Mariano Rajoy no es bien recibido en su ciudad natal. Por lo menos no institucionalmente: en febrero de 2016, 17 de los 25 ediles del pleno municipal de Pontevedra acordaron nombrarlo persona non grata. La razón última de la iniciativa, la prórroga que su gobierno había concedido a la pastera Ence para sus instalaciones a la orilla de la ría. Lo hizo en funciones y hasta nada menos que 2073. Esa es la decisión que la Audiencia Nacional ha tumbado este viernes. Pero la historia de la factoría, su emplazamiento y la ciudad de Pontevedra nunca acabó de funcionar.
Fue Francisco Franco quien inauguró la fábrica de Lourizán (Pontevedra) en 1963. Su actividad había comenzado cinco años antes, tras la pertinente autorización del entonces alcalde, Xosé Filgueira Valverde. Antiguo militante del ala derecha del galleguismo, intelectual reconocido y celebrado por el Día das Letras Galegas 2015, hay quien asegura que se arrepintió de aquel permiso. En todo caso, ya fue controvertido en su día: la población de la zona, cuyo modo de vida estaba directamente relacionado con el mar, se opuso desde el primer momento. De poco sirvió.
Aquella planta, nacida al abrigo del Instituto Nacional de Industria (INI) de la dictadura, se convirtió en símbolo de la comarca. Pero no por su arquitectura industrial a pie de agua ni por la contribución al desarrollo del lugar, sino, sobre todo, por el mal olor que desprenden sus chimeneas. Las denuncias de emisiones o vertidos a la ría se suceden de manera periódica. En 2002 la compañía incluso lo admitió en sede judicial, cuando fue condenada por delito ecológico en la Audiencia Provincial de Pontevedra tras un proceso iniciado en 1990. Su mala prensa es tal que incluso el Partido Popular llegó a incluir en su programa electoral la promesa de su traslado a otra ubicación. Fue en 2009 y el candidato a la presidencia de la Xunta era Alberto Núñez Feijóo. La olvidó, por supuesto.
Todavía este mes de marzo, su actual consejero delegado, Ignacio de Colmenares, advertía en una reunión interna con trabajadores y directivos de la posibilidad de “un susto ambiental mayúsculo, que puede afectar además a las personas” si la Ley de Cambio Climático dificultaba la ejecución del plan estratégico de inversiones de la firma. Apenas unas semanas más tarde, elDiario.es revelaba documentación interna en la que Ence avisaba al Gobierno gallego de que había detectado elevados niveles de mercurio en sus terrenos, procedentes del desmantelamiento de una antigua filial.
Eucalipto y privatización
La actividad de Ence en Lourizán consiste en fabricar pasta de papel blanqueada. Lo hace a partir de la madera de eucalipto y, según explica la propia compañía en su página web, destina el 96% a la exportación al norte de Europa. Su alimento, el eucalipto, lo extrae de los cultivos forestales que ocupan el territorio gallego en proporción mayor de lo previsto por los planes de la Xunta. Y la transformación del mismo en “pasta de papel totalmente libre de cloro” lo hace sobre espacio marítimo terrestre privatizado.
La primera concesión para instalarse en dominio público marítimo terrestre la recibió Ence a través de una orden ministerial firmada por Franco en junio de 1958. Su fecha de vencimiento, 60 años después, 2018. Su privatización comenzó en 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, con la salida a bolsa del 39% de sus acciones. Aznar lo aceleró en 1996 al declararla “inmediatamente privatizable” y lo culminó en 2001, cuando pasó a control de un consorcio formado por Caixa Galicia, Bankínter y Banco Zaragozano. A partir de 2006, el accionariado fue reconfigurándose y en la actualidad es su presidente de honor, José Luis Arregui, el que posee la parte más amplia del capital.
La puerta giratoria de la empresa ha permanecido en todo momento bien engrasada. En su Consejo de Administración se sienta Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente en el primer ejecutivo de Aznar, justo el que acabó por vender la compañía. Y por él han pasado Carlos del Álamo, ex conselleiro de la misma materia con Fraga Iribarne, o Pascual Fernández, secretario de Estado de Aguas también con Aznar.
La protesta en las calles
BNG, que gobierna el Concello de Pontevedra desde 1999, y Partido Socialista se oponen históricamente al emplazamiento de la fábrica por sus efectos sobre el ecosistema del lugar. La protesta en las calles también es recurrente. La Asociación pola Defensa da Ría aglutina la oposición social al complejo pastero y ha convocado la última manifestación el pasado domingo, 4 de julio, bajo el lema habitual de Ence fóra da ría. La asistencia fue multitudinaria. Doce días después, la sección de Comisións Obreiras en la compañía llama a defender la continuidad de la planta en la ría.
800 empleos directos e indirectos en Pontevedra, Marín y Poio son los que Ence asegura generar. Las cifras de los sindicatos correspondientes a 2015 se referían a 270 trabajadores en la fábrica y 96 en las oficinas centrales.