La familia Franco cree que el hecho de que la Casa Cornide de A Coruña lleve 62 años en sus manos, después de una operación que terminó con el mueble a nombre de Carmen Polo a precio de ganga, los ha convertido en “propietarios de buena fe” de este palacete del siglo XVIII. Lo han usado en estas seis décadas, dicen, de forma “pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños” sin que el ayuntamiento realizase una reclamación sobre su propiedad. Este -esta inacción en todos estos años- es otro de los puntos que usan en sus alegaciones dentro del proceso iniciado por el Ayuntamiento de A Coruña para intentar anular los acuerdos que, entre finales de los años 50 y principios de los 60, todavía durante la dictadura, pusieron el inmueble en manos de los Franco.
El proceso comenzó en los 50 por la intención del entonces alcalde de A Coruña, Alfonso Molina, de atraer a los Franco a la ciudad. Molina negoció que el edificio pasase de la Dirección General de Patrimonio al Ayuntamiento, que, a cambio, entregaría un terreno en otra zona de la ciudad. La idea inicial de que albergase un conservatorio de música se desechó y cuando, en 1962, fructificó esa permuta, el inmueble pasó poco tiempo en manos municipales: en cuestión de meses se aprobó que fuese subastado. Así se hizo con él Pedro Barrié de la Maza -conde de Fenosa, además de empresario y uno de los activistas de la comisión del Pazo de Meirás- en agosto de ese año. Pagó 305.000 pesetas. En tres días, que fue el tiempo que tardó en vendérselo a Carmen Polo, el precio se había reducido a solo 25.000 pesetas.
Los herederos del dictador señalan ahora, en el escrito de alegaciones contra la revisión de oficio de los acuerdos plenarios del Ayuntamiento en 1962 que cita Europa Press y que adelantó el diario La Opinión, que hace más de medio siglo de esta operación y en este tiempo el Ayuntamiento no ha actuado. “Consciente y voluntariamente ha diferido sus posibilidades de reacción” ante estos acuerdos, insisten. La motivación, razonan, es “un evidente oportunismo político”.
El “transcurso tan exagerado de tiempo” ha permitido, creen, “la adquisición de derechos de buena fe” sobre el inmueble, ya que la familia Franco “ha utilizado la Casa Cornide de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños desde hace más de seis décadas, y como tales han sido tratados por la propia administración municipal desde entonces”.
A mayores, recuerdan un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña con respecto al Pazo de Meirás para alegar que “la mala fe no se traslada a los herederos necesariamente” y para reiterar que la propiedad del inmueble habría sido adquirida “por usucapión o prescripción adquisitiva”. Para la representación de los Franco, no existe en este proceso “ningún perjuicio para el Ayuntamiento” que motive la revisión de oficio de los acuerdos y consideran que el consistorio “realmente lo que pretende es incorporar al patrimonio municipal un inmueble que únicamente estuvo en su poder apenas un mes” y “de forma instrumental” para dar paso a su subasta.
“Nunca fue la intención del ayuntamiento ostentar la propiedad de dicho inmueble, ya que el mismo solo fue permutado para su posterior enajenación mediante subasta”, incluye el escrito. Así, rechazan que la Casa Cornide hubiese sido sede municipal en el siglo XIX y avanzan que pedirán “la prueba correspondiente”. Afirman que nunca tuvo el carácter de propiedad pública que se le atribuye, ya que, “aunque fue inicialmente adquirida por el Estado para ser destinada a la actividad de conservatorio de música, la realidad no discutida es que nunca se destinó a tal fin” ni al de ningún “servicio público”, sino que fue permutada y subastada.
Además, sobre el inmueble actual, la familia Franco señala que no está constituido exclusivamente por el edificio subastado, si no que Carmen Polo, con posterioridad, “adquirió otra parcela contigua a dicho inmueble, que fue anexionada”. Por eso, sostienen que, si “los actuales propietarios perdiesen la propiedad”, el Ayuntamiento “no solo debería indemnizarles por la pérdida de dicha propiedad, si no también de dicha parcela adquirida con posterioridad”. Finalmente, alegan que el proceso de revisión es nulo toda vez que “no se ha emplazado a todos los interesados”, principalmente a los herederos de Pedro Barrié de la Maza, a quienes se debe “conceder trámite de audiencia”.
Los Franco llevan más de un año incumpliendo la obligación de abrir la Casa Cornide a visitas públicas. El inmueble ha sido declarado bien de interés cultural (BIC), lo que implica que los propietarios tienen que abrirlo cuatro veces al mes.