Feijóo activa los mecanismos para garantizar el derecho a la eutanasia mientras Casado recurre la ley en el Constitucional

El mismo día que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia, una de las figuras de más peso dentro del partido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que Galicia ha activado los mecanismos para garantizar que se cumple ese derecho y afirmó que los interesados pueden iniciar el trámite de forma “inmediata”. “Todas las leyes que se aplican en un Estado se tienen que cumplir. Es la diferencia entre un gobierno leal y uno insumiso”, declaró ante la prensa horas después de que su partido llevase su disconformidad al Tribunal Constitucional.

En la víspera de que entre en vigor el grueso del articulado de la ley, lo que ha hecho la Xunta es tener “preparados” los tres documentos a los que “obliga” la norma para garantizar que las solicitudes se tramitan. Son el protocolo sobre el procedimiento administrativo, la guía técnica sobre el procedimiento médico y el decreto para crear la comisión de garantía y evaluación. Este último no está listo para aplicarse ahora mismo. Feijóo aclaró que está en fase de proyecto y el texto lo está analizando el Consello Consultivo. Considera que es “más seguro desde el punto de vista jurídico” este paso intermedio, que supone alargar el proceso. No ofreció un plazo concreto, pero sí dijo que entrará en vigor en cuestión “no de meses, sino de semanas” y que estará activa a tiempo para dirimir los primeros casos que se presenten. El tema, argumentó, es “muy importante” y esta comisión será la que decida cuando se den discrepancias entre los médicos encargados de cada petición. La integrarán 12 personas -siete médicos, dos profesionales de enfermería y tres juristas-.

El presidente gallego dijo que supone que hay peticiones de eutanasia en la comunidad, pero no le constan todavía porque el plazo para registrarlas no se ha abierto.

El barón del PP hizo alusión a que el Parlamento aprobó en 2015 por unanimidad una ley de cuidados paliativos. Aprovechó para reivindicarla como “más respetuosa con el conjunto de sensibilidades de la distinta población gallega y española”. En cualquier caso, aseguró que la norma estatal se cumplirá “taxativamente” en Galicia porque cree que “no se trata de dar la opinión de cada cual, sino de respetar el Estado de derecho”.

El debate sobre la muerte digna tiene ya recorrido en Galicia, desde donde pasó a primer plano en toda España en los años 90, con las peticiones de Ramón Sampedro, un hombre que pasó casi 30 años postrado en una cama. En un salto al mar en 1968 sufrió una lesión que lo dejó tetrapléjico y su activismo en favor de la eutanasia abrió la reflexión social. En 1998 consiguió suicidarse con ayuda de su entorno.

Galicia se sitúa con estos pasos entre las comunidades que avanzan en la aplicación de la ley. A pesar de que está aprobada hace tres meses, no entra en vigor en su parte fundamental hasta este viernes. Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado a finales de marzo solo había entrado en vigor un artículo que concedía tres meses para dar determinados pasos, entre ellos la creación de la comisión de garantía. Pero la mayor parte de las autonomías no habían constituido este órgano hace cinco días. Solo seis habían cumplimentado el trámite (Baleares, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), según la información recopilada por el diario El País. De ellas, solo tres anunciaron quiénes son sus integrantes. Feijóo, por su parte, no avanzó nombres ni tampoco criterios para la selección: “En el decreto seguro que se explica la composición y la forma”.

Este órgano va a tener la última palabra en los casos en los que hay discrepancias entre los médicos implicados. El protocolo sobre el procedimiento administrativo regula las figuras del médico responsable -que puede ser cualquier facultativo de atención primaria, a domicilio, atención hospitalaria u otro ámbito- y el médico consultor -un profesional que debe tener formación en la patología principal del paciente pero no podrá pertenecer al grupo asistencial del responsable ni ser el especialista que sigue habitualmente a quien solicita la eutanasia-. Este documento incluye también el formulario de objeción de conciencia, otro punto sensible. Los sanitarios no quieren, según Feijóo, que el listado de los objetores se haga público.