Los trabajadores del sector del aluminio siempre insisten en que si una factoría para las cubas de electrolisis con las que se produce aluminio la fábrica ha muerto. Tal es el coste de su reactivación que los sindicatos de la planta de San Cibrao entienden que el interés de Alcoa por apagarlas solo tiene un objetivo: aplicar la política de tierra quemada y abandonar a su suerte a toda una comarca de la provincia de Lugo sin dejar as sus espaldas a un posible competidor de cara al futuro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la razón, prohibiendo que la multinacional americana apague el corazón de su fábrica.
El razonamiento adoptado por la sala de lo social del alto tribunal gallego es sencillo: Alcoa no puede apagar las cubas sin saber con certeza si el ERE que ha presentado contará con el aval de las autoridades públicas. El Gobierno central y el autonómico, por una vez trabajando al unísono, ya han anunciado que harán todo lo legalmente posible para tumbar el ERE que despedaza a una comarca que depende en gran medida de la fabricación de este metal que se usa en construcción de viviendas, automóviles y en un sin fin de aplicaciones industriales.
Los magistrados también se han posicionado sobre una posible intervención de la fábrica por parte del Estado. Consideran que la medida sería “desproporcionada”, sin esperar a que se resuelva antes el proceso de despido colectivo puesto en marcha por los dueños de la empresa pero abren la mano a un modelo de intervención que tenga por objeto único garantizar que no se apaguen las cubas.