En 1999 una veintena de vecinos de Culleredo, en el área metropolitana de A Coruña, cedieron varios solares a Promociones Naiguata, propiedad del constructor coruñés Manuel Gómez Landeira, a cambio de que, una vez lo permitiese el plan de urbanismo entonces en tramitación, edificase en ellos y les entregase a cambio varios pisos. El plan se demoró, el constructor nunca edificó y en 2009 pidió un crédito a otra empresa, Monelos Aparcamientos, de Antonio Fontenla, entonces presidente de la patronal gallega y ahora de la coruñesa. Landeira no devolvió el préstamo, Fontenla le embargó los solares y sus antiguos propietarios se quedaron sin pisos. Algunos de ellos lograron que un juzgado de lo Civil les reconociese en 2011 el derecho a una indemnización que Naiguata, en quiebra, nunca pagó. Ahora, otro juzgado acaba de archivar en la vía penal el caso y las imputaciones que pesaban sobre Landeira y Fontenla por entender que no hay “indicios objetivos de una acción concertada y fraudulenta” sino que todo fue fruto de los avatares del urbanismo de Culleredo.
En Culleredo es alcalde desde 1983 el socialista Julio Sacristán, que según vecinos afectados estuvo presente para avalar la operación en la notaría en la que estos firmaron las escrituras de cesión a Landeira de sus terrenos a cambio de futuros pisos. Los solares sumaban unos 8.500 metros cuadrados e incluían seis viviendas antiguas enseguida derribadas y de las que sus ocupantes tuvieron que marcharse, algunos de ellos para vivir de alquiler a la espera del piso prometido. Una década después el constructor no había iniciado las obras, según su declaración porque el Ayuntamiento le había prometido un incremento de la edificabilidad que nunca había llegado por la demora en la tramitación de un nuevo plan de urbanismo que aún ahora está pendiente de aprobación, permaneciendo hoy vigente el de 1987.
Cansados de esperar por los pisos que nunca recibieron, varios afectados reclamaron por la vía civil a Landeira, y fue entonces cuando descubrieron que los terrenos ya no eran suyos sino de la empresa de Fontenla. En 2009, diez años después de obtener los terrenos por la permuta, Promociones Naiguata de Landeira solicitó a Monelos Aparcamientos de Fontenla un préstamo de un millón de euros a devolver en solo dos meses con un interés del 1%. La primera no devolvió el dinero y a los pocos meses la segunda reclamó en los tribunales, que le dieron en compensación las fincas de Culleredo.
En abril de 2011 una sentencia civil obligó a Naiguata a indemnizar a cuatro propietarios originales o a sus herederos con un total de cerca de 450.000 euros, pero la empresa quebró y nunca pagó. Los afectados, destaca uno de ellos, están a la cola del resto de acreedores, con los bancos por delante. Y eso a pesar de que en el Registro Mercantil consta que en 2011, cuando aquella sentencia, Landeira contaba con una Sicav (Moriche Inversiones) con un patrimonio de 2,3 millones de euros, cuantía que había ido bajando desde los cerca de diez millones que había llegado a tener en 2008.
Aquel proceso civil de 2011 permitió abrir una investigación penal sobre la operación de crédito entre Fontenla y Landeira. En ella los demandantes destacaron el hecho de que el dinero del préstamo no fue ingresado en las cuentas de Naiguata sino de otra empresa de Landeira, y que la resolución del mismo sólo afectó a esos terrenos y no a otras propiedades que habían sido puestas como aval. De hecho, segundo destacaron los afectados, una vez obtenidas las fincas de Culleredo, Fontenla dejó sin reclamar “más de 400.000 euros que se seguían debiendo después de dicha ejecución” y, a pesar del mal resultado de la operación, Fontenla y Landeira intentaron después obtener “conjuntamente las licencias precisas para construir en tales terrenos”.
Para los afectados, esta sucesión de hechos revelaría una trama para dejarlos sin sus terrenos y sin la indemnización de manera que “la finalidad del préstamo sería la de traspasar mediante el procedimiento ejecutivo posterior la titularidad de las fincas que habían sido objeto de permuta de Promociones Naiguata a la sociedad del señor Fontenla”.
En su declaración en sede judicial como imputado, Fontenla, ahora presidente de la patronal coruñesa tras dejar la patronal gallega en una muy mala situación económica, aseguró que desconocía el origen de las fincas y que tampoco conocía al propio Landeira. Segundo dijo, fue una persona de su confianza la que le propuso la operación basándose en la fama de buen empresario que tenía Landeira y con el argumento de que era una necesidad puntual de fondos que podía devolver en breve con dinero procedente de la emigración. Sin embargo, según un informe pericial entregado por los demandantes en el juzgado, las dos empresas, la Naiguata de Landeira y la Monelos de Fontenla, estaban en quiebra técnica, como también acabaron en aquellos años otras firmas de los dos empresarios que se habían embarcado en otros proyectos frustrados.
La situación de Naiguata la ratificó un informe del grupo de blanqueo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, en el que se dice que Naiguata “no tiene actividad en la actualidad, y cuando menos no la tuvo desde el año 2012, figurando muy pocos movimientos entre 2009-2012 (sólo tres imputaciones de pagos a terceros) lo que reflejaría que ya entonces estaba prácticamente inactiva, siendo sus saldos bancarios casi en su totalidad de cero en las cuentas bancarias remitidas, no disponiendo igualmente de trabajadores”.
A pesar de esta sucesión de hechos, la jueza al frente del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha propuesto el archivo del caso porque a su ver “no se aprecian indicios objetivos de una acción concertada y fraudulenta” de Landeira con Fontenla. Según dice, fueron “las vicisitudes del proceso de desarrollo urbanístico” de Culleredo las que desembocaron en un resultado “incierto y completamente ajeno a la capacidad de acción de los querellados aún después de la adjudicación judicial de las fincas a Monelos Aparcamientos”.
Landeira, absuelto por otro préstamo dudoso
Esta propuesta de archivo formulada ahora por la jueza, contra la que los afectados anuncian un recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, se produce después de que en mayo Landeira ya fuese absuelto por esa misma audiencia en otro caso con otro préstamo no devuelto de por medio. En esa causa Landeira y dos empleados del Banco Pastor estaban acusados de delitos de apropiación indebida y estafa por supuestamente ponerse de acuerdo para engañar al propietario de la empresa Hierros Añón.
Manuel Añón, con la mediación de los empleados del banco, había aportado 63 millones de euros a un negocio inmobiliario de Landeira. Este empleó ese dinero como garantía para solicitar del Banco Pastor una póliza de crédito de 80 millones. Los jueces que los absolvieron consideran, en contra del que decía la Fiscalía, que Landeira no tenía “intención de no devolver la suma prestada por el señor Añón, no concurriendo, pues y ni de lejos, el requisito del engaño bastante consubstancial a todo delito de estafa”.
En los dos casos, la justicia considera que no hubo intencionalidad. Pero en los dos casos el resultado es similar: al igual que Añón se quedó sin su dinero, los antiguos propietarios de los solares de Culleredo se quedaron sin sus propiedades y sin expectativas de obtener una indemnización.