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La exconselleira Farjas, contra Contas por su informe del hospital de Vigo: “Es una posición ideológica desequilibrada”

Pilar Farjas, exconselleira de Sanidade de la Xunta, en una imagen de archivo.

Beatriz Muñoz

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Pilar Farjas fue la primera conselleira de Sanidade elegida por Alberto Núñez Feijóo para sus gabinetes en la Xunta de Galicia. En 2009, recién llegada al cargo, se ocupó de desechar el proyecto que había heredado del bipartito de PSdeG y BNG para la construcción de un nuevo hospital en Vigo y sustituirlo por otro que, en lugar de una contratación de las obras tradicional, establecía un modelo en el que la financiación y los servicios no médicos quedaban en manos de empresas privadas. Es decir, las compañías se encargaban de levantar el edificio, la Xunta no pagaría un solo euro hasta que estuviese en servicio y, a cambio, habría durante 20 años un pago de un canon para devolver el coste de las obras y para costear los servicios como lavandería o restauración. Por su papel en todo el proceso, el Consello de Contas le permitió hacer alegaciones a su informe, que aflora que el sobrecoste del modelo elegido con respecto al tradicional fue de 470 millones. Y Farjas carga contra el ente fiscalizador, al que acusa de tener en su análisis “una posición ideológica desequilibrada”.

Para la exconselleira hay un enfoque que considera “valorativo prefijado” en el análisis de Contas, un ente dirigido por el conselleiro maior, Juan Carlos Aladro, elegido para el cargo a propuesta del PP y que es amigo personal del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El jefe del Gobierno gallego respondió en su momento a preguntas sobre las implicaciones de esta estrecha relación y aseguró que el vínculo es de “hace muchísimos años” y no es un problema para el desempeño de las tareas de fiscalización que tiene encomendadas Aladro.

Farjas dejó el cargo de conselleira solo dos años después de asumirlo y pasó a ser secretaria general de Sanidad con la ministra Ana Mato. Su periodo al frente de la sanidad gallega fue una sucesión de polémicas: desde la fórmula para el hospital de Vigo hasta la implantación de un catálogo para que la sanidad pública financiase solo los medicamentos más baratos en cada enfermedad. Sobre el modelo de colaboración público-privada, dice en sus alegaciones que la opción de hacer una contratación de obra pública tradicional “simplemente no existió a causa de la situación económica” en Galicia en el contexto de la crisis mundial que se desató en 2008. Le recrimina a Contas, que es un ente que tiene el encargo de fiscalizar a la Xunta, que no responda a preguntas como qué otros servicios tendría que haber dejado de hacer el Gobierno gallego para asumir el coste del hospital en aquel momento.

La exconselleira intenta también justificar sus decisiones con que el hospital Álvaro Cunqueiro dio servicio durante la pandemia, ocurrida 10 años después de que el Gobierno de Feijóo decidiese cambiar el modelo para construir el centro. Afirma que Galicia tuvo menos sobremortalidad que el resto de comunidades autónomas en el periodo 2020-2021 y que “esos son los verdaderos indicadores del valor social y sanitario” de las inversiones hechas en Vigo. Farjas aprecia otro “riesgo”, que es aplicar los criterios normativos en vigor en cada momento para la evaluación. Esto, opina, requiere un “rigor, finura y elegancia en el análisis que el informe no demuestra”.

También alegó al informe la conselleira que sustituyó a Farjas en Sanidade, Rocío Mosquera, que se remite igualmente a la crisis económica y al servicio prestado durante la pandemia. Y dirige también un reproche al Consello de Contas: “Considero que no es fácil para los auditores hacerse una composición de lugar de lo que fue la toma de decisiones en ese momento histórico, pero considero que juzgar el trabajo desarrollado tantos años después y en una situación económico-financiera y asistencial tan distinta no es posible”.

Contas, por su parte, responde a las alegaciones de ambas. Sobre las de Farjas señala que la exconselleira “solo expone criterios y opiniones sin aportar soporte documental ni normativo”, de modo que no las valora. Las de Mosquera, indica, “hacen referencia al contexto y a las dificultades para llevar a cabo la inversión”, por lo que tampoco las tiene en cuenta.

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