El fiscal retira la acusación contra el exjefe de seguridad de Adif por el accidente del Alvia y señala solo al maquinista

El fiscal del caso por el accidente del tren Alvia en el que murieron 80 personas en Santiago de Compostela ha cambiado su postura en la fase conclusiones y ha retirado la acusación contra el que era director de seguridad en la circulación del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) cuando se produjo el siniestro, Andrés Cortabitarte. Mantiene, sin embargo, la petición de cuatro años de prisión para el maquinista, Francisco Garzón.

El sus conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público, Mario Piñeiro, pedía cuatro años de cárcel también para Cortabitarte por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. Ahora considera que el ex alto cargo de Adif sí cumplió con las normas: “En su condición de director de seguridad no infringió el deber que ostentaba”. Para el fiscal, su proceder estuvo “de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión” de Adif, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología “basada en normativa europea”. La línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, con un cambio de proyecto que supuso que el sistema de seguridad ERTMS no cubriese el tramo en el que se produjo el accidente, “fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas” y respetando los códigos prácticos de Adif, dijo, antes de añadir que hubo un análisis de riesgos y que estos “se estimaron tolerables”.

El fiscal señaló, al inicio de la fase final del juicio y a un mes del décimo aniversario de la tragedia, que hay otras líneas en las que se circula a 200 km por hora con el sistema Asfa -menos avanzado que el ERTMS- “y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente y posteriormente se identificaron otros 400 puntos en toda la línea de la red general”.

Por el juicio, que empezó en octubre del año pasado, han comparecido ante la jueza, Elena Fernández Currás, los acusados, peritos, testigos y víctimas para narrar lo ocurrido el día del accidente y durante el diseño, evaluación y puesta en marcha de la línea. En la jornada de este martes estuvieron presentes de nuevo tanto Garzón como Cortabitarte. Un grupo de maquinistas acudieron también a la sesión para mostrar su apoyo a su compañero de profesión.

El accidente se produjo el 24 de julio de 2013 en una curva a poca distancia de la estación de Santiago de Compostela. En ese tramo el sistema de seguridad ERTMS -más avanzado para controlar la velocidad- estaba desconectado a bordo porque causaba problemas. El tren iba a casi 200 kilómetros por hora, cuando debería haber reducido a un máximo de 80. El maquinista estaba hablando inmediatamente antes por teléfono con el interventor, que marcó su número para trasladarle una petición para unos viajeros en la parada de Pontedeume, para la que faltaba más de una hora.

Ante la jueza Cortabitarte declaró que, pese a que su cargo era el de director de seguridad en la circulación, él no tenía responsabilidad en “la evaluación ni el análisis de ningún riesgo”. Sí admitió que uno de los documentos que él emitió y que afectaba a la seguridad -aunque no era “el certificado de seguridad de la línea”- era necesario para que los trenes empezasen a circular por la línea.

En el juicio comparecieron expertos y testigos, entre ellos un jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira, quien pocos días después de que empezasen a circular los trenes por esas vías alertó del riesgo que había en la curva de A Grandeira, aunque su aviso no provocó ningún cambio. Después del accidente se instalaron balizas en el tramo y hace solo dos meses Adif inició la puesta en marcha del ERTMS en esos kilómetros finales antes de entrar en la estación de Santiago. Un antiguo responsable de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, criticó en el juicio que Adif y Renfe no evaluasen ni mitigasen el riesgo en esa curva, algo que aseguró que tendrían que haber hecho, según las normas comunitarias.

El resto de las partes mantienen las acusaciones

El cambio en la acusación del fiscal es de relevancia en el proceso. Piñeiro expuso su postura después de la parte de las pruebas documentales, en la que se incorporaron dos nuevas: un informe sobre la participación de Cortabitarte como perito en el juicio por el accidente del metro de Valencia y un vídeo sobre el descarrilamiento presentado por la Abogacía del Estado en representación de Adif al inicio del juicio.

Las otras partes no han cambiado sus conclusiones: las acusaciones particulares, la asociación de perjudicados Apafas y la plataforma de víctimas siguen solicitando cuatro años de cárcel tanto para Cortabitarte como para el maquinista. El abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, incluso elevó a seis la petición de inhabilitación para el exjefe de seguridad de Adif.