Aún no es oficial, pero el mero anuncio de que el departamento de la Competencia de la UE le va a proponer al Colegio de Comisarios la devolución del dinero del tax lease, las bonificaciones fiscales del naval, ha desatado la ira en el sector y la contrariedad en las fuerzas políticas gallegas que, cada una desde su óptica, cargan contra el comisario Joaquín Almunia y reclaman una reconsideración de la decisión. En lo que concuerdan todas las organizaciones sindicales, empresariales y políticas es en que la devolución de unos 2.800 millones de euros, con independencia de que les afecte a las casas armadoras o directamente a los astilleros, supone el tiro de gracia para la construcción de barcos en Galicia, así como en Asturias y Euskadi. De ahí las apelaciones a un frente común.
Después de que los trabajadores del sector se echaran a las calles de Vigo a las pocas horas de conocer la propuesta formal de Almunia, al comisario comenzaron a lloverle las críticas, las más sorprendentes desde el PSdeG. Así, después de que en la sesión de control del pasado miércoles el líder de los socialistas gallegos advirtiera de que, aunque el titular de Competencia pertenencia al PSOE, el Colegio de Comisarios tiene una aplastante mayoría conservadora, este viernes Pachi Vázquez consideró “preferible que Almunia dimita antes de traicionar los intereses estratégicos de Galicia, Asturias, Euskadi y España”. “No se puede defender Europa contra Galicia” ni “crear un nuevo modelo de país llevándose por delante sectores estratégicos”, dice Vázquez, para quien su compañero de partido defiende una “postura insostenible”.
“No puede ser, y menos un socialista, quien ponga encima de la mesa una propuesta que lesiona grave e irreversiblemente los intereses del sector naval en nuestro país”, añade el secretario general del PSdeG, quien propone además la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento “con el punto único de instar a los gobiernos central y autonómico y al Colegio de Comisarios a que no adopten ninguna resolución que destruya con carácter irreversible el naval de Galicia”.
Quien también cree que Almunia debe tomar la puerta de salida es AGE, que en un comunicado considera que la propuesta del comisario, de realizarse, sería “una decisión ilegítima tomada de espaldas a los intereses generales de la ciudadanía y de una manera burocrática”, más aún, “por personas sin legitimidad democrática”. En este sentido, Alternativa censura también la “maniobra de distracción de la Comisión en la que se trata de escudar Joaquín Almunia, diciendo que no serán los armadores sino las navieras y financiadoras las que tengan que devolver el dinero”. “No es más que una tomadura de pelo” que desembocaría, de igual manera, en el “cierre de 19 astilleros y en la destrucción de unos 80.000 puestos de trabajo”.
Como los socialistas, también el BNG reclama la convocatoria urgente de un pleno extraordinario de la Cámara para abordar la decisión del tax lease. Pero, además, la portavoz del Bloque en materia industrial, Carme Adán, asegura que la formación frentista tiene la “voluntad” de “acampar ante el Parlamento europeo” para protestar contra la decisión. Si Feijóo está “tan indignado” con la postura de Almunia, dice, el presidente gallego debería ser quien “encabezara la acampada, acompañado de los setenta y cinco diputados y diputadas de la Cámara gallega”. “Galicia no está dispuesta a consentir la destrucción del sector naval”, advierte Adán, que apela a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones del sector al tiempo que se muestra convencida de que “la UE es la ruina del pueblo gallego”.
Mientras los grupos de la oposición apelan, en mayor o menor medida, a la constitución de un frente común, desde el PP su portavoz, Paula Prado, pone el acento en la militancia de Almunia. Así, la conservadora señala que “quedan diecinueve días para que la catástrofe anunciada se pueda corregir en un despacho de la Comisión Europea” y, mientras “por el lado de los populares gallegos y por la del Gobierno de España no va a quedar”, quien “tiene la llave en este asunto es un socialista”. En esta línea, cree que el PSdeG le tiene “más lealtad a quién fue su jefe de filas antes de Zapatero” que “a los 14.000 gallegos que hoy trabajan en el sector y mañana no lo harán de seguir adelante el plan avanzado” por el comisario, a quien ve “dispuesto a ejercer el poder de elevar en un 5% la tasa de paro de Galicia”. A la propuesta de Almunia sólo le queda un paso, recibir el visto bueno de toda la comisión, donde se sientan 20 comisarios conservadores y 7 socialistas.
En busca de un plan único entre Galicia, Asturias y Euskadi
Mientras las fuerzas políticas gallegas claman contra la propuesta de Almunia, desde los gobiernos autonómicos más afectados por la devolución del tax lease ya se está buscando una postura común. El primero en avanzarla fue el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que en una entrevista radiofónica avanzaba que su gobierno está “en conversaciones con los gobiernos de Galicia y Asturias con el objetivo de presentar ante el Gobierno español y poder trabajar en el seno de la UE un plan de viabilidad de los astilleros”. Sin centrar su crítica en la figura de Almunia, Urkullu lamenta la “insensibilidad de la UE”, ya que no puede decir que apoya el empleo y, al tiempo “matar un sector como lo de los astilleros”.
Desde Galicia el consejero de Industria, Francisco Conde, admite también que la Xutnta intenta trabajar “con el resto de comunidades afectadas” para poder desarrollar todas las medidas de presión necesarias. Para Conde a solución avanzada “ni es igualitaria, ni proporcionada ni justa”, ya que “los astilleros compitieron en la ley” y, por lo tanto, no deberían tener que afrontar devolución alguna. “Es una responsabilidad del comisario Almunia buscar una solución igualitaria y proporcionada”, dice el consejero, quien recuerda que “en circunstancias semejantes” Francia obtuvo “una resolución totalmente distinta”.