La familia Franco presume del pazo de Meirás en las revistas del corazón. ¡Hola! acaba de publicar una portada donde la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordíu, posa en la entrada de la que había sido residencia de Emilia Pardo-Bazán –posteriormente robada al pueblo de Sada por el franquismo– para “anunciar su ruptura” en una “exclusiva” en la que el medio destaca su entrada “por primera vez” en la “histórica casa familiar”.
No es Martínez-Bordíu el único miembro de la familia del dictador que ocupa en estos días de agosto el pazo sadense, que suele ser utilizado como refugio de vacaciones tanto por su hijo, Luis Alfonso de Borbón, como por su familia y numerosos amigos, que llenan el inmueble durante casi todo el mes. Casi todo el mês, excepto, según se aclara en el teléfono en el que se reserva plaza para las escasas visitas guiadas permitidas, en los últimos cuatro días, coincidiendo con las fechas en las que el clan de los Franco acordó con la Xunta facilitar la entrada del público.
Según el responsable de organizar estas visitas, ya no quedan plazas para el recorrido guiado de esos últimos cuatro días de agosto, aunque advierte de que “pocos espacios se pueden ver ya” del pazo. “Viene más gentuza a estropearlo que a visitarlo”, argumenta quien asegura también que ya no se puede acceder a la planta superior ni a una de las bibliotecas.
Porque a pesar de haber sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tras determinarse su apertura al público hace ya tres años, la familia Franco siempre puso trabas a cumplir con la ley que la obliga a abrir el inmueble cuando menos cuatro días al mes. Fue hace trece meses cuando los herederos del dictador facilitaron un calendario de visitas, después de reclamarle a la Xunta que sufragara los gastos de seguridad, como así hizo durante mucho tiempo, y de organización. Pero el Gobierno de Núñez Feijóo, que en un principio parecía dispuesto, dijo “no tener intención” de pagarles la seguridad.
Antes, y desde que el pazo fue declarado BIC, los convenios no solo se limitaron a “regular las condiciones para el desarrollo de las visitas”, tal y como afirmaba la Xunta. Además de esto, tres acuerdos entre el Gobierno gallego y la familia del dictador tuvieron un impacto de más de 50.000 euros en las arcas públicas. El primero de estos convenios, firmado para poner en marcha las visitas a las que obligaba la declaración del pazo como BIC que había promovido el bipartito, implicó un gasto de 9.513 euros para pagar un servicio de seguridad privada aunque, admitía entonces la propia Xunta, la Ley de Patrimonio Cultural no “obligaba” a hacer tal aportación económica.
En agosto de 2011 Cultura pactaba con los Franco una addenda al convenio inicial que implicaba sumar 23.000 euros para esa misma finalidad. Como informó este diario, en la primavera de 2012 salía a la luz un tercer acuerdo, en esta ocasión por importe de 21.200 euros, por lo que la Xunta seguía asumiendo los gastos derivados de la seguridad y de los guías de las visitas. En total, por lo tanto, el gasto ascendió a 53.713 euros que salieron del erario público y no del bolsillo de los Franco.
Manuel Monge, miembro y ex presidente de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), asegura que el pazo, a pesar de la presión ciudadana y de las peticiones para que se convirtiera en un espacio “de memoria y paz” para el pueblo, “sigue estando totalmente controlado por la familia Franco”. Además, se queja de las gestiones de las visitas, que, según aclara y contradiciendo la información que se proporiona desde el teléfono de reservas, “son escasas y están casi paralizadas”. “Incluso la hostelería de la zona se queja porque lo que podía ser una fuente de ingresos por la llegada de visitantes, no lo es”, asegura.
No obstante, Monge va más allá y vuelve a censurar la ostentación y vanidad con que la familia Franco presume de unas propiedades “conseguidas a través de la expropiación de fincas o del robo de las nóminas de los trabajadores”. “Se sigue sin romper con el franquismo porque ni los gobiernos del PP ni los del PSOE fueron capaces de acabar con esto. En ningún país europeo se podría dar esta situación: imaginemos a los herederos de Mussolini o de Hitler presumiendo de casas o pazos en las portadas de las revistas”, explica quien recuerda que el pazo de Cornide, en la ciudad de A Coruña, está en una situación similar y también es empleado por la familia del dictador para pasar estancias veraniegas. “Es un claro incumplimiento del espíritu de la Ley de Memoria Histórica”, insiste.