Desde este jueves, 20 de enero, España deja de producir aluminio primario. La última planta en la que se fabricaba este material, la que Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo, Lugo), hace efectiva la parada de las cubas de electrolisis. Sí se mantiene la producción de aluminio secundario, a partir de la refundición.
La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores tras más de un año de conflicto y negociaciones de venta frustradas. La plantilla aceptó la propuesta, que supuso un cambio en la estrategia de la multinacional, con resignación. Cuando votaron sí, lo hicieron eligiendo entre “una solución mala y otra peor”, según el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
El giro de guion se escribió a finales de noviembre de 2021. Alcoa había anunciado casi año y medio antes su intención de cerrar la planta de aluminio primario -en la misma comarca tiene otra de alúmina. Las conversaciones abiertas con intermediación de Gobierno central y Xunta para la venta de las instalaciones a otro productor fracasaron una y otra vez. La ministra de Industria, Reyes Maroto, no dudó en señalar a la empresa de origen estadounidense como responsable de que las conversaciones no fructificasen.
En medio de protestas continuas de los trabajadores, de la negativa del Gobierno a intervenir la planta y de reclamaciones millonarias -le pidió a Alcoa la devolución de ayudas de 34 millones de euros que estaban vinculadas a que se mantuviese el empleo-, la empresa propuso lo que denominó una solución “a medio-largo plazo”: parar las cubas -el corazón de la fábrica- durante dos años y reiniciarlas en enero de 2024; mantener los empleos y los salarios y no hacer un despido masivo al menos hasta que termine 2025; e invertir más de 60 millones de euros y reservar 31 millones más para el reinicio de la actividad. Lo hizo después de que que el Tribunal Supremo confirmase que el expediente de regulación de empleo (ERE) que había planteado para más de 500 trabajadores y con el que pretendía parar las cubas ya hace un año era nulo.
La plantilla aceptó el trato porque la otra opción podría ser el cierre y un nuevo ERE, pero lo asumió como “un duro golpe”. Zan carga contra Gobierno central y Xunta por la falta de alternativas. Al primero le recrimina en especial que no ofreciese un precio “competitivo” de la energía para estos dos años que la planta va a estar parada. Con la vista puesta en 2024, está negociando acuerdos de suministro de electricidad con empresas de renovables como Greenalia y Capital Energy. Desde que este jueves dejen de funcionar las cubas, los trabajadores se dedicarán a labores de mantenimiento y a formarse. Arrancar de nuevo en dos años será un proceso “técnicamente difícil”, señala el presidente del comité de empresa. “Nadie se va a su casa; el 100% de la plantilla va a seguir trabajando”, recalca.
Esta misma jornada se reúne la segunda mesa de seguimiento de la situación de Alcoa, con representación de las administraciones, los trabajadores y la empresa. Zan confía en que la empresa concrete cómo y cuándo se van a hacer las inversiones anunciadas para la planta. Tras la primera reunión después del acuerdo con los trabajadores, tanto la ministra Maroto como el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, volvieron a intercambiar reproches y ninguno de los dos mostró satisfacción por la solución planteada. Conde incluso deslizó dudas sobre el compromiso de Alcoa y dijo que no había motivo para la “celebración” puesto que la planta afronta una parada de la actividad que será temporal “si se dan por buenas las promesas de la empresa”.