El contrato con el que la Xunta, tras más de un año de accidentada tramitación, entregó en 2015 y por una década a la constructora ourensana Copasa en sociedad con la pública Renfe por 131 millones de euros el transporte de los residuos urbanos de la mayor parte de Galicia hasta la principal planta de tratamiento de la comunidad, la de Sogama en Cerceda, sigue provocando conflictos. La adjudicación, la segunda mayor del segundo mandato de Feijóo al frente de la Xunta, pretendía reducir el transporte por carretera con camiones y aumentar el ferroviario, pero los conductores de los camiones que aún siguen prestando buena parte del servicio, subrogados de la anterior adjudicataria, vienen denunciando desde entonces las condiciones laborales y, tras una primera huelga en 2016, acaban de retomar los paros. Al tiempo, la empresa a través de la que prestan mayoritariamente ese servicio, Transportes Pacholo, subcontratada por Copasa y Renfe, acaba de anunciar su intención de renunciar al trabajo, según avanza Europa Press.
La huelga comenzó el pasado lunes, tras días de protestas previas de los trabajadores, entre otras ante el mitin celebrado por Feijóo y Pablo Casado el domingo en Santiago. Aunque de momento la huelga no está sintiéndose en las calles, la propia Xunta admite en la orden con la que ha establecido sus servicios mínimos que el paro afecta a un servicio esencial ya que “en Galicia actualmente no existe otra instalación que pueda asumir tal cantidad de toneladas diarias de basura, por lo que la acumulación de residuos sin tratamiento durante varios días no podría ser reparada de forma idónea por el complejo medioambiental de Sogama, aunque trabajara a pleno rendimiento, una vez finalizada la huelga”. Con esa argumentación, la Xunta fijó unos servicios mínimos del 61%, que este viernes y sábado, tras los festivos de Semana Santa, llegarán al 73%.
La historia del contrato comienza en junio de 2014, cuando el propio presidente Feijóo anunció la licitación del nuevo servicio de transporte de los residuos desde las 37 estaciones de transferencia que hay repartidas por toda Galicia hasta el complejo de Sogama en Cerceda. En el nuevo contrato el Gobierno gallego decidió incrementar el porcentaje de uso del ferrocarril frente a los camiones del 30% registrado hasta aquel momento hasta un mínimo del 43% con el argumento de reducir así el impacto ambiental y el coste del transporte. Sogama, empresa mayoritariamente pública en la que también participa Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) licitó el concurso, que también incluía una obra civil de ampliación de su terminal ferroviaria, en julio de 2014 y se presentaron cuatro ofertas, en todos los casos uniones temporales de empresas de transporte con firmas constructoras o de servicios: La ourensana Copasa se juntó con Renfe Mercancías; Transportes Pellejero, empresa de camiones que venía realizando el trabajo, con Ferrovial; Comsa Rail Transport con Sima; y Transportes Valin con Acciona Rail Services y Acciona Servicios Urbanos.
En enero de 2015 el hasta entonces presidente de Sogama y máximo responsable del pliego de condiciones del concurso, Luis Lamas, también directivo del PP de Lugo, dimitió tras conocerse que el Centro Tecnológico Alimentario de Lugo (CETAL), del que era tesorero, había adjudicado un contrato a un bufete de abogados del que él mismo era socio. En marzo, ya bajo la presidencia del también popular Javier Domínguez, la mesa de contratación de Sogama considera que la UTE formada por Acciona y Transportes Valin “no obtiene la puntuación técnica mínima” y acuerda excluirla del concurso, decisión que luego ratificó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El siguiente paso era valorar las propuestas económicas de las tres candidaturas que aún quedaban activas, cuando se supo que frente al mínimo del 43% que fijaba la Xunta para el transporte de basura por ferrocarril, Comsa-Sima ofertaba un 45,83%, Copasa-Renfe un 55% y Ferrovial-Pellejero un 56,57%. Sin embargo, Sogama decidió excluir también a esta última UTE, la de la empresa que venía prestando el servicio, Ferrovial- Pellejero, por considerar su oferta económica, la más baja de todas, “anormal o desproporcionada”. A pesar de que esta segunda empresa eliminada también recurrió, tampoco le sirvió de nada. Por el contrario, la oferta de Copasa-Renfe vio especialmente valorado su plan de explotación del modo ferroviario. En julio Sogama le adjudicó el contrato y en octubre, quince meses después de licitarlo, lo formalizó.
A comienzos de 2016 los camioneros convocaron una huelga y protestas para reclamar que la nueva adjudicataria mantuviese sus contratos, criticando que la empresa pública le impusiese condiciones técnicas, ambientales y económicas pero no la continuidad del personal que llevaba más de una década prestando el servicio. Consiguieron que cerca de medio centenar de trabajadores fuesen reubicados en la subcontrata a la que la adjudicataria encargó el transporte por carretera, pero tres años después la nueva huelga evidencia que los problemas no habían desaparecido. Los trabajadores critican un empeoramiento de las condiciones laborales mientras que la subcontrata anuncia ahora su intención de renunciar al servicio, lo que dejaría el problema en manos de Copasa-Renfe, adjudicataria de Sogama.
La versión de Renfe
Según un portavoz oficial de Renfe consultado en 2015 tanto antes de valorarse las ofertas como después de la adjudicación, la empresa pública, dominadora del transporte de mercancías por ferrocarril en España, no tuvo que elegir con qué empresa privada se asociaba para presentarse al concurso de la Xunta porque sólo Copasa se lo pidió. Su know how o saber-hacer ferroviario no benefició a una empresa privada frente a otras, contestó Renfe, porque no recibió otras peticiones. La firma ourensana, junto con otras constructoras privadas, también es socia de Renfe y Adif en el consorcio público-privado creado para construir el AVE de Arabia Saudí.
Copasa-Renfe ganó el concurso de Sogama gracias en parte a la anulación por “anormal o desproporcionada” de la oferta económica más baja que había realizado Ferrovial-Pellejero. Pero al tiempo Copasa fue quien lideró la UTE que acometió la Autovía de la Costa da Morte, a la que la Xunta permitió a finales de 2014 ejecutar sólo la mitad de la obra por su incapacidad financiera para hacerla entera. Esto es, al tiempo que renunciaba a parte de un contrato según el Gobierno gallego por no poder cumplir su propuesta financiera, la empresa ourensana ganaba otro en el que una competidora había quedado eliminada por presentar una oferta económica irrealizable.