Cuando, hace dos semanas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió recurrir ante el Tribunal Supremo el reparto de fondos europeos hecho por el Gobierno central, la Xunta reveló que trabajaba desde el pasado diciembre en una ofensiva similar y que no la había llevado a cabo porque estaba a la espera de una respuesta del equipo de Pedro Sánchez. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a aplazar ahora su guerra con el Gobierno y va a darse un mes de plazo para intentar la vía de la negociación.
Según el Gobierno gallego, el requerimiento previo en protesta por el reparto de nueve millones de euros para la formación a desempleados se envió el 17 de diciembre. El dinero se distribuyó, según Feijóo, de forma “discrecional” y “opaca” y benefició a cuatro comunidades: Euskadi, Navarra, Extremadura y Comunitat Valenciana. Aunque inicialmente la Xunta daba un plazo de un mes para obtener una respuesta antes de acudir ante el Supremo y presentar un recurso contencioso-administrativo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha decidido posponer la vía judicial. Lo hace en un contexto en el que su partido ha emprendido una ofensiva contra el reparto de los fondos también en las instituciones europeas. Las respuestas de Bruselas, sin embargo, se han centrado en recordar que el dinero del fondo de recuperación llega una vez que se han cumplido los objetivos.
Feijóo aprovechó su rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete para volver a criticar al Gobierno central, que no hizo “ni una llamada telefónica” pese a que dar respuesta a los requerimientos entre administraciones es, según el presidente gallego, algo “sagrado”. “Vamos a intentar no denunciar al Gobierno de España y a intentar hablar”, añadió.
También se refirió al pago de unos ingresos por IVA que la Justicia falló que debían recibir las comunidades autónomas de la administración central. Son 221 millones de euros en el caso gallego, a los que se van a sumar 13 más de intereses de demora. Entre todas las comunidades, estos intereses ascienden a 100 millones, agregó Feijóo, y razonó que un gobierno que “no quiere negociar” sale “caro”. Esos fondos van a estar ahora, sin embargo, en manos de otras administraciones públicas.