Patricia Argerey Vilar fue la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) entre diciembre de 2016 y abril de 2024. A principios de julio trascendió que había fichado por Cipherbit, una empresa especializada en ciberseguridad integrada en el grupo Oesía. Solo cuatro días antes de que se formalizase su cese, la ex alto cargo había firmado una licitación en la que la adjudicataria es otra empresa del grupo Oesía, Tecnobit. No lo es en solitario, sino a través de una UTE (unión temporal de empresas) en la que participa también Aertec. El importe de la adjudicación son 21,6 millones de euros repartidos en cinco anualidades. El objetivo, que estas empresas actúen como socio estratégico de la Xunta en una iniciativa para desarrollar vehículos no tripulados.
La de Argerey fue una de las salidas de altos cargos anunciada con la formación del nuevo gobierno encabezado por Alfonso Rueda tras la mayoría absoluta de febrero de este año. La reorganización de competencias entre departamentos de la Xunta cambió la Axencia de Innovación incluso de consellería: pasó de depender de la de Economía a la de Educación. El decreto que comunica el cese de Argerey está fechado el 22 de abril –y publicado dos días después en el Diario Oficial de Galicia–. La adjudicación a la UTE de Tecnobit y Aertec está firmada por la ex alto cargo el día 18.
Y dos meses después, el 17 de junio, figura la autorización de la Consellería de Facenda, para que la que fue directora de la GAIN pase a la empresa privada. En concreto, para que ocupe el puesto de responsable del área de estrategia del departamento de desarrollo corporativo en Cipherbit. Una portavoz del grupo Oesía confirma en conversación con elDiario.es la contratación y expone que se debe a que el de Argerey es un perfil “muy valioso” en una empresa con “un alto componente de innovación”: “Por las circunstancias de la compañía, de alta tecnología, un aspecto crítico es el talento y, si encontramos un perfil que es bueno en este sentido, lo incorporamos”.
Los límites de esta autorización, según hace constar la propia Consellería, son los artículos 45 y 46 de la ley de transparencia y buen gobierno de Galicia. Es decir, los que especifican que los altos cargos no pueden tener fondos en paraísos fiscales en los dos años siguientes a su cese y que, durante ese mismo periodo de tiempo, tienen también vetado incorporarse como trabajadores a entidades privadas si han tomado decisiones sobre las mismas estando en el cargo.
La Consellería de Facenda es la encargada de revisar si el paso de un ex alto cargo a la empresa privada respeta la normativa por ser la que tiene competencias en función pública. En respuesta a las preguntas remitidas por esta redacción, se limita a señalar que le concedió la compatibilidad a Argerey porque considera que cumple específicamente el artículo 45.1 de la ley, aunque no aclara los motivos por los que llega a esta conclusión. Esa disposición dice que, en los dos años posteriores a salir de la Xunta, los altos cargos “no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo”. Es decir, el Gobierno gallego interpreta que el fichaje por una empresa del mismo grupo que Tecnobit respeta esta disposición.
La norma permite una excepción a la prohibición: las personas que se reincorporan a entidades privadas en las que ya habían trabajado antes de ocupar un alto cargo. No es el caso de Argerey, que es economista y que estuvo vinculada en el inicio de su carrera a las universidades CEU San Pablo y Complutense. En 2009 pasó a ser asesora de Alberto Núñez Feijóo, que había ganado ese año sus primeras elecciones en Galicia. En 2013 fue nombrada jefa de gabinete del conselleiro de Economía, que por aquel entonces era Francisco Conde. En ese cargo permaneció hasta que en 2016 asumió la dirección de la GAIN.
La adjudicación
Todo el proceso comienza en agosto de 2021. Ahí se abre la licitación para que la Xunta elija a sus socios estratégicos para desarrollar sistemas y vehículos no tripulados. Lo hace mediante acuerdos de asociación para desarrollos precomerciales. El contexto es el Polo Aeroespacial de Rozas (en Lugo), promovido por la Xunta y en el que ya se pusieron en marcha con anterioridad tres programas de innovación con las empresas Indra, Babcock y Boeing. Con los nuevos acuerdos, el Gobierno gallego se fijaba como objetivo atraer a más compañías del sector aeroespacial a este polo y crear nuevos productos y servicios. En total, eran 40 millones de euros que se podían repartir entre varias empresas. Un año después, en 2022, el Gobierno gallego amplió la cantidad hasta 49,9 millones.
Al proceso se presentaron una decena de interesados. Y la Xunta, a través del modelo de diálogo competitivo, terminó por adjudicar, en noviembre de 2022, el contrato a tres de ellos: Telespazio Iberica (8,9 millones), Babcock (12,3 millones) y Airbus (28,7 millones). Tecnobit no estaba en la lista inicialmente, pero hubo un cambio posterior. Según consta en la documentación publicada por la Xunta, la mesa de contratación se reunió en enero de 2024 porque un mes antes se había autorizado una modificación del contrato con Airbus. Se recortaban algunos de los proyectos “a consecuencia de la situación geopolítica actual” y, por lo tanto, pedía menos fondos públicos para llevarlos adelante. Ese dinero que quedaba sin destino con este cambio abría la posibilidad de recurrir a la empresa que había quedado en el siguiente lugar en la valoración. Esa era la UTE de Tecnobit y Aertec, a la que se concedieron 21,6 millones tres meses después con la firma de Argerey en sus últimos días al frente de la Axencia de Innovación.