La Ley de Conciliación de la que el PP ha hecho bandera en las últimas semanas tuvo -otra vez, como sucede con casi todo lo que propone Feijóo- una experiencia piloto en Galicia. Este curso recién empezado es el tercero en el que la educación de 0 a 3 años es gratuita en la comunidad, algo que sin embargo no ha supuesto una apuesta por la creación de plazas públicas. De los más de 32.000 pequeños matriculados en la comunidad, una tercera parte lo está en la red autonómica, 7.000 en las escuelas infantiles municipales y más de 13.000 en la privada. La Xunta cerró el período 23/24 aprobando, a finales de junio, una partida de más de 45 millones de euros para esas guarderías privadas o de iniciativa social destinada a continuar financiando una medida que “seguramente será para siempre”, según el presidente Alfonso Rueda.
La proposición de ley de los populares recoge la puesta en marcha de la gratuidad en su disposición adicional segunda: “Para garantizar a todas las familias el apoyo a las necesidades de conciliación y reducir las desigualdades en una etapa clave para la infancia y su desarrollo futuro, el Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobará un Plan para extender la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en toda España que será cofinanciado al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Dicha ampliación será progresiva, adaptándose la los modelos implantados en cada territorio, pudiendo establecerse ayudas directas a las familias que opten por no escolarizar a sus hijos en esa franja de edad”.
Esa “ampliación progresiva” que propone el texto de los populares también funcionó en Galicia. El proceso se inició en el curso 19/20, que ya fue gratis para las familias con dos o más hijos. En el 22/23 -con Feijóo en Madrid tras haber anunciado la medida y Rueda al frente de la Xunta-, se extendió al cien por cien del alumnado.
El próximo curso será el primero en equiparar las condiciones de acceso. Por tanto, los centros privados tendrán que aplicar los mismos criterios de preferencia que existen en los públicos: prioridad a las familias con hermanos en esa misma escuela, a los hijos de los trabajadores del centro y a los de familias en las que trabajen los dos progenitores o el único progenitor si es una familia monoparental. La renta, sin embargo, no se tendrá en cuenta.
La Xunta presume de su “liderazgo” en el nivel de escolarización en estos niveles. La tasa del curso pasado, del 56,4%, superó en diez puntos la media estatal, aunque sólo estaba una décima por encima de la segunda autonomía, Euskadi. Desde el inicio del proceso de gratuidad, esa ratio se ha incrementado en nueve puntos y puede seguir subiendo. A la espera de cerrar la de este año, fuentes de Política Social estiman que estará cerca del 60%.
Las críticas de los ayuntamientos
Si la propuesta de ley del PP habla de un coste compartido entre Estado y autonomías, el modelo gallego cofinancia también parte de las plazas: las más de 7.000 de las escuelas infantiles municipales. Y, al entender de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), lo hace de una forma claramente insuficiente.
En Galicia existen en total más de 550 escuelas infantiles para esos 32.000 alumnos. Además de las 175 que dependen directamente de la administración autonómica, 140 (7.293 plazas) son municipales -aquí se incluyen los llamados puntos de atención a la infancia- y 238 privadas, con 13.409 matriculados. La gratuidad le cuesta este año a la Xunta 105 millones, todos ellos procedentes de fondos propios. “El Gobierno central no aporta un céntimo”, apuntan desde Política Social, como recordando la cofinanciación que propone la ley popular.
Los 45,7 millones aprobados en junio -4,2 millones más que el curso pasado- para cubrir los costes de las escuelas privadas y de iniciativa social establecen hasta 338 euros por alumno y mes. Frente a eso, con algo más de la mitad de matrícula, las guarderías municipales reciben por el mismo concepto diez veces menos: una subvención de 4,6 millones -la misma que durante el período 23/24- a los que añaden otros 3,1 por gastos de mantenimiento, una partida que tampoco aumenta.
Antes de la gratuidad, el coste para las familias por cada alumno matriculado en uno de estos centros iba, en función de la renta, de los cero a los 169 euros mensuales. Y eso es lo que ha tenido en cuenta la Xunta para el reparto de fondos.
Según el estudio realizado por la FEGAMP, la subvención media por alumno de la Xunta a las guarderías privadas se eleva hasta los 309,90 euros; para las municipales -sumando escolarización y mantenimiento- se queda en sólo 92,90. A los ayuntamientos gallegos, mantener sus escuelas infantiles les supone en conjunto más de 25 millones de euros al año. Los 7,7 que aporta la comunidad apenas cubren un tercio del coste de un servicio que, a su entender, tampoco les corresponde, ya que es competencia autonómica.
Por eso, tras comprobar la congelación de las ayudas, la comisión ejecutiva de la FEGAMP reclamó a finales de julio a Política Social que asuma la “gratuidad íntegra” de las escuelas infantiles y los puntos de atención a la infancia municipales, al entender que “la atribución de este competencia de titularidad autonómica deberá ir acompañada de los medios económicos necesarios para su adecuado ejercicio”.