La comisión de investigación sobre la liquidación de las cajas gallegas de ahorro del Parlamento de Galicia volverá a funcionar. Lo hará tras constituirse por tercera vez y con el objetivo, afirmó el portavoz del PP, Pedro Puy, de “dar cuentas a la ciudadanía de una operación que fue tan importante”. Lo que no explicó Puy fue que los populares bloquearon el órgano durante ocho años y le impidieron elaborar un dictamen sobre lo sucedido. Aunque la decisión adoptada en la Cámara este martes lo fue por unanimidad, los tres partidos con representación se enzarzaron en un debate cruzado sobre sus responsabilidades políticas que incluyó reproches entre las fuerzas de la oposición.
Pero fue el Partido Popular quien más corrigió sus posiciones, hasta el punto de diluir el protagonismo de Feijóo en la historia. Esto último lo confirmó hace unas semanas un auto de la Audiencia Nacional que, con una contundencia inusitada, culpaba a la Xunta de haberse empeñado en obligar a Caixanova a entrar en la fusión. “Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”, dijo el tribunal. A Pedro Puy, sin embargo, le resultó sorprendente que “un auto de la Audiencia Nacional sobre la competencia para juzgar se convierta en la demostración de un fracaso”. Según su versión, diez informes, de Price Waterhouse al Banco de España, avalaron la operación.
Incluyó entre ellos el polémico documento de KPMG, encargado por el Gobierno gallego y que, a decir de los populares, apoyó su estrategia. A decir de la auditora, tal y como declaró uno de sus directivos en el Congreso, solo corroboró lo que la Xunta ya había decidido y no se le pidió “analizar otras alternativas ni reauditar las cuentas”. Puy insistió además en la “mucha documentación” que el gabinete de Feijóo envió al Parlamento: “30.000 folios, donde está todo lo importante de la fusión”. En realidad, no todo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó en junio al Gobierno gallego por ocultarle a la Cámara sobre el proceso que había solicitado, en 2018, el entonces diputado de En Marea Antón Sánchez. Entre ellos, la carta con la que la Consellería de Facenda encargo el informe a KPMG. Ninguno de los tres portavoces que participaron este martes en el debate mencionaron la sentencia del Superior, cuyo plazo de ejecución voluntaria acaba a finales de noviembre.
Reproches entre BNG y socialistas
Y es que la discusión sobre la reconstitución de la comisión -que PP, BNG y PSdeG votaron a favor- fue de ataques cruzados. También entre socialistas y Bloque, lo que resulta menos habitual en el Parlamento gallego. Por el PSOE no tomó la palabra Gonzalo Caballero, su portavoz parlamentario y secretario general, sino el diputado Pablo Arangüena, quien afeó a los nacionalistas que “hubiesen actuado de tontos útiles” de la fusión “ajenos como están a la economía, pensando que se mantendría la galleguidad”. “Con todo el respecto político”, añadió. Cuando Ana Pontón, líder del BNG, volvió a hablar, afirmó que fueron PP y PSOE quienes “fortalecieron a los directivos de las cajas, que usaron ese tiempo para obtener indemnizaciones multimillonarias”. “Con todo el afecto”, dijo, “deben revisar la historia. Quienes votaron a favor de la fusión fueron PP y PSOE”. Durante el proceso que desembocó en la constitución de NovaCaixaGalicia entre los años 2009 y 2011, el PSdeG se mostró mucho más reticente que el BNG.
“Asumimos la responsabilidad de la fusión”, dijo, finalmente, Pedro Puy, aunque sin más detalles autocríticos, “y la batalla que dimos por mantener las cajas en Galicia y por una fusión gallega que deseábamos tanto como el BNG”. Ahora será el tercer intento de la comisión parlamentaria por arrojar algo de luz al desastre financiero que se llevó por delante las dos entidades gallegas.