Alberto Núñez Feijóo navega con cierta destreza por un pantano de contradicciones e ambigüedades cuando se aborda el asunto de la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás, ahora en manos de los herederos de Francisco Franco. Expropiar a la familia del dictador de un bien pagado con donativos forzados y dinero público para regalarlo, en plena Guerra Civil, al autoproclamado jefe del Estado sería aplicar “un mecanismo franquista”, sentenció hace exactamente tres años el presidente gallego. Cuatro meses antes, en mayo de 2017, el PP que encabeza se valió de su mayoría absoluta para impedir que el Parlamento autónomo reclamase al Congreso de los Diputados “la recuperación para lo público” de la emblemática fortaleza enclavada en Sada (A Coruña). En el debate que terminó hoy con su cuarta investidura como presidente de la Xunta, Feijóo negó “reclamar la paternidad de que Galicia esté en condiciones de recuperar” el pazo. La atribuyó, entre felicitaciones, al Parlamento gallego, en la que, por cuarta legislatura consecutiva, goza de plena hegemonía (43 de 75 escaños).
La sentencia de una juez de A Coruña que ordena a los Franco la devolución de las Torres del Meirás fue acogida ayer con múltiples declaraciones de satisfacción en las redes sociales por parte de la Xunta, el PP gallego y su jefe de filas. “El Pazo de Meirás es ya patrimonio de todos”, proclamaba en Twitter Feijóo, pese al esperado anuncio de la familia del caudillo de recurrir este primer fallo en una batalla judicial que se anuncia larga. Era precisamente el argumento de los populares gallegos para negarse, hace tres años, a pedir la recuperación de la singular fortaleza. “Daría lugar a numerosos procesos judiciales”, desde el Tribunal Supremo hasta la corte europea de Derechos Humanos, había argumentado el entonces portavoz parlamentario del PP. Y el debate, continuó, no es “juzgar al franquismo, sino aplicar el Estado de Derecho”.
Feijóo, en septiembre de 2017, amplió las explicaciones, haciendo suyas las tesis de la familia del dictador y de la fundación que lleva su nombre cuando explicó porque consideraba que expropiar el pazo sería aplicar “un mecanismo franquista”: “Los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el Pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 1938 cuando lo donamos a la familia”, arguyó el presidente autonómico. Que el emblemático monumento ideado por Emilia Pardo Bazán fuera “pagado” por los gallegos y “donado” al dictador es la teoría esgrimida en todas las instancias judiciales por los Franco para oponerse a la devolución. Y a los pocos días de estas declaraciones, el PP gallego aprobaría en solitario, con la abstención de una escéptica oposición sobre la practicidad de la iniciativa, constituir una comisión de expertos «para analizar los mecanismos» que permitiesen, eventualmente, incorporar al patrimonio público las Torres de Meirás. El texto de la propuesta estaba impregnado de la ambigüedad que profesan los populares gallegos y su presidente en este asunto: explicaban que el pazo estaba en manos de los herederos de Franco «jefe del Estado durante 40 años de dictadura“; que la devolución debía hacerse ”sin implicar un coste al pueblo gallego ya que lo asumió en el año 1938“.
Cierto es que, como reivindicó el PP de Feijóo en las redes sociales tras la sentencia del miércoles, aquella iniciativa suya dio lugar diez meses después a un sólido informe jurídico-histórico y un acuerdo unánime del Parlamento autónomo para emplazar al Estado a reclamar el pazo. Era el 11 julio de 2018 y no hacía un mes que Mariano Rajoy había sido desalojado de la Moncloa. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en su primer año de gestión, fue emplazado dos veces por el PP de Feijóo a lanzar una demanda judicial para recuperar las Torres de Meirás.
A la Xunta, con el cambio de color político en Madrid, le había de repente entrado prisas de acelerar un proceso que Núñez Feijóo heredó al llegar al poder en Santiago, en 2009, y con el fue lidiando entre pasividad y contradicciones durante la última década. Fue el Ejecutivo bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño el que, apremiado por el gobierno municipal de Sada, entonces en manos del BNG, se enfrentó a los Franco y declaró en 2008 el monumento Bien de Interés Cultural. Un decreto que obliga a los Franco a abrir el pazo al público cuatro días al mes. Los herederos del dictador recurrieron hasta la última instancia. Perdieron.
Cuando el Supremo desestimó la demanda de la familia del caudillo, en octubre de 2010, Feijóo llevaba ya año y medio al frente del Gobierno gallego. Y tardaría seis meses más en anunciar haber arrancado a los Franco un acuerdo para abrir al público el Pazo de Meirás. No conllevaría, había entonces asegurado Feijóo, “ningún pago, ni compensación”. Las visitas serían gratuitas. Pero eso sí, el erario público, de nuevo, como durante los casi 40 años en las que la fortaleza fue escenario estival de la dictadura, debía sufragar “los gastos de seguridad”. De las arcas públicas, los Franco cobraron 18.000 euros en 2011 y otros 21.200 al año siguiente para organizar las visitas del pazo.
Fueron continuos los desplantes e incumplimientos de los herederos del dictador con su obligación de abrir al público la fortaleza cuatro días al mes. La Xunta les abrió un expediente informativo, cerrado sin sanción, en 2016. En 2017, le impuso una multa leve, 4.500 euros, menos del máximo establecido en la ley. Tampoco se inmutó cuando la Fundación Francisco Franco, que asumió la organización de las visitas, dejó claro que aprovecharía para hacer apología de la dictadura. Feijóo se limitó entonces a emplazar a los Franco, en una declaración a los medios de comunicación, a “donar” el pazo si no eran capaces de cumplir con la ley del Patrimonio de Galicia.
“Darle vueltas a la dictadura franquista no forma parte de las prioridades ni del PP, ni de la mayoría de los ciudadanos”, declaró Feijóo cuando el año pasado se consumó la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Es exactamente lo que también arguye la Fundación que lleva el nombre del dictador.