La crisis ya ha terminado para Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española S.A. (Audasa), si es que la ha padecido como tal en algún momento. Tras resentirse levemente durante los peores años de las dificultades económicas el negocio de la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), que articula toda la fachada atlántica gallega desde Ferrol a Tui, ya vuelve a avanzar con plenitud en sus sus principales indicadores: ingresa más, gana más y gasta menos en personal.
Sus cuentas de 2016, que acaba de registrar en la CNMV, reflejan unos beneficios después de impuestos de 45,05 millones de euros -casi 490.000 euros más que en 2015- distribuidos “íntegramente” entre los accionistas de la compañía y recogen también un anuncio: el de una demanda contra el Ministerio de Fomento para exigir un incremento de los peajes.
En un escenario completamente ajeno al debate político sobre un eventual traspaso de competencias a la Xunta -la empresa ni lo menciona entre los posibles riesgos, incertidumbres o cambios normativos- Audasa desgrana unas cuentas marcadas por la recuperación. La bajada general del Índice de Precios al Consumo provocó que en el 2016 tuviera que mermar sus tarifas algo más de medio punto porcentual y, en la misma línea, la revisión de tarifas determinada por el Ministerio de Fomento para 2017 atendiendo al IPC “supone una rebaja del 0,37%”. No obstante, estos leves retrocesos no han afectado a la cuenta de beneficios de beneficios.
La principal causa de esta compensación es la recuperación del tráfico y, como consecuencia, la subida de la recaudación en unas cabinas de peaje que cada año cuentan con menos personal por la extensión de las llamadas “vías de pago fácil”. La suma del telepeaje y de las máquinas de cobro automático gestiona ya “una media del 78% de los tránsitos de la AP-9”, según la memoria anual de la compañía, que con 215 personas en su plantilla -cinco menos que en 2015, el número más bajo de la historia de Audasa- registró un incremento del tráfico medio próximo al 4%, con algo más de 20.000 vehículos diarios.
Esta combinación de factores dio lugar a una recaudación en concepto de peajes de 138,6 millones de euros, esto es, una media diaria próxima a los 380.000 euros que supone un avance superior al 3% con relación al año anterior y el mayor importe en cinco años. Este avance ratifica, además, la consolidación de la senda ascendente en la facturación de Audasa, que puso fin en 2013 a cinco años de disminución de ingresos.
Pleito judicial millonario con Fomento
Estas cifras son el telón de fondo con el que Audasa anuncia su voluntad de incrementar los peajes y de hacerlo llevando al Gobierno de España a los juzgados. En su reunión del pasado 23 de enero, informa la empresa a la CNMV, el consejo de administración de la concesionaria de la AP-9 decidió recurrir en los juzgados de lo contencioso-administrativo la orden por la que el Ministerio de Fomento formalizó la mencionada rebaja del 0,37% en las tarifas. Este recurso, formalizado el 21 de febrero, responde a, “entre otros motivos”, que el Ministerio “no contempla” la “actualización extraordinaria de tarifas” a la que le da derecho el real decreto de 2013 que regula los descuentos por uso habitual de la autopista en los tramos entre Pontevedra y Vigo, O Morrazo y Vilaboa y en el puente de Rande. Esta compensación, estima, tendría que haber sido de unos 15 millones de euros.
Audasa esgrime también para reclamar más dinero otro acuerdo con el Ministerio: el firmado en 2011 para la ampliación de la autopista a su paso por Santiago y Vigo y el dinero que ha tenido que adelantar en estas obras. “Para resarcir a la sociedad de las inversiones a realizar y de los mayores gastos que comportan” estas actuaciones, advierte, aquel decreto “contempla, con carácter extraordinario, un incremento moderado de las tarifas que se mantendrá en vigor hasta la total compensación de las inversiones por las obras de ampliación, los gastos de conservación y demás derivados de estos”. La compensación debe ser, en este caso, de 99,5 millones de euros, indica.
La empresa, viene a decir, no va a permitir que sus cuentas sufran impacto alguno por unas obras y bonificaciones que el Gobierno central ha venido presentando en los últimos años como muestra del buen funcionamiento de la concesión e incluso como motivo para no transferir a Galicia las competencias sobre la infraestructura. La suma total que la concesionaria prevé compensar subiendo los peajes es de 114,7 millones de euros.
Este nuevo movimiento se produce en un contexto en el que Audasa despliega un notable optimismo hacia el futuro de su concesión, cuya caducidad está fijada para lo 18 de agosto de 2048 tras la última ampliación, aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Mientras continúan los rumores sobre su posible venta la compañía “estima” que “en los próximos ejercicios mantendrá el comportamiento positivo de las principales variables”, lo que “seguirá proporcionando solidez y madurez al proyecto” y permitirá “cumplir las proyecciones económico-financieras efectuadas para la totalidad del período concesional”, que pasan por ingresar 9.561 millones de euros en peajes mientras invierte 153 millones en reparaciones de la autopista y destina 1.680 millones a gastos financieros.