En julio de 2013, en pleno escándalo por el hundimiento de Pescanova, la periodista Lara Graña revelaba en Faro de Vigo que el presidente de la compañía pesquera había utilizado una red de empresas en paraísos fiscales para desviar fondos y obtener liquidez. Casi tres años después, con Manuel Fernández de Sousa alejado de la dirección de lo que ha quedado de la empresa e investigado por la Audiencia Nacional a causa de su gestión, la investigación periodística de los conocidos como papeles de Panamá' acaba de mostrar que el empresario reactivó una de sus empresas offshore, radicada en las Islas Vírgenes, justo cuando la compañía que dirigía estaba hundiéndose.
Según publica este jueves El Confidencial, periódico que junto al canal laSexta está difundiendo la filtración en la que indaga el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el 10 de julio de 2013, en plena crisis de Pescanova, un abogado de Ginebra, Alain B. Levy, se dirigió al bufete panameño Mossack Fonseca, centro de la investigación de los papeles, para solicitar un certificado que acreditara que, desde 2004, la sociedad International Gestion Finance S.A. estaba de baja y todos los bienes, transferidos a su propietario. A Manuel Fernández de Sousa, que estaba a una semana de perder la presidencia de Pescanova, justo cuando saltó a la luz, a través de una auditoría, la mencionada red de empresas en paraísos fiscales.
Esta compañía radicada en las Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal, existía desde 1998 y había quedado fuera de operaciones en 2005, cuando Sousa, cuenta El Confidencial, no había pagado la cuota correspondiente para mantenerla activa. En aquellos tensos días de julio el abogado que representaba al empresario caído en desgracia le pidió también a Mossack Fonseca acreditación de que los bienes que había gestionado la sociedad, 8.564 acciones de otra empresa llamada Sodesco, habían sido “transferidas” a Sousa. Sodesco era, precisamente, una de las sociedades a través de las que el presidente de Pescanova ejercía su control de la entonces empresa gallega.
El bufete de Panamá, relata El Confidencial, respondió que no podía ofrecer ese certificado, ya que no tenía la información que precisaba para hacerlo. El abogado del empresario, en otro correo, aseguró que su cliente estaba “en disposición de confirmar que las acción de Sodesco en poder de IGF han sido transferidas” a Sousa, para así poder “liberar a los miembros del consejo” de la offshore. “La versión del cliente (...) cubriría cualquier responsabilidad del consejo”, agrega. La documentación de Mossack Fonseca, indica el periódico, no refleja que Sousa hubiese realizado tal acreditación ni a qué miembros del consejo de la empresa radicada en las Islas Vírgenes quería exculpar. Por la compañía, dice El Confidencial, llegaron a pasar “una docena de nombres diferentes”.
Tras salir a la luz la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, el periódico que la ha revelado se puso en contacto con el entorno de Sousa. Un portavoz del expresidente de Pescanova, segundo la misma publicación, afirma que International Gestion Finance “nunca se utilizó para obtener ninguna ventaja fiscal” y asegura que las gestiones realizada en 2013 sólo tenían como objetivo “que se certificara que la sociedad ya no existe ni es titular de nada”.
“Ejemplo de galleguismo” y de “pueblo ganador”
Este episodio se suma a las sombras económicas y judiciales que rodean a Sousa desde el fracaso de Pescanova, concretadas en la investigación de la Audiencia Nacional por el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa, que todavía continúa. En el inicio del proceso, instruido por el juez Pablo Ruz, a Sousa le bloquearon sus cuentas bancarias y le impusieron una fianza de más de 170 millones de euros por su posible responsabilidad en la quiebra de la compañía. El pasado febrero, además, el Tribunal Supremo confirmaba una multa del Ministerio de Economía al empresario por importe de 300.000 euros a causa del modo en que gestionó la pesquera. Pocos años antes, el presidente de la Xunta situaba a Sousa como ejemplo de galleguismo“, de ”pueblo ganador“.
Este procedimiento supuso el abrupto final de una trayectoria empresarial íntimamente ligada al poder político y, en el caso gallego, concretamente al PP. Así, los populares gallegos apoyaron substanciosamente la Pescanova desde la Xunta con recursos económicos y ayudas, así como políticamente desde la oposición. Así, por ejemplo, durante el gobierno del bipartito de PSdeG y BNG el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tomó la bandera de la cruzada de Sousa para instalar una piscifactoría en el espacio protegido de cabo Touriñán que el PP había autorizado. “La ecología empieza por las personas”, decía entonces Feijóo mientras clamaba por los “derechos constitucionales” de Fernández de Sousa. La autorización de la factoría, según el Supremo, había sido ilegal.