máximos permitidos”.
Berberecho no apto para el consumo
La bióloga de la cofradía de Noia, Liliana Solís, explica que la presencia de metales pesados tiene impacto sobre las poblaciones de berberecho y almeja, que son las más importantes en la zona. Recuerda que son organismos filtradores, que pueden bombear 80 litros de agua al día para retener las microalgas de las que se alimentan. “Si en el medio hay metales pesados, los van a bioacumular. Y nosotros, por encima de ciertos niveles, no podemos consumir ni zinc ni cobre ni cadmio”, señala. El vertido de los residuos de la mina derivará no tanto en un impacto sobre las poblaciones de estos bivalvos, sino en que no se podrán comercializar para consumo humano.
El problema para quienes se dedican al marisqueo en la ría de Muros y Noia se suma a la elevada mortalidad de los moluscos esta temporada. La situación, dice Solís, se repite siempre que hay una temporada de elevadas precipitaciones, que fue lo que ocurrió el pasado otoño y en la primera parte del invierno. Una presa río arriba hace desembalses para producir electricidad y esa cantidad de agua dulce provoca una bajada de la salinidad en los bancos marisqueros de la ría, además de arrastres y un aumento de la turbidez. Esto es lo que ha provocado la muerte del 80% de los ejemplares de berberecho comercial y el 77% de la cría, además del 54% de la almeja japonesa.