Feijóo y las lenguas: presume de “bilingüismo cordial” pero fue el primero en reducir el gallego en la escuela

A Alberto Núñez Feijóo le gusta hablar de “bilingüismo cordial” para referirse a las políticas de sus sucesivos gobiernos en Galicia respecto a los dos idiomas oficiales de la comunidad. Lo repite ahora como líder del PP español, pero siempre en referencia a lo que propone para el catalán. Su estrategia de relativa moderación discursiva hacia Catalunya, territorio en el que considera imprescindible mejorar resultados electorales, y su lengua propia le ha valido reproches de los sectores más a la derecha de su propio partido. Vox incluso lo ha llegado a tildar de nacionalista gallego encubierto. Pero los hechos, como sucede a menudo con Feijóo, dibujan otra realidad: fue él quien rompió unilateralmente el consenso lingüístico de la era Fraga e hizo retroceder, por primera vez en la autonomía, la presencia del gallego en la enseñanza.

No solo eso. Organismos europeos han reprendido en varias ocasiones a la Xunta de Galicia por incumplir sus compromisos en protección de lenguas minorizadas. Todavía en 2019, el Consejo de Europa alertaba de que “la transmisión del gallego de padres a hijos ya no está garantizada y, por lo tanto, la proporción de alumnos con dominio del gallego como idioma de la vida cotidiana también ha disminuido significativamente”. Dos años después, la misma institución hacía constar que la legislación gallega vigente en la enseñanza contraviene la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrita por el segundo gobierno de Aznar en 2001: la distribución entre lenguas de las asignaturas no es equitativa y las limitaciones al gallego en la escuela no han sido eliminadas. Detrás de estos apercibimientos hay una larga historia, que comienza en el tramo final de las presidencias de Fraga Iribarne.

Ruptura unilateral del consenso

En 2004, los tres partidos con escaños en el Parlamento de Galicia –PP, PSdeG y BNG– aprobaron por inusual unanimidad un Plan de Normalización Lingüística. Se trata de un documento con más de 400 medidas concretas “elaboradas a partir de la realidad lingüística de Galicia para favorecer el uso del gallego en los distintos ámbitos de la sociedad y garantizar que cualquier ciudadano pueda vivir plenamente en gallego”. Para la enseñanza prescribía oferta en gallego para la etapa preescolar (0-3 años), un mínimo de un tercio del horario en gallego en zonas de dominio del castellano, y para primaria, ESO y bachillerato, al menos la mitad de las materias, con especial atención a las materias troncales como las matemáticas. Todo esto había contado con el respaldo de los populares. Hasta que Feijóo sucedió a Manuel Fraga al frente del partido.

El cambio de rumbo del PP fue antológico. De un día para otro, su portavoz en estos asuntos, Manuela López Besteiro, se desdijo y llegó a afirmar que la implantación de ese 50% que recomendaba el plan que ella misma había aprobado con su voto conculcaba “los derechos lingüísticos de los alumnos y los padres”. Era 2007 y López Besteiro acababa de participar en la concreción legislativa de aquel documento, realizada en 2007 durante la legislatura del bipartito (el ejecutivo de PSdeG y BNG presidido por Pérez Touriño). Cuatro meses bastaron entonces para desmontar el laborioso acuerdo alcanzado en 2004 e integrar a la derecha gallega en la corriente nacionalista española desplegada por el último Aznar.

Feijóo, un hombre nacido en la pequeña localidad rural de Os Peares (Ourense) pero sin demasiada soltura con la lengua gallega, había olido sangre electoral. Un grupúsculo contrario a la enseñanza del gallego, Galicia Bilingüe, comenzaba a tener audiencia entre sectores escorados a la derecha y a contar con el favor de algunos medios de comunicación. El PP de Feijóo también compró la mercancía, hasta el punto de enviar a varios dirigentes de primer nivel –el ahora presidente de la Xunta Alfonso Rueda o la exministra Ana Pastor– a una manifestación en Santiago de Compostela contra la política lingüística del bipartito. Feijóo, eso sí, se cuidó de asistir. Fue en febrero de 2009. Solo un mes más tarde, y por sorpresa, el PP recuperaba el Gobierno gallego por la mínima.

Jesús Vázquez, un profesor universitario de Ourense, se hizo con la Consellería de Educación y se convirtió en el principal encargado de materializar la estrategia de Feijóo respecto a las dos lenguas oficiales de la comunidad. El denominado “decreto del plurilingüismo” constituyó, así, la primera norma en la historia de la comunidad que redujo la presencia del gallego en las aulas. Lo aprobó el PP en solitario. La oposición parlamentaria, los sindicatos, la comunidad educativa o incluso la Real Academia Galega mostraron su rotundo desacuerdo. Esta última entidad, de perfil institucional, incluso lo llevó a los tribunales, llegó al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos desestimaron su recurso. Hubo enormes manifestaciones callejeras en contra.

La ley Feijóo retrocedía respecto a los criterios del plan que su propio partido había refrendado en 2004. E incluso llevó al Diario Oficial de Galicia la prohibición taxativa –algo inédito– de emplear el gallego en algunas asignaturas: en primaria, no puede usarse en matemáticas; en secundaria, ni en matemáticas, ni en tecnología, ni en física y química. En infantil, remitía a una encuesta a las familias que tumbó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar ilegal que los padres y madres decidiesen la lengua escolar.

El nuevo marco normativo, aún vigente, es el que se ha ganado las reprimendas del Consejo de Europa o de la Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística, que reúne gobiernos, universidades y asociaciones de toda Europa. Su asamblea, reunida en Santiago de Compostela el pasado noviembre, reclamó la derogación del discutido decreto. La Real Academia Galega volvió a sumarse a la exigencia. Pero el Gobierno gallego, ahora presidido por el mismo Alfonso Rueda que en su día posó en la marcha de Galicia Bilingüe, no atiende a razones.

Partidas para el gallego reducido a la mitad

Al menos sobre el papel, el Plan de Normalización Lingüística de 2004 y el decreto Feijóo de 2010 comparten objetivos en lo referente a la escuela: la adquisición de idéntica competencia en las dos lenguas oficiales de la comunidad. Pero no está funcionando. Hace un año, un informe de la Real Academia Galega lo confirmaba. El sistema educativo funciona como agente desgalleguizador, y entran en él más alumnos gallegohablantes de los que salen. Los estudiantes abandonan la que el Estatuto denomina lengua propia de Galicia a medida que avanzan en las etapas escolares. El presidente de la institución, Víctor Freixanes, solicitó entonces una “urgente reflexión” de los poderes públicos y recordó que el problema para la transmisión del gallego no reside únicamente en los colegios. “Hay que ir más allá, y abordar los espacios en los que los jóvenes socializan”, dijo.

La Xunta primero de Feijóo y ahora de Rueda tampoco parece, sin embargo, presupuestariamente preocupada. La Secretaría Xeral de Política Lingüística, que concentra las partidas dedicadas a la promoción del gallego, ha visto como su presupuesto se reducía a la mitad en los 13 años de gabinetes del PP. En 2009, las últimas cuentas del bipartito, era de de 21,5 millones de euros. En 2022, las últimas de Feijóo, de 10,1. Ni siquiera las multitudinarias protestas, surgidas al calor de la oposición al decreto y que ahora se repiten cada 17 de Maio –Día das Letras Galegas–, parecen capaces de modificar el presunto “bilingüismo cordial” de los populares. Que, en realidad, ha sido bastante más cordial con el castellano que con el gallego.