¿Ética o estética? El próximo martes, el presidente de la Xunta protagonizará en el Parlamento su controvertida comparecencia sobre “medidas de impulso democrático”, con la que el Gobierno gallego procura reemplazar a las peticiones de explicaciones de la oposición sobre casos como la trama Zeta y que, en la práctica, supondrá un debate monográfico respecto a la corrupción. En este contexto, parecía políticamente complicado que Alberto Núñez Feijóo llegara a la sesión con el lastre de tener a uno de los altos cargos mejor pagados de la administración, el presidente de Sogama, Luis Lamas, con la sombra de las malas prácticas sobre sí después de que el Centro Tecnológico Alimentario con sede en Lugo, del que es tesorero, le adjudicara el contrato de asesoría jurídica al bufete de abogados del que es socio. En este contexto, la Xunta lo ha dejado caer.
El contrato de la Fundación CETAL –dependiente del Ministerio de Agricultura–, con el despacho Lucus Lex saltó a la polémica pública esta semana pero se remonta al pasado septiembre, cuando fue adjudicado mediante el procedimiento negociado sin publicidad por “acomodarse a las condiciones (...) establecidas y ser la oferta económicamente más ventajosa”, por algo menos de 18.000 euros. En esta coyuntura, Lamas inicialmente defendió la total legalidad de la actuación, incluso invitando a denunciarlo a quien considerara que había incurrido en irregularidades: “Si es extraño, lo que hay que coger es ir al juzgado y presentar la oportuna querella”, retó, ironizando además, según recogió La Voz de Galicia, con la circunstancia de que se criticara que fuera asociado de este despacho de abogacía pero no del Club Deportivo Lugo o del Club Baloncesto Breogán.
“Si es ilegal, al juzgado”, reiteraba el alto cargo de la Xunta, al mismo tiempo que matizaba que “efectivamente, tengo una parte en un despacho” pero “no ejerzo”, porque “si ejerciera estaría incumpliendo la ley de incompatibilidades”. A ese incumplimiento, precisamente, aludieron poco después los grupos parlamentarios del PSdeG y de AGE para exigir formalmente, a través de José Luis Méndez Romeu y Antón Sánchez, la dimisión de Lamas. El artículo 3.4 de la norma, recordaban, indica que altos cargos como el presidente de Sogama “no podrán poseer la titularidad de participaciones” superiores “al 10% de empresas que tengan conciertos o contratos (...) con el sector público estatal, autonómico o local”.
En este contexto, lo que era resistencia e incluso ironía respecto a una posible dimisión se convirtió en asunción de la realidad cuando horas después, según ha trascendido, fueron técnicos de Función Pública de la Xunta quienes le informaron de que, efectivamente, incurría en una causa de incompatibilidad. A través de un comunicado, Lamas definió lo acontecido como “un error, y en política los errores hay que asumirlos”. Deja la presidencia de Sogama por “dignidad personal y política”, afirma, toda vez que no está “en el día a día de las tareas” del bufete, lo que le “impidió ejercer un control sobre esta cuestión”.Lucus Lex va a renunciar a la gestión de este servicio, asegura, aunque “el proceso de contratación se llevó a cabo respetando la ley”.
Así las cosas, Lamas se despide de Sogama tras seis años en los que, afirma, “di todo para que la compañía” llegara a “prestar el mejor servicio público posible, velando por el bienestar y la calidad de vida de todos los gallegos”. Lo hace, además, después de muchos meses de polémica por la subida del canon que la empresa, participada mayoritariamente por la Xunta, les cobra a los ayuntamientos. Esta polémica fue la que llevó a Lamas, figura de referencia del PP de Lugo durante años, a protagonizar controvertidos excesos verbales en las redes sociales.