El Parlamento Europeo ha avalado una ayuda de 1,2 millones de euros para los trabajadores despedidos de la empresa del aluminio Alu Ibérica, quebrada por el incremento de los precios de la energía y las materias primas. España pidió apoyo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG), cuya aportación servirá para ayudar a los 303 antiguos empleados a encontrar un nuevo trabajo “mediante orientación y asesoramiento personalizados, formación profesional y búsqueda de empleo”.
La votación en la Eurocámara, que ha salido adelante con 585 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones, permite a Bruselas el desbloqueo de esa ayuda para la recolocación de los trabajadores de la antigua Alcoa tras el cierre de la factoría de A Grela. La fábrica fue vendida a un fondo de inversión extranjero cuando Alcoa amenazó con su cierre y revendida a un tercero durante la pandemia. Ahora no encuentra un comprador tras la declaración del concurso de acreedores, según informó la Cadena Ser.
El informe del que ha sido ponente la socialista Eider Gardiazabal apunta a la pandemia y la guerra como elementos que han afectado a la competitividad de la economía europea y, por tanto, de España, como parte de las razones que están detrás del cierre así como a la inflación. Entre los argumentos del los eurodiputados está el impacto en la economía local de una zona (A Coruña) que ya de por sí tiene tasas de paro superiores a la media.
Igualmente, sostiene que los trabajadores desplazados por el cierre requerirán apoyo adicional en la búsqueda de empleo en la región dado que el 35% de ellos superan los 45 años y pueden enfrentarse a desafíos adicionales para el reciclaje laboral. Un 60% de las personas que buscan empleo en A Coruña están por encima de ese rango de edad, según recoge el Parlamento Europeo.
“Los trabajadores también reciben formación en las competencias clave y los conocimientos que necesitan para encontrar un nuevo empleo, incluidas capacidades informáticas básicas, operaciones y logística de almacenes y nuevas técnicas de soldadura, así como ayudas para obtener el reconocimiento formal de sus capacidades y de su experiencia laboral y de aprendizaje previa”, señalaba la propuesta de la Comisión Europea.
A los 1,2 millones de euros de los fondos comunitarios, la Xunta de Galicia tendrá que aportar otros 225.000 euros para que la ayuda total ascienda a 1,5 millones de euros.