Feijóo se centra en el enfrentamiento con el Gobierno de España en la recta final de la legislatura gallega

“Qué morro, qué jeta y qué cara”. El pasado jueves el presidente de la Xunta se expresó de este modo durante la respuesta a un periodista que le había preguntado sobre los fondos de la financiación autonómica que el Estado no ha transferido a Galicia -198 millones bloqueados por la reforma del IVA aplicada por el Gobierno de Rajoy en el año 2017 y todavía no compensados-.

El tono de la respuesta, en la que Alberto Núñez Feijóo acabó mofándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descalificando como “gracietas” sus explicaciones al respecto, es un buen termómetro de los meses que faltan hasta que el propio Feijóo firme el decreto de disolución del Parlamento de Galicia y convocatoria de elecciones.

A la legislatura gallega le quedan, como máximo, unos siete meses. En los círculos políticos surgen cada semana los rumores de adelanto electoral -en los últimos días se ha hablado del 19 de abril o de varias fechas de mayo para la cita con las urnas-. También surgen reflexiones sobre una cuarta candidatura de Feijóo que parece inevitable y  composiciones de lugar sobre la manera en que se articularía una coalición de izquierdas en la Xunta si el PP pierde la mayoría absoluta y una eventual representación de la extrema derecha de Vox no le resulta suficiente para retener el poder.

De cualquier modo, la carrera está lanzada y la maquinaria partidaria más potente de Galicia, la del PP, ya está a pleno rendimiento y aferrada a una idea fuerza: el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos castiga a Galicia y le resta inversiones para dárselas al independentismo catalán. Una -pequeña- muestra de esto es la jornada organizada por el PP el pasado fin de semana, en la que el partido propició encuentros de sus diputados y diputadas con los miembros del Gobierno gallego para que exalten las medidas del gabinete de Feijóo por toda la comunidad.

La parte pública del acto finalizó con un mitin de Feijóo a los suyos, un relatorio de lo que el PP señala como agravios del PSOE -pero también de Unidas Podemos y del BNG- a Galicia en materia de financiación u obras del AVE, entre otras. A saber: el nuevo Gobierno de España “ha perdido la dignidad con los independentistas y la vergüenza con los gallegos” y hace que “resulte efectivo cometer delitos” .

En clave interna, quien es presidente de la Xunta desde hace 11 años reiteró su apelación a la “moderación”. El PPdeG no está sometido a “imposiciones minoritarias” ni a las “posiciones extremas”, advirtió. Y además, “nuestra comunidad tiene su propia agenda y prioridades”, proclamó en un acto en el que la palabra “Galicia” era más visible que las siglas “PP” y tras el que el servicio de prensa de la formación distribuyó una imagen de su líder ante una pantalla gigante mostrando una enorme bandera gallega. Todo esto en un contexto en el que, no obstante, parece difícil que pueda evitar la presencia de Pablo Casado en Galicia a medida que se acerque la cita con las urnas.

Iniciativas parlamentarias dirigidas al Gobierno central

Muestra de la importancia que el PP otorga a la confrontación con el Gobierno central en su estrategia preelectoral son sus prioridades en el pleno que este martes comienza en el Parlamento de Galicia, el primero de 2020 y también el primero del que se presenta como último período de sesiones de la legislatura. En él, cuatro de las cinco iniciativas planteadas por los populares van dirigidas al Gobierno central y a ellas se añade una comparecencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dedicada explícitamente a desgranar peticiones al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

El PP defenderá proposiciones no de ley para “demandar al Gobierno central con el fin de simplificar el proceso de retorno de los españoles y de sus familias” y para “exigirle la convocatoria urgente de la Mesa de As Pontes” sobre el cierre de la térmica de Endesa en esa localidad. En el turno de preguntas al Gobierno, el PP propiciará que varios conselleiros se pronuncien sobre “lo anunciado por el Gobierno del Estado en materia energética” y con relación a la “decisión del Gobierno español de dejar sin servicio de venta de billetes presenciales” varias estaciones de tren.

La única iniciativa del PP en el pleno que no está vinculada al Gobierno de España es una pregunta destinada al conselleiro de Sanidade sobre uno de los principales focos de conflicto para la Xunta en los últimos meses, el hospital de Verín. La han concebido para que Jesús Vázquez Almuíña hable de la “previsión, por parte del Gobierno gallego, de actuaciones de mejora” en este centro sanitario de la comarca de Monterrei.