En las vísperas de la visita del papa Benedicto XVI a Compostela, en noviembre de 2010, la Iglesia se puso al frente del dispositivo de seguridad. Santiago, territorio vaticano rezaba un titular de prensa para sintetizar la operación de las autoridades católicas, de las que dependían en última instancia los movimientos de 6.000 agentes de la policía española y, especialmente, de todo lo que aconteciera en torno a la catedral. Esa delegación de competencias había suscitado en aquel entonces cierta polémica, toda vez que el templo compostelano, igual que el palacio arzobispal, es propiedad de la Iglesia católica y, por lo tanto, un recinto privado en el que se desplegaron ingentes recursos públicos. Ese carácter privado fue obviado este miércoles por el presidente de la Xunta para, en un inédito paralelismo, intentar garantizar la condición pública del Servicio Gallego de Salud.
Después de la huelga que la semana pasada paralizó en gran medida la actividad del Sergas y sacó a millares de personas a las calles, los tres grupos de la oposición cuestionaron a Alberto Núñez Feijóo por el futuro del sistema público de salud. “La ciudadanía salió masivamente a la calle para defender la sanidad pública” y “su respuesta ha sido sustituir la realidad por la propaganda” con anuncios en la prensa, le reprochó al presidente el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, para quien las protestas del personal sanitario y de la sociedad están más que justificadas porque “desmantelan la sanidad pública para que otros hagan negocio. Privatizan el 112, la alta tecnología, la plataforma logística” o incluso “la gestión de hospitales”, aunque tenga “un coste cuatro veces superior”.
Para el jefe del Ejecutivo, no cabe preocupación por el Sergas porque “estamos invirtiendo más que nunca” y “blindando” su carácter público. “Lo que le puedo asegurar es que llevan tres décadas hablando de privatización” y “usted –le espetó a Jorquera– estará jubilado y seguirá hablando de privatización: el problema es que ya no lo cree nadie”. “Cualquier hospital público en Galicia tiene la misma garantía de público que la catedral de Santiago”, proclama el presidente entre risas de la oposición, que minutos después ya recordaba, a través de las redes sociales, que el recinto eclesiástico sigue siendo propiedad de la Iglesia católica.
Más miel que agua
Catedrales al margen, el presidente suscitó también la hilaridad en el hemiciclo al intentar, implícitamente, enmendar sus declaraciones en las que, en un acto público, recomendó consumir “menos fármacos y más miel”. Los anuncios de la Xunta, ironizó Jorquera, dan a entender que “la situación crítica de nuestra sanidad” se debe “al uso irresponsable por parte de los usuarios; solo les falta utilizar el lema sanidad pública, no recurras a ella y toma miel”. El portavoz nacionalista no logró saber “cuánto han costado esos anuncios”, pero sí obtuvo una explicación de Feijóo: “hay muchos medicamentos de baja utilidad terapéutica” cuya composición es mayoritariamente “agua”. “Entre el agua y la miel, yo me quedo con la miel”, sentenció tras fiar la “sostenibilidad” del Sergas la que la ciudadanía haga “una utilización racional” de él.
Con todo, Feijóo insiste en que en Galicia hay ahora “más sanidad pública” que hace cinco años, cuando él llegó a San Caetano, y por eso no acepta las críticas de Jorquera ni tampoco las de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, para quien Feijóo debería haber empezado por “repasar las notas de derecho canónico” para aclarar la propiedad catedralicia. Para Díaz, decisiones como la creación de las áreas de gestión clínica son sinónimos de un “saqueo” que, además, tiene “el rostro de la corrupción” en operaciones como las colaboraciones público-privadas, un “modelo” que “mata” y contra el cual el personal se movilizó en una huelga que el presidente desdeña porque “de los seis sindicatos” que conforman la correspondiente mesa sectorial, “convocaron la huelga tres y otros tres, no”.
“Ni privatizamos ni privatizaremos la sanidad pública”, insiste Feijóo, en cuya opinión AGE no debería haber realizado preguntas a este respecto, toda vez que “hay una diputada de AGE que trabaja en el único hospital privado que hay en Galicia”. “Privatizan la cita previa, las historias clínicas, la receta electrónica” y ahora, indirectamente, “las listas de espera” con la ley de garantías, insiste Díaz. “Lo único que se ha privatizado aquí han sido los escaños de Izquierda Unida”, resolvió el presidente.