“Yo no tengo ninguna información del Gobierno central. En absoluto, ninguna. En una emergencia nacional, además de humanidad y sensibilidad, se necesita colaboración”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió este jueves a Valencia a hacerse la foto junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a criticar al Gobierno central por su supuesta falta de información y de colaboración en la catástrofe provocada por la DANA. Apenas unos minutos después de estas palabras, Mazón comparecía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que entonces agradeció “todas las decisiones coordinadas”. “Esta colaboración y esta comunicación son fundamentales, necesarias. Vamos a seguir con ellas”. La diferencia entre las palabras de uno y otro es la que va del papel de gobernante autonómico, con responsabilidad y competencia en lo sucedido, al del paracaidista que acude a tratar de sacar rédito político de una desgracia. Un comportamiento que Feijóo ha convertido en marca de la casa desde su llegada a la primera línea política, hace casi dos décadas.
“Con nosotros no moría gente en los incendios y, con ellos, cuatro personas”. En enero de 2007, cuatro meses antes de las elecciones municipales, un Feijóo que lideraba la oposición en Galicia lanzaba la precampaña desde la localidad coruñesa de Carballo. En un acto en el que el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió abiertamente el voto, Feijóo atacaba al gobierno bipartito por su gestión de la ola de fuegos del verano anterior, aquella en la que él mismo fue fotografiado empuñando hacia unos rescoldos una manguera de jardín vestido con camisa, zapatos y vaqueros.
Aquella oleada calcinó, según la Xunta, 77.000 hectáreas entre el 3 y el 15 de agosto, aunque los populares, utilizando supuestos datos de la NASA, multiplicaron esa cifra hasta las 175.000 antes de que se conociese cualquier recuento oficial. El segundo día de fuegos, el viernes 4 de agosto, dos mujeres -madre e hija- sufrieron un pequeño accidente en su coche, que quedó rodeado por las llamas en Cotobade (Pontevedra, hoy Cerdedo-Cotobade). Ambas murieron asfixiadas por el humo. Lo mismo le sucedió días después a un hombre de 70 años que luchaba contra otro foco en Campo Lameiro. El funesto póker se cerraba con un septuagenerio más fallecido en A Cañiza, también en la provincia pontevedresa. Murió con el 25% del cuerpo quemado tras, aparentemente, caer cuando intentaba defender su casa de un incendio.
La frase que pronunció en Carballo regresó como un boomerang a Feijóo tres años después. El 12 de agosto de 2010, con el PP de vuelta en la Xunta, dos brigadistas de 27 y 35 años fallecieron en un incendio forestal en Fornelos de Montes. Y esa vez sí existió responsabilidad del Gobierno autonómico. Fue lo que sentenció en 2017 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que el “deficiente funcionamiento de los servicios públicos” influyó en el fatal desenlace. Ese mismo otoño, por cierto, en una oleada que esperó al final del verano, otras cuatro personas perdieron la vida. Pero hacía tiempo que el presidente de la Xunta ya estaba arrepentido de sus palabras.
Desde su triunfo en las urnas -y, especialmente, desde la muerte de los brigadistas-, Feijóo optó por alejar los focos de la labor de la administración y ponerlo sobre la “actividad criminal” de los incendiarios. Las catástrofes ecológicas pasaron a ser un problema de orden público, de “tramas terroristas organizadas” contra las que nada hacía el Gobierno central de Zapatero ni el Ministerio del Interior de Rubalcaba. Otra vez la pelota al tejado de Madrid, como intentó hacer este jueves desde Valencia, al arropar al mismo Mazón que luego se desharía en agradecimientos con Sánchez, y defender el papel de los presidentes autonómicos frente al ejecutivo central.
“Son ellos los que han cargado con el peso de esta emergencia nacional” y han sido “una piña”, un “ejemplo de colaboración y solidaridad”. Feijóo no pudo resistirse a hablar de sí mismo: “He sido presidente autonómico mucho tiempo y sé la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas y, sin embargo, los ciudadanos le piden una responsabilidad adicional”. Por eso, ante una actuación de la Generalitat de la que dice estar “orgulloso”, sólo ha arrojado dudas sobre las advertencias que lanzaron dos entes estatales: AEMET y la Confederación Hidrográfica: “Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta o que puede ser mejorable”. Otro boomerang que puede acabar viniendo de vuelta.