Alberto Núñez Feijóo encara el ecuador de su campaña electoral interna para confirmarse como líder del PP en España. En su parada en Baleares este lunes presentó los puntos de su manual sobre cómo debe funcionar la exigencia de responsabilidades en la gestión pública: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. En la lista de centros sanitarios gallegos, sin embargo, no todos tienen las cuentas saldadas. Todavía faltan por pagar algo más de 500 millones de euros por la construcción del Álvaro Cunqueiro de Vigo, el principal hospital de la ciudad más poblada de Galicia.
Hace tiempo que los hechos consumados atenuaron las protestas que acompañaron al proyecto, rodeado de polémica desde que se planteó y hasta tiempo después de que las habitaciones se llenasen de pacientes. Por esa infraestructura, inaugurada en 2015, la Xunta sigue abonando cada año un canon millonario. Y seguirá haciéndolo hasta mediados de la próxima década porque el modelo escogido para construirlo fue una colaboración público-privada que puso la financiación y los servicios no sanitarios -limpieza, lavandería, restauración y otros- en manos de un grupo de empresas. El acuerdo implicaba que las arcas públicas no empezaban a desembolsar el dinero para levantar el edificio de forma inmediata: los pagos no empezarían hasta el momento en el que el hospital estuviese operativo, pero se extenderían durante 20 años.
Según los presupuestos de la Xunta para 2022, este año la cantidad que se pagará a la Sociedade Concesionaria Novo Hospital Vigo por la parte de la construcción del edificio será de 37,7 millones de euros. Para las siguientes anualidades quedan otros 478,1 millones más por este mismo concepto. Pero a estas cantidades hay que sumar las que el Gobierno gallego entrega a la concesionaria por los servicios no sanitarios, que elevan el total en este ejercicio por encima de los 71 millones de euros.
El coste total del edificio previsto por la Xunta cuando se presentó el contrato era de 1.400 millones de euros. Feijóo desechó a su llegada al Gobierno gallego, en 2009, un proyecto elaborado por el equipo anterior -el bipartito de PSdeG y BNG- y que estimaba que la construcción costaría menos de 500 millones de euros. El todavía presidente gallego replanteó la obra y decidió que la fórmula para levantar el nuevo hospital, destinado a atender a una población de 600.000 personas en el área sanitaria, sería una colaboración público-privada con un pago aplazado que obligaría durante décadas a los sucesivos gobiernos gallegos. La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas.
La elección de la colaboración público-privada recibió las críticas de la oposición política y del sector sanitario, que las mantiene a día de hoy. El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Marín, cree que la confirmación de que la fórmula resulta “ruinosa” está en que la Xunta no ha vuelto a recurrir a ella para otros hospitales. El de Pontevedra, señala, se financia con fondos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Si se llega a extender a otros hospitales hubiese sido un desastre económico imposible de financiar”, insiste. Carga también contra Feijóo, del que dice que “ha basado su política sanitaria en desmantelar, favorecer a multinacionales y mentir descaradamente”.
Marín recuerda las multitudinarias protestas organizadas en Vigo cuando el nuevo hospital empezó a funcionar: “Perdimos la batalla, a pesar de las movilizaciones”. Las pancartas y los manifiestos pedían entonces que el hospital fuese íntegramente público y denunciaban deficiencias en las instalaciones. La propia apertura no estuvo exenta tampoco de problemas. Con partes del edificio todavía en obras, en 2015 el Gobierno gallego decidió empezar a trasladar a los pacientes, pero paró los movimientos de forma repentina. Aunque la Xunta tardó días en admitirlo, los gérmenes que habían encontrado en el nuevo edificio eran hongos Aspergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis fallecimientos en el hospital Meixoeiro de Vigo.
A pesar del desembolso que supone el Álvaro Cunqueiro, el hospital no es suficiente para cubrir toda la demanda sanitaria del área de Vigo y la Xunta reserva cada año fondos para los conciertos con entidades privadas. El Gobierno de Feijóo prevé destinar 50 millones de euros en los próximos años a un acuerdo para que los hospitales privados cubran la “insuficiencia” de la infraestructura pública en Vigo y atiendan por primera vez urgencias. La fórmula del concierto es conocida en una ciudad en la que el Sergas deriva desde hace décadas a parte de sus pacientes a hospitales como el de Povisa, en manos del grupo Ribera Salud.