2,3 millones de gallegas y gallegos, los que viven en los 296 ayuntamientos que envían sus residuos a la planta de incineración de la empresa pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), pagarán un 34% más por el tratamiento de la basura. Los ayuntamientos, que hasta ahora pagaban 61,5 euros por tonelada de desechos tratada, pasarán a abonar 82,1, un incremento que se aplica sobre el 50% de la factura que se remite a los hogares, pues la otra mitad del recibo se refiere a otros conceptos.
El origen de esta subida está en la necesidad de la planta de Sogama de equilibrar sus cuentas. La incineradora de Cerceda ha visto reducidos los ingresos que obtiene por la venta de la electricidad en unos 13 millones de euros anuales, tras la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de eliminar las primas a las renovables. Gas Natural-Fenosa, que posee el 49% de Sogama, no quiere aceptar una bajada en los beneficios de la incineración, y la Xunta tampoco se quiere hacer cargo de las pérdidas generadas por el sistema de tratamiento de residuos que promueve. Se lava las manos en este asunto y le traslada directamente el incremento a los ayuntamientos, que ahora deberán decidir de qué manera se lo repercuten a los vecinos. El malestar en la mayoría de los gobiernos municipales es máximo y es seguro que se hará notar en las próximas semanas.
La organización ambientalista ADEGA recuerda que la estrategia de la Xunta y de Sogama en los últimos años ha sido la de “fijar un precio político para el tratamiento de la basura y poder así competir artificialmente con los sistemas alternativos basados en el compostaje”. La entidad destaca que estos sistemas, como el de la Mancomunidad del Barbanza, basados en la reducción y en el compostaje, además “de ser más ecológicos, suponen un mayor ahorro para los ciudadanos y los ayuntamientos”. “Por mucho que la propaganda intoxicadora de la Xunta presente a SOGAMA como la opción más barata, la realidad es que nunca lo ha sido, y ahora mucho menos”, añaden.
La asociación ecologista insta, finalmente, a los ayuntamientos y diputaciones gallegas “a rebelarse contra la dictadura de Sogama” y “desengancharse” de la incineración. “Se puede salir de este sistema perverso apostando por modelos descentralizados o mancomunados que gestionen los desechos con tecnologías sencillas, baratas y ecológicas”, dicen. Sogama solo recicla el 1,5% de los residuos que le llegan, según reconoce en su Memoria de 2008, frente al promedio del 24% que se registra en el conjunto de la UE. La planta de Cerceda incinera el 51% y manda directamente a su escombrera el 47%.