La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros gastados sin justificación a través de la red de embajadas económicas de Galicia que el Gobierno gallego le encargó gestionar poniendo a su disposición sólo entre 2010 y 2013 hasta 18 millones de euros de las arcas públicas. Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago al desestimar parte del recurso interpuesto por la patronal contra una resolución previa de la Xunta exigiéndole el reintegro de 647.000 euros. La sentencia, avanzada por Faro de Vigo y a la que ha tenido acceso Praza.gal, sólo admite parte del recurso de los empresarios frente a otros varios gastos que considera injustificados.
El primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta puso en marcha, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, la denominada red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga), que en la práctica supuso dejar la internacionalización de la economía gallega en las manos de los propios empresarios, presididos entonces y hasta 2013 por Antonio Fontenla. Sólo entre 2010 y 2013 la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía. El Gobierno gallego se negó a detallar cuántos de esos 18 millones se gastaron realmente. En un balance del trabajo de esa red hecho en 2013 en una respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG la Xunta aseguraba que esas oficinas en el exterior estaban trabajando con “criterios de máxima eficiencia para procurar facilitar los servicios y apoyos en destino previstos con los menores costes posibles”. Pero no fue así.
Al tiempo que la patronal gallega ahondaba en los últimos años en su propia crisis económica e institucional, la red Pexga y las relaciones de la Confederación de Empresarios con la Xunta fueron deteriorándose, y el Gobierno gallego fue rebajando progresivamente su aportación económica anual hasta el punto de que en marzo de 2016 la Xunta exigió el reintegro de diversos gastos que consideraba injustificados. Los empresarios recurrieron en la vía administrativa y en noviembre de ese año la Xunta estableció finalmente en 647.000 euros el importe que les reclamaba. La CEG tampoco estuvo de acuerdo y recurrió a la Justicia ordinaria por considerar que 241.000 euros de esa cantidad que les exigía la Xunta sí estaban justificados. Y ahora la Justicia resuelve y, en la citada sentencia, valida unos gastos y rechaza otros, de manera que, a falta de que en la ejecución de la sentencia se concreten las cuantías, los empresarios tendrán que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros.
En la sentencia ahora emitida, con fecha de 15 de mayo, el juez considera que algunos gastos fueron “decisión unilateral de la entidad recurrente [la CEG], no habiendo en este caso fundamentado debidamente que la circunstancia que afirma justificase la necesidad de tal gasto”. El juez también rechaza el argumento de la patronal de que la Xunta no tenía un criterio establecido para autorizar los gastos porque dice que los empresarios no fueron capaces de probar esa supuesta falta de criterio. La sentencia también dice, sobre el gasto en “obsequios” por parte de la patronal a través de la red Pexga, que “pese al esfuerzo realizado, no se justifica que fuesen precisos ni necesarios para la consecución de los objetivos y finalidad del convenio” entre la Xunta y la CEG que puso en marcha esas oficinas internacionales.
La sentencia llega en plena nueva crisis institucional de la CEG, después de la dimisión del que fue su último presidente, el ourensano Antón Arias, tras maniobras de sus críticos al frente de las patronales provinciales, que son las que ahora controlan la gallega hasta que se celebren nuevas elecciones. Arias llegó al cargo con un discurso renovador tras varios años de inestabilidad desde que en 2013 dejó el puesto el coruñés Antonio Fontenla, que llevaba más de una década en él, período en el que impulsó la red Pexga. Sucesores y críticos de Fontenla censuraron el aumento de los gastos en la CEG durante su mandato, que la llevaron a tener que implantar un plan de viabilidad económica para reducir sus deudas.
A pesar de esos antecedentes, Fontenla es hoy portavoz de la denominada Junta de Vicepresidentes de la CEG, lo que en la práctica hace que siga ejerciendo como máximo responsable de la organización. Este jueves Fontenla, en una entrevista en la Radio Galega, además de ponerle deberes al nuevo Gobierno central socialista, también se pronunció sobre la situación de la patronal gallega. Segundo dijo, “hay varios nombres” para asumir la dirección de la CEG y “de momento están consensuados entre tres confederaciones provinciales, falta convencer para que se adhiera a otra”. En la entrevista Fontenla también se pronunció sobre su propio papel: “Todo el mundo me dice 'Antonio, esto tienes que arreglarlo tú', pero yo no puedo hacer milagros, sólo puedo hacer lo que me dejan los demás y, además, sería malo que fuera yo lo que pusiera un presidente”.