La explosión de un almacén pirotécnico ilegal en el sur de Galicia se salda con 4 años de cárcel para su responsable

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este jueves una vista de conformidad en la que Francisco G.L., responsable de un almacén pirotécnico ilegal que explotó en mayo de 2018 causando dos muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños, ha reconocido los hechos de los que se le acusa y ha aceptado 4 años de prisión, antes de dirigirse al tribunal para pedir “perdón”. En la vista de este jueves, el acusado ha hecho uso de su derecho a pronunciar la última palabra y ha proclamado (en gallego): “Siento mucho lo ocurrido, los daños causados, y pido perdón. Otra cosa no puedo hacer”.

El juicio se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad por el que el acusado ha reconocido la autoría de los hechos; a cambio, la Fiscalía ha rebajado su petición inicial de penas que sumaba 14 años de cárcel hasta dejarla en 4 años de prisión efectiva, la pena mínima dentro de lo legalmente permitido. Francisco G.L. ha admitido los hechos que se le imputan y ha declinado responder a la pregunta que le quiso formular el letrado de una de las acusaciones.

El Ministerio Público imputa al dueño de la pirotecnia dos delitos de homicidio imprudente y 28 de lesiones por imprudencia. Además de 3 de delitos por dedicarse a la pirotecnia contraviniendo las normas de seguridad establecidas y poner en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente.

Responsabilidad civil

La discrepancia ahora se encuentra en si está o no cubierta la responsabilidad civil por parte de Mapfre y si se sujeta al límite de la cantidad pactada con esta aseguradora contratada por el acusado, que era de un millón y medio de euros. Todas las demás aseguradoras se han mostrado conformes con las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal y no formulan oposición en cuanto a la responsabilidad penal.

La explosión supuso el fallecimiento de dos personas, un matrimonio que tenían dos hijos menores. Otras 36 personas sufrieron menoscabos físicos como consecuencia de la explosión, y también hubo 430 titulares de viviendas afectadas y 76 propietarios de vehículos.

Durante la vista oral han intervenido el fiscal y los 25 abogados personados en la causa que tuvieron un tiempo tasado de 20 minutos para exponer sus argumentos, coincidentes a la hora de señalar que no había exclusión de ninguna actividad en la póliza suscrita por el acusado con Mapfre. Sin embargo, el abogado de esta compañía, ha defendido que la causa de la explosión fue “una actividad particular ajena a la actividad mercantil” por lo que “había clandestinidad e intención de quedarse al margen de la ley, algo que le saca del contrato de seguro”. Además, entiende este letrado, que quedan excluidos “los siniestros derivados de actuaciones no sujetas a la normativa”.

El acusado disponía de hasta tres puntos de almacenamiento ilegal de elementos explosivos con la finalidad de eludir los controles administrativos preceptivos. El procesado, que estuvo en prisión provisional entre el 29 de mayo de 2018 y el 11 de marzo de 2019, era propietario, administrador y representante legal de la pirotecnia La Gallega, que dirigía de forma exclusiva tanto en los aspectos técnicos como los relacionados con la actividad industrial.

“Pasar página”

El presidente de la Asociación de Afectados de Paramos, Salvador García, ha señalado que la vista de este jueves es “el final de un período muy triste para los vecinos” y ha expresado su satisfacción por el hecho de que, aunque sea condenado a penas rebajadas, el acusado haya tenido que comparecer ante el tribunal. “Lo que no queríamos era que entrara en prisión por la puerta de atrás”, ha añadido. Según ha insistido, al término de la vista, “los vecinos lo que quieren es pasar página y olvidar todo”. “El acusado ha manifestado un perdón que los vecinos agradecemos, sin duda, aunque llega tarde”, ha lamentado.

A día de hoy, ha explicado, las viviendas del barrio de Paramos ya han sido restauradas y, el próximo paso para normalizar las vidas de los afectados, es resolver el pago de las compensaciones que faltan y dar por disuelta la asociación.