El sindicato CIG denuncia a Xunta y Gobierno por cuatro muertes desde 2013 en las obras del AVE gallego
El sindicato gallego CIG presentó este miércoles en el juzgado de instrucción de Verín (Ourense) una denuncia penal contra la Xunta y el Ministerio de Empleo por prevaricación y varios delitos contra los derechos de los trabajadores por lo que considera “dejadez absoluta” de las dos administraciones a la hora de evitar varios accidentes graves ocurridos desde 2013 en las obras del AVE gallego en los que murieron cuatro trabajadores. Desde el comienzo de los trabajos los muertos son ya siete y la investigación por el primer fallecido, en 2007, se ha saldado diez años después sin culpables penales.
En su denuncia penal, CIG enumera nueve siniestros graves desde 2013 en los tramos del AVE que discurren por la provincia de Ourense. El sindicato destaca que en las obras que se están realizando en los municipios de A Gudiña y Vilar de Barrio “la concentración de accidentes de trabajo, incluso mortales, es de tal magnitud que revela no sólo un deficiente funcionamiento de los servicios públicos sino una dejadez absoluta, tanto en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y derechos de los trabajadores/as por parte de las empresas adjudicatarias de las obras y de las administraciones públicas concedentes, como en la responsabilidad 'in vigilando' de la exigencia de ese cumplimento”, de la que hace responsable a Xunta y Gobierno central.
El sindicato asegura que viene realizando sucesivas denuncias de esa situación por la vía administrativa “sin obtener más resultados que promesas de analizar la siniestralidad en la zona e, incluso, declaraciones de incompetencia, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para poder acceder a los túneles del AVE”. Esto es así porque cuando los siniestros se producen en el interior de los túneles su investigación corre a cargo de la inspección de Minas, y no de la Seguridad Social o del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral. El sindicato dice que, ante esta situación, “harta de acudir a organismos que se pasan la pelota de unos a otros, presenta denuncia penal” por delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores.
