El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo mantendrá el control político sobre cada solicitud de eutanasia que se produzca tras la entrada en vigor del nuevo derecho. La ley, aprobada en el Congreso a finales del pasado mes de marzo, deja en manos de las comunidades autónomas la gestión y las normas particulares para su aplicación en el día a día de cada territorio. Las administraciones autonómicas regulan los aspectos particulares sobre los que se pronuncia la normativa general. En esos pequeños espacios es donde la Xunta ha operado para mover sus fichas.
El proyecto de decreto con el que Feijóo quiere ordenar la eutanasia tiene un punto fundamental a la hora de definir la figura del “médico responsable”, encargado de asistir a los que reclaman su derecho a morir. Según los planes del ejecutivo gallego “el médico responsable será designado por la dirección asistencial de cada área sanitaria”. Los pacientes que luchen por acabar con su vida no tienen garantizado que su médico de cabecera, su especialista o el equipo sanitario que le ha acompañado en sus dolencias esté también a su lado durante la burocracia obligada para ejercer su derecho a la eutanasia. Los altos cargos de cada área sanitaria, podrán designar a quien consideren para tutelar el proceso.
Las asociaciones de defensa por el derecho a la eutanasia en Galicia desconfían de las zonas de sombra que se esconden en la regulación de la Xunta. Ascensión Cambrón, de Derecho a Morir Dignamente (DMD), cree que “lo idóneo es que sea el médico de atención primaria que ha tratado al paciente quien le ayude en los trámites para morir”. “Eso garantiza un plus de humanidad que no se puede suplir con un equipo de médicos volantes nombrados por los políticos”, asegura en conversación telefónica con elDiario.es.
Según esta activista de la eutanasia la administración gallega “quiere moralizar” sobre una ley que “no está para entrar en conflictos de valores”. Cambrón recuerda cuáles son los requisitos para acceder al nuevo derecho: “Solo hay que verificar que el solicitante es mayor de edad, empadronado en España desde hace un año y con una dolencia que no tenga ningún tratamiento al margen de los paliativos”.
El proyecto que deja en manos del poder político la designación de los médicos que tramitarán la eutanasia es todavía un borrador que la Xunta ha enviado al Consello Consultivo. Aunque el derecho ya ha entrado en vigor, Galicia aún no ha diseñado las herramientas para garantizar su acceso a la población. Pese a lo anterior, Feijóo se ha mostrado esta semana como el primero de la clase en hacer sus deberes. Tras la reunión de su Gobierno, el barón gallego del PP comparecía este jueves en rueda de prensa para asegurar que “las leyes están para cumplirlas” y anunciar que la eutanasia empezaría a aplicarse en los hospitales gallegos de manera “inmediata”. Ese mismo día Pablo Casado anunciaba recurso ante el Constitucional.
La Xunta aún no ha publicado los nombres del comité que decidirá en caso de discrepancia cuando la petición de eutanasia sea denegada por los facultativos. Esa lista de 12 sanitarios y juristas también será elegida a discreción del poder político y sin posibilidad de que nadie más que la Xunta opine sobre la idoneidad de los perfiles elegidos.
En la esfera política, las dudas también arrecian. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha comparecido este viernes en rueda de prensa para calificar como “inhumano” el recurso del PP contra la ley y reclamar al presidente de la Xunta que aclare si va a “frenar” el desarrollo de la normativa en Galicia.